Por Jesús Delgado Guerrero
Cuando se ventiló que tres de las familias más adineradas del país echaron mano de los ahorros de los trabajadores, mediante las Afores, para impulsar el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de Mexico (NAIM) en el Ex lado de Texcoco ( finalmente cancelado), los cuestionamientos no se hicieron esperar:
¿Por qué Carlos Slim -Inbursa-, Alberto Bailleres -Profuturo- y Carlos Hank González -Banorte- no metieron mano a sus bolsillos para financiar las obras?
Más: ¿por qué uno de los hombres más ricos del planeta, que obtiene ganancias por más de 200 millones de pesos diarios (sólo por la empresa América Móvil, según datos de la BMV), tuvo que recurrir a dinero que administra de los trabajadores para ello?
¿Por qué la familia Bailléres, que le va súper bien con las minas en el país, y también en el Estado de México, hizo lo mismo? Igual, el cuestionamiento se lanzó sobre el nieto del legendario profesor de Santiago Tianguistenco, el de la célebre consigna “un político pobre es un pobre político”.
La respuesta es: porque no hay mejor negocio, más rentable, que el que se hace con dinero ajeno; con o sin riesgos, es la mejor inversión. Eso lo saben desde hace tiempo.
Y eese ha sido el modelo de negocios al estiló “1 por ciento”, es decir, de las 30 familias que concentran la riqueza de este país, mismas que, parafraseando a los clásicos, con una mano prestan el gobierno, con la otra le cobran y utiliza ambas para contener las millonarias ganancias por la evasión de impuestos y el traslado de fortunas a paraísos fiscales, amén de fundaciones, entes filantrópicos y otras “sociedades caritativas”.
El beneficio que iban a obtener los “prestamistas” por el NAIM, es decir, los trabajadores por sus ahorros, no iba a pasar de las miserables comisiones que la Cuarta Transformación se ha resistido a emparejar conforme a las que prevalecen en otros países, incluso en Estados Unidos.
Pero los “inversionistas”, como siempre, estaban por hacer el negocio que saben hacer, apostando los recursos de otros.
Este modelito es el que se ha venido enraizando en el país y en los estados, cuyos gobiernos, por ejemplo, financian las obras (autopistas, cárceles, hospitales, sistemas de transporte, etc.) y otros las administran (les llaman concesiones).
Esto es justo lo que se ha venido haciendo con los recursos energéticos, la electricidad y el petróleo, mediante estrategias en las que el Estado -entendido como gobierno y sociedad- es el encargado de “financiar”, con recursos públicos, y los “inversionistas” de “administrar”, pasando a ser privado lo que fue público. Y sin arriesgar nada. Ni la fama, que buena o mala, quizás en algún tiempo tuvo algún valor.
Hoy es el negocio descarado, vil, trastupijero, incluso patrocinando arte infantil con recursos públicos pero pasando como un “promotor humanista” y “benefactor social (cualquier parecido con Ricardo Salinas Pliego, es mera coincidencia).
La actual propuesta de reforma a la “reforma estructural” energética del sexenio pasado los está evidenciando una vez más, pero sin desenfado se dicen víctimas.
Sólo ellos y sus órganos de fonación, que son pocos pero gritones, se la creen.