Toluca, Méx., a 07 de diciembre de 2021. Por unanimidad de votos, la Legislatura local aprobó reformas al Código Penal estatal, propuestas por la diputada Yesica Rojas Hernández, para sancionar a quien cometa delito contra menores de edad y que obligue o induzca a un menor de edad a cometer ilícitos en el Estado de México, con penas de 5 a 10 años de prisión.

En su intervención en tribuna, la legisladora morenista explicó que tras el estudio en comisiones legislativas, se penaliza a quien obligue o induzca a formar parte de una asociación delictuosa o pandilla a menores, con hasta 10 años y de 500 a 2 mil días multa. Y si la finalidad de la asociación delictuosa o la pandilla es cometer delitos graves, se incrementará la pena en una tercera parte.

Adicionalmente a quien emplee, aún gratuitamente, a personas menores de 18 años o que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o de resistirlo, utilizando sus servicios en lugares o establecimientos donde preponderantemente se expendan bebidas alcohólicas o sustancias tóxicas para su consumo inmediato o en lugares que por su naturaleza sean nocivos para el libre desarrollo de su personalidad o para su salud, se le aplicará prisión de 2 a 4 años y de mil a cinco mil días multa así como el cierre definitivo del establecimiento.

“La reforma al Código Penal busca proteger a las personas menores de edad y a quienes no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho delictivo y por cualquier medio les obliguen, procuren, induzcan o faciliten conductas en su perjuicio”, aseveró la diputada de Valle de Chalco.

Yesica Rojas recordó que en la última década se ha dado un incremento delictivo en la entidad mexiquense y la seguridad es una deuda pendiente con la sociedad, víctima de las organizaciones criminales y de los delincuentes que actúan en los distintos sectores y aprovechan, sobre todo, la vulnerabilidad y pobreza de la población, lastimando seriamente a las familias mexiquenses como se expresa en la iniciativa.

La legisladora aseveró que hay una generación de jóvenes que creció en un ambiente de guerra contra el narcotráfico y que han tenido un papel protagónico como víctimas y victimarios, sobre todo, como resultado de la pobreza, marginación e impunidad siendo parte de una población lastimada y descuidada en las prioridades públicas.

“Es parte de las responsabilidades de esta Legislatura crear mecanismos que busquen proteger y garantizar un marco jurídico que atienda las necesidades prioritarias de la población sobre todo de las y los menores y desde nuestra encomienda fortalecer las leyes y las instituciones de procuración y administración de justicia”, apuntó.