Valle de México, a 22 de junio del 2022.- El gobierno del Estado de México se ubicó en la lista de las 19 entidades que durante el año 2020 realizaron contrataciones mediante el método de licitación pública nacional por más del 50 por ciento de los montos asociados a ese rubro, en tanto que los municipios mexiquenses lo hicieron con adjudicaciones directas en 35 por ciento y 38 por ciento por “otro”.

El INEGI dio a conocer las estadísticas a propósito del “Día de la Administración Pública (23 de junio), donde no obstante estableció que en términos generales, en el año mencionado, 80.0 por ciento del total de las contrataciones públicas estatales y 74.4 por ciento de las municipales fueron por adjudicación directa. 

Lo anterior “incluye tanto contrataciones por adquisiciones, arrendamientos y servicios, como contrataciones de obra pública y servicios relacionados con las mismas”, aclaró el instituto.

Hay que mencionar que en el estudio, el instituto no hizo referencia a las contrataciones realizadas por el gobierno federal, uno de los temas que mayores observaciones se han realizado tanto en medios informativos como en agrupaciones sociales y empresariales.

INEGI remarcó que en cuanto a contrataciones, “el artículo 134 constitucional establece que los recursos económicos de los cuales dispongan la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Para ello, los gobiernos disponen de diversos mecanismos de contratación para adquirir servicios, insumos, equipamiento, entre otros bienes, así como para otorgar contratos para realizar obra pública”.

Por ello, “las mejores prácticas internacionales reconocen que las licitaciones públicas abiertas, con criterios previamente establecidos, contribuyen al buen uso del gasto y a contrarrestar el desvío de recursos”.

En tales condiciones,  sólo 8.9 por ciento y 4.1 por ciento de los contratos asignados por estados y municipios se realizaron mediante el método de licitación pública nacional o internacional, respectivamente.

“El resto de los contratos se dieron por invitación restringida a cuando menos tres personas, o bien, por otro tipo de contratos en los que no se especificó la modalidad”, remarcó el reporte. 

El instituto menciono que en cuanto a los montos asociados por tipo de contratación, los municipios de Chiapas destinaron 88.3 por ciento de los recursos por adjudicación directa, mientras que los municipios de Yucatán, Nuevo León y Quintana Roo adjudicaron más de 60.0 por ciento de los montos por licitación pública nacional. 

“En general, se observa que, a diferencia de las administraciones municipales, las administraciones públicas estatales asignaron mayores montos mediante licitaciones públicas, pues 19 entidades ejercieron más del 50.0 por ciento de los recursos por medio de esta modalidad, con excepción de Veracruz, Chiapas, Ciudad de México y Nayarit que ejercieron más de la mitad de los recursos de contrataciones por adjudicaciones directas”. 

Ejercicio de los recursos

Por otra lado, INEGI informó que en el 2020, una tercera parte del presupuesto que ejercieron las entidades federativas se destinó al rubro de gasto por concepto de sueldos y salarios del personal (Capítulo 1000), y que este representó una quinta parte del ejercido por la federación y 37.0  por ciento del presupuesto ejercido en el ámbito municipal. 

En el rubro de transferencias (Capítulo 4000), la administración pública estatal y la federal fueron las que ejercieron mayor gasto, con 37.3  por ciento y 45.6 por ciento del presupuesto ejercido, respectivamente. Estas transferencias incluyen asignaciones directas o indirectas a los sectores público, privado y externo, organismos y empresas paraestatales. 

El rubro de inversión pública (Capítulo 6000 —partida para obra pública e infraestructura como construcción de calles, carreteras, puentes, presas, inmuebles, entre otros—) fue el segundo capítulo de gasto más alto a nivel municipal, mientras que los gobiernos estatales y federal destinaron 4.9 % por ciento y 8.0  por ciento a esta partida, respectivamente.