***Comisión de Educación del Congreso local anuncia nueva agenda de trabajo para armonizar ley educativa estatal con la federal
***Habrá 15 foros de consulta a pueblos originarios y personas con discapacidad: Abraham Saroné Campos
Toluca, Méx., a 09 de junio de 2022. El presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en la LXI Legislatura, Abraham Saroné Campos, advirtió que durante los encuentros preconsultivos a la realización de foros de consulta para armonizar la Ley de Educación estatal con la federal, la principal denuncia de los pueblos originarios fue la falta de docentes de educación indígena, lo que pone en riesgo la preservación de las lenguas indígenas en el Estado de México.
“No hay docentes de educación indígena suficientes para poder coadyudar con la preservación de la lengua materna de los cinco pueblos originarios: Mazahua, Otomí, Tlahuica, Matlazinca y Náhuatl”, resaltó el legislador.
Entrevistado luego del término de la reunión de trabajo de la Comisión que preside, informó que aunque la Constitución establece que el estado debe apoyar la educación básica bilingüe, en la realidad no se traduce en una política pública de la autoridad educativa estatal y se tiene que cumplir con esta obligación.
“Los docentes indígenas solo están en el sistema federal, pero no así en el catálogo de plazas del sistema educativo estatal; tenemos que revisar cómo ampliar esa cobertura para responder a la petición de los pueblos originarios, de que hay un desencanto y una molestia porque no hay apoyo para preservar sus lenguas y los únicos esfuerzos que se tienen es lo que puede hacer la organización de cada pueblo originario a través de cada jefe supremo, y de los representantes indígenas”,refirió.
El legislador morenista, quien es docente de profesión, explicó que en algunos casos hay uno o dos profesores en escuelas de pueblos originarios, pero no hay continuidad ni suficiente personal para garantizarlo y se pierde totalmente en el nivel secundaria.
Respecto de la Educación Inclusiva, Abraham Saroné expuso que pese a los esfuerzos que se realizan desde el DIFEM y los DIF municipales y el Instituto Mexiquense para la discapacidad, no se garantiza la educación especial, no obstante que ha aumentado significativamente el porcentaje poblacional de este sector, que hoy representa el 16.4 por ciento y que significan al menos 2.8 millones de habitantes que tienen alguna discapacidad.
En este sentido, durante los foros con este sector el principal señalamiento fue que hay una total exclusión laboral, y no hay ni siquiera mecanismos para atender a una persona sordomuda, pues de manera natural no se considera en las políticas públicas.
Adicionalmente, el representante popular destacó que hay un gran reto porque se generaliza a las personas con discapacidad cuando hay categorías específicas, que deben atenderse para encausar de mejor forma los diversos planteamientos en la agenda legislativa.
El presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología expuso que se realizarán 15 foros regionales de educación con pueblos originarios, afromexicanos y personas con discapacidad en Almoloya de Juárez, Villa Victoria, Acambay, Temoaya, San Felipe del Progreso, Texcoco, Ocuilan, Temascaltepec y Tenango del Valle para dar a conocer la convocatoria y presenten posteriormente sus planteamientos en materia de educación indígena y educación inclusiva.
Durante la comisión legislativa, el diputado Valentín González Bautista sugirió hacer extensiva la invitación a los foros a los grupos representativos de lenguas mixteca o zapoteca que existen en municipios del Valle de México como Nezahualcóyotl, para considerar sus aportaciones en la ley estatal.
En su intervención, la diputada Rosario Elizalde destacó que para reformar alguna ley es fundamental consultar a las personas que resultarán beneficiadas con las nuevas disposiciones.
“Para respetar y garantizar los derechos indígenas sin obstáculos y sin discriminación, tomemos en cuenta todas las sugerencias que se han dado, sin que nadie se quede molesto o con las ganas de haber participado, y actuar de buena fe, como lo ha indicado la Suprema Corte”.