Por Jesús Delgado Guerrero

A paso “tortugáceo” -diríase que” hasta con muletas”-, la aplicación de la ley en el caso de los sobornos por más de 10.5 millones de dólares de la empresa Odebrecht a funcionarios para obtener privilegios en obras, emana ya el inconfundible tufillo de la tradición nacional en materia de justicia: el vil carpetazo, previo “parto de los montes”.

Lo mismo sucede con la “sobornada reforma energética” y el reparto a discreción de millones de pesos donde, en el colmo, algunos de los legisladores que la aprobaron ahora están enfundados en la casaca guinda morenista y, ya “purificados”, listos para el próximo asalto (cosa de voltear al Estado de México y a otros espacios de la vida pública nacional).

Por un lado, mientras en otros países se ha procesado y sentenciado a decenas de involucrados por el caso Odebrecht, incluidos ex presidentes, muchos de los que aquí conocemos como “peces gordos” sólo forman parte y se mantienen en el clásico montaje, muy ruidoso, donde incluso tienen oportunidad de “colaborar” con la autoridad a cambio falsas “prisiones domiciliarias”, las cuales luego, forzadamente, deben ser revertidas bajo el argumento de “riesgo de fuga” (previas salidas furtivas a restaurantes de lujo para que, en revancha, las ventilen personeros de algunos de los vengativos involucrados).

El empresario Alonso Ancira -parte de la trama por la vía del fraude de Agronitrogenados- está reparando el daño, pagando millones de dólares, pero felizmente en “libertad” (dicen clásicos de la literatura que se trata de uno de los más preciosos dones otorgado por los cielos, imposible de comparar con tesoros, por el cual se debe aventurar la vida… y los dólares agandallados, por supuesto), de modo que todo se resume a una no muy graciosa travesura que sólo amerita una paternal amonestación (y unos cuantos días de prisión).

Respecto de la “sobornada reforma energética”, sólo un “pez menor” (el ex senador Jorge Luis Lavalle, del PAN) fue vinculado a proceso y enviado a prisión (luego cambiaría a prisión domiciliaria), mientras Ricardo Anaya, el ex candidato presidencial de ese partido político y que resultó salpicado como uno de los principales beneficiarios, supuestamente está fuera del alcance de la ley, en calidad de prófugo de la justicia, alegando persecución política desde cualquier espacio mediático.

De ahí en fuera, el ya de por sí tortuoso -y tortuguesco- sistema judicial continúa arrastrándose penosamente, echando maromas, otorgando amparos, cancelando audiencias, fijando fechas de nuevas audiencias sólo para volverlas a diferir y, así, se van acumulando los meses y los años y nada que termine en aplicación de la ley.

Los hechos están ahí: por un lado, los sobornos por millones de dólares a cambio de obras (a cargo de Odebretch) que no generaron modernización alguna de refinerías, pero sí millonarios sobrecostos, incumplimientos, tramposas asignaciones, operaciones encubiertas y, al final, millonarios depósitos en paraísos fiscales.

Están implicados funcionarios de tres sexenios y hay un daño evidente a las finanzas públicas (al margen del fraude de Agronitrogenados) aunque el curso de los hechos apunta a que al final habrá “justicia y gracia” hasta para los presunto adversarios políticos e ideológicos. 

Ojalá no sea así, pero tantas machincuepas en el asunto no permiten ver otra cosa que un caso más de impunidad, tipo “Estafa Maestra” (muchos los involucrados y pocos -o nadie- los sancionados).

Lo de las bolsas llenas de dinero para sobornar a legisladores en la “reforma energética” es parte del surrealismo político nacional, además de otro capítulo de la ficción en cuanto a la aplicación de la ley.

No sólo es lamentable la impunidad en este caso, sino las secuelas: los compromisos para que se exploten los recursos nacionales en favor de multinacionales, con vericuetos legales tramposos para favorecerlas todavía más, defendidos a capa y espada por los partidos de los legisladores promoventes de la mencionada reforma -y de los citados sobornos-, así como de los legisladores sobornados.

Los tribunales mediáticos, muy exaltados  y extendidos gracias a Internet las redes sociales, no tienen que ser sustitutos de los que por mandato legal deben aplicar la ley (este es el Estado de Derecho que, paradójiamente, los que más lo reclaman para que se respete en el caso del neoliberalismo, lo omiten ante sus propias y evidentes estafas).