Por Jesús Delgado Guerrero

Gobiernos estatales y municipales parecen “condenados” a “estirar la mano” por tiempo indefinido. Al menos eso es lo que desprende de una revisión, incluso somera, del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el año próximo.

En un principio gobernadores anti “cuarta transformación” -cualquier cosa que esto signifique en materia fiscal- se aliaron para demandar más recursos, sobre todo para hacer frente a la pandemia generada por el Covid-19. 

Los gritos de “justicia fiscal”, “un mejor trato”, entre otros, rápidamente se escurrieron en un escandaloso silencio, particularmente cuando el gobierno federal esa abrió la llave modificando la Ley de Disciplina Fiscal para que pudieran contratar créditos para atender la emergencia sanitaria.

Rápidamente los mártires del sistema fiscal se dieron cuenta que no son lo mismo gritos y sombrerazos, incluso para aparecer como paladines del (neo) liberalismo, que responsabilizarse frente a la ciudadanía de acciones financieras que, obviamente, impactan los bolsillos de los gobernados, finalmente los paganos.

El caso es que ya con cierta mejoría en la economía, vacilante y todo, para el año próximo año se presentó un PPEF que en vez de buscar transformar el paternalismo fiscal, estimula nuevamente la “pereza fiscal” en gobiernos estatales y municipales.

Según diversos estudios, este concepto de la “pereza fiscal” encierra una fuerza vital que los gobernantes, tanto estatales como locales, no están dispuestos a perder, aunque aleguen, cada vez que pueden, que reciben un trato injusto y casi miserable.

La razón principal, pero no la única, es que tal holgazanería recaudatoria conlleva no perder clientela en los próximos comicios. Es preferible crear “mini paraísos fiscales” y plantar cara a la Secretaría de hacienda antes que perder votos.

La dependencia de los estados a los recursos federales ronda más del 88 por ciento de los presupuestos (12 por ciento, a lo mucho, son recaudaciones propias,) y el caso de los municipios no es mejor pues, además, éstos sólo aportan a nivel nacional 0.2 por ciento del PIB por impuesto predial (a nivel internacional la cifra es de al menos 2 por ciento).

Cobro de derechos, servicios como el agua, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras sólo están en la ley como figuras rimbombantes pues casi todos los recursos provienen del gobierno federal que, como ya se vio en este y otros paquetes, tampoco ha querido hacer efectiva la multicitada “transformación”, sino continuar, con pinceladas recaudatorias no desdeñables y a su manera. con el gran “paraíso fiscal” en que ha convertido en país.

Para procurar ciertos ángulos, en próxima entrega tendrá que figurar en el famoso “Corsario Beige”, del extinto y bien recordado Renato Leduc, pues ciertamente muchos ciudadanos y empresarios quieren aportar, pero enseguida se percatan de la legión de “corsarios beiges” que produce la hacienda pública.