***En la entidad hay más de 4 millones en pobreza alimentaria

***Apoyo alimentario no debe ser discrecional en Edomex: Max Correa

Toluca, Méx., a 18 de noviembre de 2021. Debido a que el 24.2 por ciento de la población del Estado de México, es decir, 4 millones 132 mil personas padecen de pobreza alimentaria, el diputado Max Correa Hernández presentó una iniciativa de ley para ampliar y garantizar el derecho humano a la alimentación en la entidad mexiquense. 

En su exposición en el Congreso estatal, el diputado de Morena detalló también que al menos Un millón 402 mil de mexiquenses se encuentran en pobreza extrema, “por ello la presente propuesta de reforma Constitucional consiste en ampliar la realización del Estado de Bienestar igualitario y fraterno, para garantizar que los pobres, los débiles y los olvidados encuentren protección ante incertidumbres económicas, desigualdades, desventajas y otras injusticias”.

Argumentó que la propuesta de ley incorpora el derecho a la alimentación y la obligación del Estado a garantizarla, “es decir, proponemos ampliar el proyecto de Estado de Bienestar igualitario, eficiente y fraterno, y elevar nuestra propuesta a rango constitucional para realizar el ideal de la protección de las personas haciendo realidad los derechos a la alimentación, al trabajo, la salud, la educación y la cultura, la vivienda y la seguridad social”.

“Bajo este contexto, es deber de los integrantes de esta Legislatura velar por la protección y garantía del derecho a la alimentación de las y los mexiquenses más vulnerables, en particular de las personas adultas mayores, de las personas con discapacidades permanentes, de quienes se encuentren en condición de pobreza y extrema pobreza, y de las madres solteras que tengan a su potestad hijas e hijos menores de edad”, dijo.

La propuesta también señala que actualmente se observa que los sistemas jurídicos y administrativos actuales carecen de herramientas eficientes que garanticen la atención a los sectores de la población más vulnerables. 

Max Correa ejemplificó que los Planes, Programas, Presupuestos e informes del Poder Ejecutivo Estatal y de muchos ayuntamientos no ofrecen indicadores geoespaciales que permitan conocer cuál es la demanda de apoyos y programas sociales que requieren las y los mexiquenses, y no dan a conocer dónde se ubica dicha demanda; tampoco publicitan qué población se está priorizando para otorgar los programas sociales, ni identifican dónde se ubica la población que está siendo excluida de recibir los apoyos y programas sociales.

“Por ello es importante fortalecer, mejorar y actualizar los sistemas de indicadores que utilizamos los tres poderes del Estado, porque de acuerdo con el Objetivo 17 de la Agenda 2030, estamos obligados a fortalecer los medios de implementación de las acciones, y a revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

“Esto implica de acuerdo con la meta 18 de la Agenda 2030, se debe dar resultados a la población, aumentar la vigilancia y rendición de cuentas, y de aquí a 2030, aumentar significativamente la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran calidad desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras características pertinentes en los contextos nacionales”, remarcó.

Max Correa recordó que una de las finalidades que persigue la reciente reforma del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, es que los apoyos sociales sean una realidad constitucional para toda su población beneficiaria, “y en el Estado de México tenemos la misma responsabilidad, y convertir esto en una realidad, y combatir la discrecionalidad y el condicionamiento político-electoral como práctica nefasta, al otorgar programas y beneficios sociales con recursos públicos”.