***La legisladora Yessica Rojas (Morena) presentó hace más de un año la iniciativa ante el pleno de la LXI Legislatura, pero apenas obtuvo el aval del PRI, PAN y PRD

***Análisis se inició el pasado 20 de abril, pese a que se propuso desde diciembre del 2021

Valle de México, a 9 de mayo de 2023.- En Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, los diputados consideraron procedente la propuesta impulsada por la diputada de Morena, Yesica Rojas Hernández, para crear la Comisión Legislativa de Combate a la Corrupción, con el fin de investigar y en su caso sancionar a los servidores públicos que participen o hayan participado en delitos, por lo que se inició el análisis el pasado 20 de abril, pese a que se propuso en diciembre del 2021 y, luego de permanecer en la congeladora, y este día obtuvo el aval del PRI, PAN y PRD.

A unos meses de que concluya la administración de Alfredo Del Mazo, la bancada del PRI votó a favor de que en la Legislatura exista una comisión especializada en el combate a la corrupción; ya la legisladora proponente había subrayado al presentar su iniciativa ante integrantes de la comisión, “los mexiquenses padecemos valientemente la corrupción y hoy el Sistema Anticorrupción del Estado de México esta reprobado”.

En reunión de trabajo, encabezada por el diputado del PRI, Jesús Izquierdo, se aprobó en lo general el proyecto de decreto y en lo particular, luego que la legisladora impulsó la iniciativa desde el 09 de diciembre de 2021, para adicionar diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y al Reglamento, los integrantes de la comisión legislativa, tras su análisis y discusión la aprobaron porque está considerada en el artículo 69 de la Ley Orgánica, denominada Comisión Legislativa de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Combate a la Corrupción.

Los integrantes de la comisión legislativa aprobaron el dictamen y el proyecto de decreto, de la iniciativa impulsada por la legisladora de Valle de Chalco, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, previa discusión y análisis, por lo que en reunión de trabajo anterior, la diputada proponente destacó que la Constitución del Estado de México establece que el Sistema Estatal Anticorrupción es la instancia de coordinación de las autoridades de órdenes de gobierno competentes en la materia, así como la fiscalización del control de los recursos públicos; sin embargo, no existe información clara sobre sanciones o consignaciones por estos ilícitos.

También refirió que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción emite solo recomendaciones públicas no vinculantes y “hoy más que nunca los ciudadanos padecemos valientemente la herencia de la corrupción en el Estado de México”.

A la vez que detalló varios casos de corrupción, señalados de manera reiterada por sus compañeros de bancada, tales como las obras inconclusas de hospitales en el Estado de México, cuyas obras arrancaron cuando era gobernador el priista Eruviel Ávila Villegas, pero que se quedaron en obra negra a pesar de que se consignaron presupuestos millonarios, ejemplo de ello, el Hospital General de la Zona Oriente de Tlalnepantla.

Además del escándalo de los Panamá Papers, el Caso Odebrecht e insistió en que no se pueden repetir casos como como el del filial en México de la empresa OHL, a la vez que añadió que durante gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se presume la probable participación de servidores públicos mexiquenses en la comisión de delitos.

Al enfatizar la necesidad de la aprobación de la iniciativa, reiteró que se necesitan resultados, porque el Sistema Anticorrupción estatal está reprobado, porque los mexiquenses tienen más datos en esta materia por investigaciones periodísticas que por la institución, que en el 2021 recibió más de 450 millones de pesos, con una solicitud mayor en el presupuesto de egresos del gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal 2022-2023.

Desde 2021, la diputada Yesica Rojas, afirmó que la iniciativa,se originó ante la deuda de justicia en la entidad, la impunidad en el ejercicio del servicio público, deja una enorme responsabilidad, obliga a atender de manera particular el combate a la corrupción y “exigiremos que se esclarezcan, investiguen y se sancionen a servidores públicos, por participar en casos de corrupción”.