***Fenómeno en aumento, con el añadido de la disminución de la edad de las víctimas y de los victimarios (14 años):

***Sólo uno de cada cinco asesinatos contra niñas, adolescentes y mujeres se clasificó e investigó como feminicidio en el lapso 2015-2022 

***Necesario analizar y establecer estrategias preventivas y de justicia penal más eficaces

Valle de México, a 5 de marzo del 2023.- Los asesinatos por razones de género (feminicidios) y los homicidios dolosos contra niñas y adolescentes han aumentado sistemáticamente en el país, fenómeno en el que existe un alto nivel de impunidad y que será “difícil de erradicar mientras no se fortalezcan los mecanismos de prevención y sanción de todas las manifestaciones de violencia contra ellas, así como la reparación del daño”.

Lo anterior, según el estudio “Feminicidios y homicidios intencionales de niñas y  adolescentes en México””, del Instituto Belisario Domínguez (IBD), del Senado de la República, elaborado por Irma Kánter Coronel(*) y que cubrió el período 2015-2022.

El análisis estableció aunque tipificados en el Código Penal Federal como feminicidios, “se piensa que se refiere sólo a las víctimas mayores de 18 años, lo que provoca que los asesinatos por razones de género contra niñas y adolescentes queden invisibilizados, silenciados y negados”, con excepción de casos mediatizados.

“El trabajo sistemático y la denuncia pública que han realizado diversos colectivos de mujeres, grupos feministas y académicas, ha permitido empezar a reconocer y tomar conciencia de esta problemática, de la violencia extrema que viven niñas y adolescentes, y sus consecuencias manifestadas en los asesinatos – feminicidios u homicidios intencionales-“.

No obstante, refirió que “Los esfuerzos realizados hasta ahora dan cuenta de que se trata una problemática que, desafortunadamente, va en aumento y se ha extendido a prácticamente todo el territorio nacional”,  ofreciendo cifras que, como se verá más adelante, lo confirman.

Hay varias razones para ello: los datos oficiales “no permiten conocer el contexto donde se producen los feminicidios y tampoco la cadena de violencia de género que los precede”,  y “no hay registros oficiales sobre el perfil del victimario, ni existen registros ni se investiga la violencia previa que experimentaron las niñas y adolescentes antes de ser asesinadas, por lo tanto, la violencia sexual previa al feminicidio es difícil de demostrar”. 

Además, “Las prácticas culturales nocivas y los silencios cómplices en los diferentes espacios o ámbitos reproducen la violencia sexual contra las menores de edad, un grupo de la población por demás vulnerable e indefenso. Esta violencia, generalmente, ha estado invisibilizada y silenciada, lo que lleva al asesinato de las menores de edad y a la impunidad que es una constante en los 12 países”, según un estudio realizado por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) en de América Latina y el Caribe (México incluido), citado en el documento.

Según esa investigación regional, “en todos los países analizados hay altos niveles de impunidad y poco acceso al sistema de justicia. La impunidad conlleva nuevas violencias y expone a las menores de edad a mayores riesgos de ser violentadas”. 

Para colmo, “aún y cuando se consiga sancionar al victimario, es extremadamente difícil la justa reparación del daño para las víctimas y sus familiares”, que experimentan un largo y tortuoso camino ante las autoridades. 

Respecto de la normatividad, el estudio de CLADEM resaltó que hay un gran vacío jurídico en los 12 países: “…las violencias feminicidas específicas que viven las niñas y adolescentes como delitos que deben ser juzgados y castigados, como una forma de garantizar el acceso a la justicia. En algunos casos, se llega a considerar como atenuantes y los vacíos en la tipificación y visibilización de los casos representa una fuerte señal de impunidad y, por lo tanto, de seguir normalizando las violencias cometidas contra las niñas y adolescentes que pueden culminar en violencias más brutales”.

“En la mayoría de las casos estudiados para conseguir justicia y la reparación del daño para las hijas, hermanas, primas, sobrina o nietas; las madres, hermanas, tías o abuelas enfrentan procesos muy largos, dolorosos y costos, que genera además de una gran tensión e indignación al no encontrar respuesta en el sistema de justicia, un desgaste físico, psicológico y anímico, lo que resulta indignante y muestra una vez más que en México “falta mucho por hacer para garantizar la vida y la seguridad de las niñas y las adolescentes” (ONU Mujeres, 2018: 42)”. 

Ante ello, se expuso el trabajo en el Senado y las iniciativas respectivas “para establecer un nuevo tipo penal sobre feminicidio de niñas y adolescentes y/o mujeres menores de 18 años de edad, lo cual sin duda contribuirá no sólo a visibilizar esta problemática…, sino también a tipificar un delito que no se reconoce y que ha quedado la mayoría de las veces impune…”

Fenómeno en aumento

Por otro lado, en el estudio se dio cuenta de “la saña y la brutalidad” de la violencia contra niñas y adolescentes, signo que precede a los asesinatos, según el reporte de CLADEM, y al hecho de que muchas víctimas no disponen de “un lugar seguro donde refugiarse y protegerse, sobre todo cuando sufren de violencia sexual en el ámbito privado, debido a que su agresor es parte la vida cotidiana, lo que explica que la mayoría de los feminicidios de menores de edad sean perpetrados por un familiar, un conocido y/o vecino”. 

El alto nivel de impunidad y “poco acceso a la justicia” es evidente cuando, no obstante la denuncias previas de violencia sexual o acoso contra el presunto victimario, este goza de libertad.

“Aun y cuando se consiga sancionar al victimario, es extremadamente difícil, como señalan las expertas de CLADEM, la justa reparación del daño para las víctimas y sus familiares”, señaló el informe. 

Asimismo, se hizo notar que “los riesgos que enfrenan las niñas y adolescentes varían de acuerdo con el espacio y/o contexto de residencia”, y se ofreció un panorama de la situación nacional y por estado: 

A nivel nacional,  entre 2015 y 2022 se registraron 27 mil 133 asesinatos de mujeres y niñas en México, “cifras por demás preocupantes porque muestran la magnitud que alcanzan la violencia extrema contra niñas, adolescentes y mujeres en nuestro país”. 

Detrás de cada dato está la historia de una niña, de una adolescente que fue asesinada por razones de género, por razones misóginas, es decir, por el hecho de ser mujer (ONU mujeres)

Del total, 6 mil 689 (25 por ciento) correspondieron a feminicidios y 20 mil 444 (75 por ciento) a homicidios intencionales (dolosos), es decir, “sólo uno de cada cinco crímenes cometidos contra niñas, adolescente y mujeres se clasificaron e investigaron como feminicidios”.

En el periodo 2015-2022 se abrieron 670 carpetas de investigación de feminicidios de niñas y adolescentes menores de 18 años.  Pasaron de 90 en 2015 a 95 en 2022” (5.56 por ciento, aproximadamente), y los años de mayor violencia fueron el 2020 y el 2021, esto es, “en plena pandemia de COVID 19”, donde “por lo menos 115 y 111 niñas y adolescentes menores de 18 años, respectivamente, fueron asesinadas por razones de género, en muchos casos, por alguien de su propia de su familia y/o entorno cercano (tío, hermano, padre, padrastro, vecino y/o conocido) como dan cuenta los estudios que sobre el tema se han realizado tanto en México como en otros países de la región”. 

Adicionalmente, en ese lapso sumaron 1 mil 496 homicidios intencionales “cuya tendencia general es decreciente a diferencia de los feminicidios” pues de 193 en 2015, en 2022, disminuyeron a 182,(menos  6 por ciento). 

En cuanto al arma usada en feminicidios y homicidios dolosos, en 64.6 por ciento de los primeros “se utilizó un elemento distinto a una arma blanca o arma de fuego, es decir, fueron asesinadas con gran crueldad y con la intención de prolongar el dolor (golpes, estrangulamientos, asfixia, envenenamiento, en otros más)”.  En 5.2 por ciento de los casos fue con arma blanca y en 13.6 por ciento con arma de fuego. 

“Estas cifras ponen en evidencia la magnitud de la violencia extrema que se ejerce en México contra las niñas y adolescentes y subrayan la urgente necesidad de analizar y establecer estrategias preventivas y de justicia penal más eficaces”, sostuvo la investigadora. 

En cuanto a los homicidios dolosos, 59 por ciento se cometió con arma de fuego, 31.3 por ciento con otro elemento y 7.5 por ciento con arma blanca.

Estados peligrosos para niñas y adolescentes

También, durante el periodo de 2015-2022, cerca de la mitad de feminicidios de niñas y adolescentes menores de 18 años ocurrió en seis entidades: el primer lugar lo ocupó el Estado de México (17.3 por ciento); luego Veracruz (8.7 por ciento); Jalisco (7.3 por ciento), Chiapas (6.0 por ciento), Nuevo León (5.8 por ciento) y Puebla (4.2 por ciento). 

“Son estados que se caracterizan por distintos niveles de bienestar y seguridad, pero que tienen en común altos niveles de violencia de género, sobre todo infantil y adolescentes”, destacó el análisis. 

Es pertinente mencionar que la entidad mexiquense suma cinco años en forma consecutiva en lo alto de la lista nacional en cuanto a feminicidios (2018-2022), según cifras del SESNSP.

Por contra, “los estados más seguros o menos violentos son Querétaro (0.9 por ciento), Campeche (0.7 por ciento), Aguascalientes (0.6 por ciento), Colima (0.4 por ciento), Tamaulipas (0.4 por ciento), Tlaxcala (0.1 por ciento) y Yucatán (0.1 por ciento). 

En cuanto a los homicidios dolosos contra niñas y adolescentes, la entidad mexiquense también figuró en lo alto de la relación (12.6 por ciento), seguida de Guanajuato (9.7 por ciento), Michoacán (7.7 por ciento), Chihuahua (6.8 por ciento), Jalisco (6.1 por ciento), Guerrero (5.5 por ciento) y Baja California (5.3 por ciento). 

“En estas siete entidades se concentra cerca de 54.0 por ciento de las muertes de niñas y adolescentes por homicidio intencional ocurridas entre 2015 a 2022”. 

Los estados con baja incidencia de homicidios intencionales son Durango (0.9 por ciento), Nayarit (0.9 por ciento), Baja California Sur (0.8 por ciento), Aguascalientes (0.7 por ciento), Hidalgo (0.7 por ciento), Tlaxcala (0.4 por ciento), Sinaloa (0.2 por ciento) y Campeche (0.1 por ciento)., que sumaron 4.7 por ciento del total reportado entre 2015 y 2022. 

“Un caso particular lo constituye el estado Yucatán al no registrar ningún caso de homicidios intencionales de niñas y adolescentes en los siete años que incluye el análisis”.

“Si se consideran de manera conjunta los feminicidios y los homicidios intencionales en las 32 entidades federativas, se puede observar que en siete de ellas ocurrieron cerca de la mitad de los crímenes cometidos (49 por ciento), siendo los más peligrosos por el número de casos el Estado México (14.0 por ciento), Guanajuato (7.6 por ciento), Jalisco (6.5 por ciento), Michoacán (6.1 por ciento), Chihuahua (5.7 por ciento), Veracruz (4.6 por ciento) y Zacatecas (4.5 por ciento). En términos absolutos esta cifra se traduce en el asesinato de 1 mil 157 niñas y adolescentes”, remarcó el documento.

Con todo, se mencionó que “Expertas en el tema han reconocido que hay una subestimación de las cifras oficiales sobre feminicidio en México que afecta mayormente a los datos de las niñas y adolescentes”.

Lo anterior se debe, “en parte”, “a las deficiencias en la integración de las carpetas de investigación a cargo de las autoridades ministeriales, pero también por los prejuicios que aún prevalecen y se reproducen para investigar y juzgar los asesinatos violentos de niñas, adolescentes y mujeres bajo la clave de género y/o también por los agujeros que prevalecen en las leyes y en los sistemas judiciales que permiten que los feminicidas se encuentre en libertad, que no sean sentenciados o que paguen condenas menores al delito que cometieron como es el asesinato de un niña o adolescente por razones de género”. 

En tales condiciones se concluyó que la violencia de género contra las niñas y adolescentes, “difícilmente se podrá erradicar” en tanto los mecanismos de prevención y sanción “de todas las manifestaciones de violencia contra ellas, así como la reparación del daño” no sean fortalecidos.

***Irma Kánter Coronel es Investigadora B de la Dirección General de Análisis Legislativo (DGAL) del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.