*Los plaguicidas de alta peligrosidad provocan hasta 300 mil muertes al año en todo el mundo: Max Correa Hernández (diputado Morena)

***A la propuesta presentada por el grupo parlamentario de Morena, se le sumaron los diputados del PVEM

Valle de México.- A propuesta del diputado Max Correa Hernández, el Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad realizar un exhorto al Senado de la República para que durante el análisis y discusión que se realizará el próximo lunes 14 de noviembre, sobre la iniciativa de reforma a la Ley General de Salud en materia de plaguicidas, se prohíba en todo el país el uso de plaguicidas altamente peligrosos y los que perjudiquen la salud humana y los ecosistemas.

La iniciativa, a la que se sumó la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), también incluye fomentar el uso de bioínsumos y procesos agroecológicos, debido a que los plaguicidas de síntesis química pueden provocar daños irreparables a la salud y al medio ambiente a corto o largo plazo, “y en México han sido autorizados por los regímenes neoliberales de corrupción, a pesar de que un gran número de ellos están prohibidos en otros países y hay varios convenios ambientales internacionales que prohíben su uso”.

En su exposición de motivos, el legislador del partido Morena dijo que, desde el punto de vista económico, el uso de plaguicidas ocasiona la muerte de poblaciones de abejas y polinizadores, lo que provoca diminución en la producción de alimentos.

En este sentido, afirmó que el uso de plaguicidas es impulsado por las grandes empresas que los fabrican, y usan el discurso de que la prohibición de estas sustancias ocasionaría un impacto desfavorable sobre los rendimientos de los cultivos, “sin embargo esto no está comprobado y existen estudios que demuestran lo contrario.

“La toxicidad residual por el uso de plaguicidas dentro de los ecosistemas terrestres y acuáticos generan impactos negativos en la salud y las dinámicas bioculturales de las poblaciones rurales, comunidades indígenas y campesinas, quienes se intoxican por el uso directo de estos agrotóxicos en el trabajo campesino”.

En tribuna parlamentaria, manifestó que es importante considerar que la exposición a los plaguicidas va más allá de los campos de cultivo donde son utilizados, “pues se ha detectado que hay contaminación con residuos de plaguicidas en un 73% de las verduras y la miel, y en un 90% de las frutas como manzanas, duraznos, peras, fresas y apio que se consumen.

“También es grave para la salud humana y animal la contaminación de las aguas subterráneas por el uso de agrotóxicos, porque alrededor de la mitad de la población obtiene el agua para consumo doméstico de pozos, pero una vez contaminadas las aguas subterráneas, los residuos de plaguicidas permanecen durante largos períodos de tiempo”.

Max Correa, dirigente nacional de la Central Campesina Cardenista (CCC), recordó que la agricultura industrializada, que fabrica, comercializa y fomenta los paquetes tecnológicos basados en agrotóxicos, pone en riesgo la agrobiodiversidad de cultivos tradicionales en México, así como las hierbas, frutas y verduras producidas con prácticas ancestrales y agroecológicas que son aprovechadas con fines medicinales y artesanales.

“Un dato alarmante, es que los plaguicidas de alta peligrosidad provocan hasta 300 mil muertes al año. Científicos de todo el mundo han detectado variados tipos de problemas a la salud generados por los pesticidas, entre los que se encuentran cáncer, diabetes mellitus, trastornos respiratorios, trastornos neurológicos, síndromes reproductivos sexuales y genitales, además de estrés oxidativo.

Finalmente, Max Correa señaló que el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución tiene como finalidad exhortar a las Comisiones unidas de Salud y estudios Legislativos, y al Senado de la República en general, para que el proyecto de dictamen que se apruebe tenga como finalidad, con base en el principio precautorio, sentar las bases legales para concretar la actual política del Gobierno Federal implementada a partir de la publicación del decreto presidencial del 31 de diciembre de 2020, para realizar la sustitución gradual del uso de plaguicidas tóxicos catalogados como altamente peligrosos”.