Por Jesús Delgado Guerrero

A falta de una necesaria revolución fiscal (cobrar más impuestos a grupos privilegiados como el “1 por ciento”, que concentra la riqueza nacional), el gobierno de la Cuarta Transformación ha estado viendo cómo se reduce cada vez más su margen de maniobra para hacer frente a las necesidades de la sociedad.

El hecho es que se ha llegado a un punto en el que el espacio fiscal, esto es, la disposición de recursos para llevar a cabo políticas públicas (servicios para la sociedad como escuelas, hospitales, carreteras, entre otros), es ya mucho menor de lo que se va a destinar al pago de la deuda.

En efecto, el espacio fiscal para el 2023 será de aproximadamente 627 mil 437 millones 200 mil pesos (el 2 por ciento del PIB), una reducción de menos 1.5 por ciento respecto de lo proyectado para el 2022 (636 mil 934 millones 200 mil pesos), y de los cuales hay que descontar los más de 300 mil millones para proyectos prioritarios (Tren Maya, etcétera).

Mientras, al pago de la deuda se están proyectando Un billón 121 mil 120 millones 200 mil pesos (3.6 del PIB), una diferencia de más de 500 mil millones de pesos en relación con el espacio fiscal.

Para darse una idea, el espacio fiscal en el 2016 fue de 6.6 por ciento, luego en el 2017 de 5.3 por ciento y en 2018 de 4.2 por ciento, todo en relación con el PIB.

Del pago de la deuda la oposición no ha dicho nada relevante porque saldría con una enorme cola, y sólo se ha limitado a denunciar ruidosamente que, faltando a su promesa, el gobierno se va a endeudar por más de un billón de pesos.

Por supuesto, tampoco se menciona que el gobierno federal está obligado a contratar más deuda justo para hacer frente a los pasivos que se han venido acrecentado debido, entre otras cosas, a las altas tasas de interés que se han venido aplicando para tratar de contener el fenómeno inflacionario.

Así, de más de 8.3 billones de presupuesto, el gobierno tiene ya comprometidos 6.5 billones, de los cuales sobresalió el incremento al pago de la deuda hasta en 30 por ciento respecto del 2022, cuando se presupuestaron 862 mil 273 millones 600 mil pesos.

El gobierno federal apuesta a que los ingresos presupuestarios registren un incremento real de al menos 10 por ciento, pero el caso es que los gastos comprometidos, esos que no se pueden “eliminar” (la deuda, las pensiones, las participaciones y aportaciones a estados y municipios…) aumentarán más de 11 por ciento, según el documento que se ha estado discutiendo en el Poder Legislativo.

En términos simples, las presiones fiscales del autodenominado gobierno de la Cuarta Transformación han ido en aumento y si bien ha estado endureciendo el cobro de impuestos a las grandes firmas luego de eliminar discrecionalidades presidenciales, los números son claros y serían motivo para diseñar y aplicar una modificación profunda en materia tributaria.

No se trata de necedades al calor de radicalismos ideológicos, como se ha sugerido, sino de necesidades palpables.

¿Cuánto puede aguantar un gobierno conservando el status quo fiscal como hasta ahora? Es imposible saberlo.

Lo que es un hecho es que no se puede dejar de lado por mucho tiempo la generación de infraestructura y el equipamiento correspondiente en ámbitos de gran relevancia como la salud, donde todo el sistema está hecho poco menos que un desastre (sin personal, medicinas suficientes y sin atención oportuna) ni en la educación, menos en cuestiones de seguridad.

¿Se puede hacer algo con la deuda? ¿Igual con las pensiones y demás gastos ineludibles? No. Pero lo que sí se puede hacer es dar un viraje en el ámbito tributario para aligerar la carga y comenzar a revertir el achicamiento gradual pero consistente del espacio fiscal de los últimos años.