***Reglas de operación y convocatorias de los programas sociales deberán regirse bajo la obligatoriedad de máxima publicidad: Isaac Montoya

***Denunció que gobierno estatal ha utilizado los programas sociales como maquinaria electoral y clientelar, instrumentos en beneficio de servidores públicos

***Inobservancia traería sanciones y procesos administrativos

Valle de México, a 20 de octubre de 2022. Al denunciar que el gobierno estatal ha utilizado los programas sociales como maquinaria electoral y clientelar, ejemplo de ello el programa “Salario Rosa” en sus diversas vertientes, lejos de ser un motor que impulse el desarrollo social y el bienestar de los habitantes del Estado de México, ha fracasado en su intento por mejorar las condiciones de vida de la población, el diputado local de Morena, Isaac Montoya Márquez, propuso reglamentar los programas sociales en pro de la homologación y obligatoriedad en lo relativo a la difusión de los mismos.

El diputado de Naucalpan, del grupo parlamentario de Morena, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; de la Ley de Desarrollo Social del Estado de México y de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, en materia de Desarrollo Social, con el objetivo de regular la expedición de lineamientos y convocatorias de los programas sociales.

En el pleno, refirió que lo que se pretende es dar un paso determinante hacia la homologación en lo relativo a la difusión de los programas sociales, paso que habrá de dar certeza a las y los mexiquenses y de obligar a cada dependencia que ejecute un programa al realizar como mínimo la difusión de sus convocatorias en un período y medio específico, siendo este el periódico oficial correspondiente.

Reiteró que la iniciativa representa la adición de un criterio mínimo que, de ser dictaminada de manera oportuna y en sentido positivo, se convertirá en una obligatoriedad, pero que debe de ser fortalecida a través de diversas acciones de cada una de las autoridades que ejecuten los programas con la finalidad de promover la máxima publicidad de las convocatorias.

Comentó que la inobservancia de lo anterior traería consigo sanciones para las personas servidoras públicas a cargo de la política social, “por lo que la presente iniciativa significa también evitar la impunidad en el caso de omisiones pues la población exige que sus autoridades actúen bajo los principios de imparcialidad transparencia, eficiencia, eficacia, pero sobre todo con honradez y que en caso de no hacerlo sean sujetos a los procedimientos administrativos correspondientes”.

Explicó que la iniciativa busca generar las condiciones normativas con la intención de que los programas en materia de desarrollo social sean accesibles para la población que más lo requiere, evitando su uso electoral y clientelar. 

Con las modificaciones propuestas se plantea que las reglas de operación de los programas sociales, pero sobre todo las convocatorias para su acceso deberán regirse bajo el principio de máxima publicidad, además se determina quienes serán las personas servidoras publicas responsables de su difusión y las sanciones en que estas pueden incurrir al no acatar los preceptos establecidos en la ley.

Expresó que el gobierno estatal ha tenido un avance marginal para generar un estado de bienestar, con base en la estadística elaborada por el INEGI, en materia de bienestar social la entidad desde 2012 observa la prevalencia de población en condiciones de pobreza y de que los programas sociales, específicamente los que están a cargo de la secretaría de Desarrollo Social han sido insuficientes y peor aún, son medios para perpetuar las condiciones de desigualdad en perjuicio de las y los mexiquenses más vulnerables.

El diputado de la 4T agregó que los programas terminan siendo instrumentos de control de una maquinaria de corte electoral que se ha ido perfeccionando a lo largo de cada gobierno en el Estado de México, y lucra con las y los beneficiarios más allá de promover su bienestar o la erradicación de la pobreza.  

Narró que de acuerdo con los testimonios que escucha en las comunidades “y que no sólo nuestro partido denunció”, versan sobre el uso clientelar de los programas sociales y muchas de las veces la opacidad que impera en la implementación de los mismos, pues no hay pleno conocimiento de cómo acceder a los programas.

Asumiendo su responsabilidad como representante popular y con ánimos de construir recordó: “se vio aquí en este recinto por diversos diputados en la pasada sesión, que llevó a votar en contra de instrumentos que tienen como único fin el beneficiar a quienes representamos, exhortando a los diferentes órdenes de gobierno para que trabajen de forma coordinada en la implementación de estrategias que impacten en la seguridad de las y los mexiquenses y que fue votado en contra por las bancadas del PRI y el PAN”.

Agregó que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala que tiene la obligatoriedad de mantener en disposición del público y constantemente actualizada en los respectivos medios electrónicos lo relativo a la información de los programas de subsidios estímulos y apoyos, entre los que deben estar los requisitos y procedimientos de acceso.

Documentó que de acuerdo a los diagnósticos de diversas instancias en la materia, los programas sociales estatales no están homologados, “no hay suficiente difusión, por ello el contenido actual de la Ley en materia de Desarrollo Social y la forma en qué se reglamentan los diversos programas sociales tiene prevista la figura de las convocatorias en las reglas de operación de cada uno de los programas, cabe señalar que el contenido de estas reglas es susceptible de modificación de manera anual y a través de la instancia ejecutora”.

“Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie, dar este paso es fortalecer el acceso a la información pública, es trabajar para que los programas sociales no sean herramientas de coacción sobre las y los beneficiarios y poner a disposición de las personas mexiquenses más y mejores herramientas normativas para dar seguimiento a la implementación de las políticas públicas puestas en marcha por los poderes ejecutivos”, concluyó.