Por Jesús Delgado Guerrero

El gobierno federal, vía Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entregó al Congreso de la Unión el Paquete Económico 2023 que, además de dar un saltó espectacular al pasar de poco más 7 billones de pesos en el 2022 a más de 8 billones 257 mil pesos el año próximo, en teoría fue diseñado “para garantizar que la deuda como porcentaje del PIB se mantenga en un nivel estable y sostenible”, según la dependencia.

Pero en el mismo documento se anticipa un déficit presupuestario de Un billón 134 mil 140 millones de pesos para el próximo año.

¿Qué diablos significa esto?, ¿es una contradicción? Bueno, de entrada, es sabido que todo “déficit presupuestario o público” sólo puede ser financiado mediante la contratación de deuda, (de la misma manera que un “déficit en cuenta corriente” -saldo negativo de exportaciones e importaciones- se equilibra mediante inversión extranjera, ya sea directa o financiera con bonos, cetes y títulos de gobierno).

Además de estos vericuetos técnicamente ampulosos de las finanzas, lo anterior significa también (y esto es lo importante), que el gobierno federal, y en específico el presidente Andrés Manuel López Obrador, determinó , más voluntariamente a fuerzas que por gusto, que es hora de romper abiertamente con camisas de fuerza auto impuestas y que es bueno ser austero y republicano, pero esto no significa que ante un entorno calamitoso como el actual (inflación, altas tasas de interés y, en suma, crisis económica y financiera derivada de la pandemia Covid-19 etc.), se pueda hacer de equilibrista sin una red protectora. Se puede hasta cierto grado, como ha quedado claro, pero no por mucho tiempo.

Sin embargo estos temas siempre levantan polvo, principalmente entre los malquerientes de la autodenominada Cuarta Transformación: si no recurre a deudas, mal, y si recurre a ellas, también, ahora con desplantes del tipo ¡se va a endeudar más al país!, ¡esto nos va a a llevar al abismo!… ¡pobre México!, y… total, el Apocalipsis generado desde palacio nacional, como sucedió cuando no se contrató deuda.

Pero antes que estas cuchufletas de contentillo habría que poner en la mesa la situación: primero, para nadie es un secreto que el espacio fiscal (el gasto total del gobierno en servicios y obras, infraestructura, educación, carreteras, escuelas etc.,), se ha venido reduciendo en forma dramática en los últimos años (poco más de 2 por ciento del PIB), gracias al pago de pensiones y a los abultados servicios de la deuda que históricamente se han venido solventando.

Y segundo, que la Cuarta transformación ha resultado muy conservadora  en materia fiscal, por eso hay que sumar que el gobierno federal está decidido a no entregarle a fondo a cobrarles más impuestos al “1 por ciento” (que debería), ni a crear ni aumentar los que ya están.

Entonces de algún lado se debe financiar el gasto público, obras y programas sociales incluidos, y en tales condiciones no queda otra que, por un lado, continuar cobrando lo que corresponde a los que habían gozado de privilegios excepcionales en otros sexenios, seguir metiendo fuerte el brazo, y por otro recurrir al vilipendiado “apalancamiento” (deuda) para impulsar tanto el desarrollo de la economía en su conjunto como el de las personas, mediante acciones y programas.

Lo observable del endeudamiento anunciado es que también va a servir para pagar deuda contratada con anterioridad (y cuyo destino poco se sabe), y esto se debe principalmente a que ante la inflación, las tasas de interés se han elevado y esto ha generado como consecuencia que las deudas se incrementen, entre ellas la del gobierno, y esto va a requerir más fondos.

Pero en el caso del espacio fiscal como el de los pasivos históricos, no queda otro instrumento que el crédito, faltando ver si el crecimiento de la economía, que la SHCP estimó en un rango de entre 1.2 por ciento a 3 por ciento por ciento, no resulta menor y entonces va a ser difícil garantizar que la deuda, como porcentaje del PIB, se mantenga en un nivel estable y sostenible, cualquier cosa que esto signifique pues el final lo que se debe ver es la efectividad en su distribución.

Este es el asunto relevante: la deuda tendría que monitorearse y ver para dónde va y cómo (ninguna familia medianamente razonable se endeudaría para cubrir francachelas, sino para obtener bienes, y quizás para hacer frente a alguna emergencia, de esas que nunca faltan y alteran el presupuesto, como sin duda es el caso), y no andar con remilgos cuando la necesidad aprieta.

Aquí sólo cabe decir que una cosa es conducirse con austeridad en el gasto, que incluye nómina y operatividad del aparato burocrático, y otra cosa son recortes al gasto, una de las acciones más criminales de etapas que deben ser superadas y que se utilizaron a rajatabla contra la sociedad para no pasar como derrochador, aunque en los hechos así sucediera.