Valle de México, 7 de junio de 2022.- La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) Myrna Araceli García Morón informó que con el objetivo de garantizar como derecho humano una buena administración pública, el organismo a su cargo propuso a los legisladores del Congreso local para que ellos, en el ejercicio de su soberanía, puedan considerar importante regularlo en sede constitucional, de tal manera que se garantice que las autoridades caminen con el interés general en beneficio de los mexiquenses.

En entrevista tras la firma de un convenio de colaboración con las autoridades de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, la ombusdwoman señaló que el organismo que preside ha insistido en la necesidad de que se legisle en el Estado de México el derecho humano a una buena administración pública, que está vigente en la ciudad de México.   

“Nosotros hemos hecho una serie de ejercicios, y el próximo 15 de junio viene el mejor exponente que hay a nivel internacional sobre el tema del derecho humano a la buena administración pública, que es el maestro Jaime Rodríguez Arana, con quien hemos trabajado, así como con el Instituto de Investigación en Derechos Humanos”, destacó García Morón.  

Sostuvo que la Codhem ha trabajado ya una propuesta legislativa para los diputados del Estado de México, para que en el ejercicio de su soberanía  puedan considerar que es importante que este derecho se regule en sede constitucional, “para que nosotros podamos de mejor manera garantizar que cada una de las autoridades pueda, sin lugar a dudas, siempre caminar con el interés general en beneficio de la ciudadanía”. 

Sobre este tema en específico explicó que los derechos humanos son universales, y por lo mismo la garantía de su cumplimiento y efectividad tendría que ser la misma, aunque aclaró que no en todas las entidades y municipios las regulaciones permiten tener la misma protección, como en el caso de la Ciudad de México y el Estado de México.

Expuso que hay un derecho humano en el que han insistido en la Codhem, que es el derecho humano a la buena administración pública, de corte europeo, que desde hace 22 años está regulado en la carta europea de derechos humanos; “a nivel nacional sólo fue el propio cambio de la naturaleza jurídica de la Ciudad de México, que cuando emitieron su nueva constitución lo retomaron, entonces ellos tienen el derecho humano a la buena administración pública de manera constitucional, y en el Estado de México no lo tenemos”. 

Consultada sobre otros ejemplos que ponen en desventaja en materia de derechos humanos a los ciudadanos de estas entidades, resaltó que en materia de regulaciones hay una figura que se llama el “principio de confianza legítima” que está muy bien asentado en la Ciudad de México, y que es como una garantía instrumental para cuando los habitantes tienen que exigir algún derecho.

“Voy a poner un ejemplo: hay dos figuras muy semejantes en el ámbito administrativo que son la acción popular y la acción pública, sólo que la acción pública de la Ciudad de México tiene mayores elementos y más ámbito que la acción popular del Estado de México; una acción popular es cuando de 1 a 10 vecinos pueden ejercer un derecho colectivo y pueden pedirle a una instancia que les de una revisión o que incluso pueda reconsiderar una acción administrativa y lo pueden hacer en varias materias, pero en el Estado de México está restringida en obra pública, pero no a desarrollo urbano”, dijo.

Destacó que esta distinción, que sí se tiene en la Ciudad de México, ha permitido que a través de la justicia administrativa y los entes administrativos se puedan reconsiderar decisiones, “recuerden ustedes que en la Ciudad de México esta regulación del derecho humano a la buena administración pública llevó a que su Tribunal de Justicia administrativa cuente con una sala especialista en el derecho humano a la buena administración pública”

Añadió que esto derivó en algo que para los ciudadanos a veces es inconcebible, “que cuando ya vemos esas obras monumentales que ya están construidas, pero se revisa el expediente hacia atrás y se ve la regulación en el uso de suelo, en los permisos y en toda la serie de impactos, pues resulta que cuando los ciudadanos llegaron a vivir ahí la vocación del suelo era otra, y de pronto una decisión administrativa las cambia por completo”:

Por ello, remarcó que se necesita el concierto de la participación de los ciudadanos en todas estas decisiones, pues lo que permite que se puedan ensanchar derechos es que éstos se regulen, que se conciban.

“Por ejemplo en la Ciudad de México tienen la acción popular, la distinción de una calle permite que los ciudadanos de la CDMX puedan ejercitar su acción pública, y aquí en el Estado de México se llama acción popular pero es un poco más restringida”, comentó. 

“Cuando hablamos de derechos en su goce o su disfrute, la característica es que son universales, pero depende mucho de la regulación que hagan, aunque en la letra nos diga que estamos obligados a reconocerles de la misma manera a todos, pero si no hay una regulación expresa no tienes posibilidad de exigir”, concluyó.