Por Jesús Delgado Guerrero

En torno del asesinato de María de los Ángeles Tamez, sucedido hace más de dos décadas (el 5 de septiembre del 2001), puede afirmarse, perogrullescamente y tal como diría el ruso Alexandr Solzhenitsyn en su monumental Archipiélago Gulag, que no hubo ni hay protagonistas de ficción (empezando por la víctima).  Empero, hay muchos elementos para asegurar que se configuró una larga y espesa cadena de eventos imaginarios, fantasiosos, delirantes, que afectaron la realidad y la vida de muchas personas.

Todos estos eventos fueron urdidos por el gobierno del Estado de México encabezado por Arturo Montiel Rojas (1999-2005), miembro del Grupo Atlacomulco que, atendiendo a su origen y a ulteriores actuaciones, hizo del nepotismo y del uso de crímenes sus principales divisas políticas, si no es que las únicas.

La tramoya fue ejecutada por el entonces procurador de justicia, Alfonso Navarrete Prida, quien resultó un experto en montajes político-policíacos (por ejemplo, en un informe aseguró que detuvo a 188 mil 670 sujetos cuando los penales estatales, incluso sobrepoblados, no podían albergar a más de ¡18 mil internos!).

Desde ahí, la parte novelesca con sus comediantes, corrió a cargo del gobierno estatal; lo demás, realidad palmaria, sucedió en las carnes de las víctimas, una de ellas mortal, y otras con el inconcebible récord de haber permanecido más de 17 años en prisión sin ser sentenciadas: Daniel García Rodríguez, presunto autor intelectual del crimen de la ex regidora del PAN en Atizapán de Zaragoza, y Reyes Alpízar Ortiz, cómplice del presunto autor material, Jaime Martínez Franco (a) “El Jimmy”.

Aquí estuvo la parte mas tenebrosa de la fábula: casi un año después de las detenciones (incluida la del entonces alcalde Antonio Domínguez, quien finalmente quedó libre por falta de pruebas) se dio a conocer que el día del crimen el “Jimmy” se encontraba preso en un penal de Tula, Hidalgo. Eso quedó debidamente documentado, pero el procurador se la había pasando diciendo que lo estaba buscando, incluso en Estados Unidos, porque era un tipo “muy escurridizo”.

Al final el jabonoso delincuente ya no le gustó a la autoridad para ser el  principal sospechoso material del homicidio (se “esfumó”, ahora sí de verdad, se amparó y jamás apareció) y como quien cambia de calcetines puso en su lugar al presunto cómplice, Reyes Alpízar (así de tosco).

La teatralidad justiciera de Navarrete Prida fue llevada al extremo con episodios previos de insultante ostentación contra el sentido común: el asesino confesó su crimen durante una borrachera, con cruce de mota, al supuesto bombero Francisco Pereyra Soloache, quien luego de rendir testimonio ante la procuraduría “desapareció”; nadie supo más de él, pero sus decires fueron suficientes para que el procurador hiciera del “fantasmagórico” Jimmy el asesino material.

Sobre esta cadena de decires Navarrete Prida sustentó su “investigación” (“uno dijo lo que otros dicen que unos más dijeron, y así, el “dicen” se utilizó como prueba irrefutable). Hay que remarcarlo: el pretendido tragahumo dijo que el Jimmy les dijo (no se sabe si borracho, drogado o “cruzado”) haber recibido 300 mil pesos por parte de Daniel García para ejecutar el crimen, lo cual fue “confirmado” por otro testigo que dijo haber escuchado lo que dijo el supuesto homicida. (Total, la ausencia de evidencia fue la evidencia de su ausencia, diría zumbonamente Sherlock Holmes).

No se puede soslayar que en ese tiempo el gobernador Montiel Rojas estaba de cacería política en contra del PAN, y tampoco que el asesinato sirvió como un instrumento más para su campaña. 

En otras palabras: el gobernador y su histriónico procurador (avalado éste por figuras panistas, entre ellos Diego Fernández de Cevallos), lucraron políticamente con el cadáver de una joven funcionaria pública, del PAN, cuyo asesinato, a 22 años, sigue reclamando justicia.

En este sentido, lamentablemente el partido político “agraviado” con el asesinato de una de sus militantes y que debería encabezar las exigencias de justicia, hoy es aliado del instituto político al que pertenecen Montiel Rojas y Navarrete Prida.

Mientras, la demanda de la familia de Marigely por esclarecer los hechos oscila entre el reconocimiento al “trabajo profesional” por parte de quienes urdieron el montaje y la exigencia de castigo a los responsables del homicidio.

Ficción de la justicia con víctimas reales, nada le va a devolver la vida a María de los Ángeles Tamés Pérez, y tampoco resoluciones de cortes internacionales resarcirán nada a las víctimas del montaje (¿con base en qué pruebas fue re-aprehendido Daniel García, cuando son las mismas acusaciones con las que se absolvió a Reyes Alpízar? Es otro misterio).

Todo suena a ficción pero ha sido real: dos personas pasaron 17 años en prisión sin que la autoridad investigadora aportara pruebas.

Al final, y esto es lo peor, la barbarie de la justicia político-policiaca sobre una mujer cuya memoria merece una mejor autoridad y, desde luego, el castigo a sus victimarios. ¿Algún día?