Por Vidal Ibarra Puig*

En la contraportada del libro “El Rey de la Cocaína. Mi vida con Roberto Suárez y el nacimiento del primer narcoestado”, escrito por Ayda Levy (viuda de Roberto Suárez, en su momento llamado “el rey de la cocaína”, Ed. Debate, 2012), se anota:

“Protegida por la corrupción de mandatarios de varios países, así como por militares y gobernantes bolivianos, La Corporación (de Roberto Suárez) fue conocida como ‘la General Motors’ del narcotráfico…Suárez intentó pagar la deuda externa boliviana al tiempo que era uno de los hombres más buscados por la DEA en el mundo…”.

Por su parte, en el artículo de 2021 “El narcotráfico sostiene la economía en Colombia” [1], se menciona que “El exministro de hacienda e integrante del partido conservador, Juan Carlos Echeverry, aseguró en junio (de 2021) que, según sus cálculos, las ventas de cocaína al exterior podrían mover alrededor de 12 mil millones de dólares (42 billones de pesos) en Colombia, lo que corresponde aproximadamente al 4 por ciento del Producto Interno Bruto -PIB- del país. Esta declaración deja en evidencia lo que ya es un secreto a voces: el narcotráfico sostiene la economía capitalista en Colombia…”. Y añade que “Según las cifras del Banco de la República, en el 2020 el PIB del país se situó alrededor de los 271 mil millones de dólares; es decir que, según la afirmación de Echeverry, la cocaína tiene un mayor peso en la economía que productos como el café y el petróleo…”.

El autor continúa señalando los efectos económicos del narcotráfico, a saber: “La narcoeconomía se expande de distintas maneras: produce un alza en los precios de inmuebles en las zonas de lavado de activos, aumenta el mercado de bienes de consumo (bebidas alcohólicas, carros, motos de alta gama y otros bienes de lujo), impulsa la concentración de tierras, financia la deforestación, entre otras. Así, la repercusión real del narcotráfico en la economía del narcotráfico podría ser mucho más alta que ese 4% del PIB mencionado anteriormente…”. Y señala que “El aumento de la producción de cocaína, pese a la disminución del área sembrada de coca, se debe a que, como en todo agronegocio, el desarrollo tecnológico y técnico ha permitido la disminución del tiempo entre cosecha y cosecha de la hoja de coca. Es decir que hay mayores rendimientos por la utilización de insumos químicos, así como el desarrollo de mayor concentración de alcaloide en las hojas, fruto de cruzamientos y manipulación de variedades de la planta y la perfección de las técnicas de “cocina” en los laboratorios de extracción, tanto de pasta base, como de cocaína…”.

Este es solo un panorama general de algunos de los efectos de una economía de esta naturaleza [2].

En el caso de México, una publicación del Banco Interamericano de Desarrollo publicado en 2013 [3], ya señalaba que “El incremento en el tamaño de mercado también cambió la forma de operación y organización interna de las organizaciones de tráfico de drogas, OTD, que pasaron de ser negocios familiares a convertirse en organizaciones jerárquicas organizadas por unidades regionales. La interacción de las OTD con el gobierno nacional y los gobiernos locales se ha modificado también con la liberalización política del país y la entrada de una multiplicidad actores políticos y de diferentes partidos, con lo cual la operación del negocio se tornó más compleja. Finalmente, la intensa política del Presidente Calderón para combatir y contener al crimen organizado ha fragmentado la cohesión y organización de los grupos del narcotráfico… Como resultado de los profundos cambios estructurales e internos, el número de participantes en el negocio del tráfico de drogas se ha incrementado. Sin embargo, a diferencia de los mercados de otros productos que operan de forma legal, los carteles de droga no suelen competir en precios, sino que lo hacen directamente por el monopolio de las plazas de distribución y rutas de comercio hacia Estados Unidos, a través del uso de la fuerza. La creciente rivalidad entre las facciones ha tenido como consecuencia un aumento inusitado de los niveles de violencia en el país…”.

Los carteles no son un ente estático: son ya empresas que se diversifican y, de acuerdo a su lógica, su competencia por mercados se manifiesta a través de la violencia, con el saldo de muertos que ello implica. En el caso de México: “datos oficiales detallan que en más de cinco años (entre el 1 de diciembre de 2018 y diciembre de 2023), la actual administración acumula un total de 171,085 asesinatos, de los cuales, 4,892 se tratan de feminicidios…Mientras que, en el gobierno de Enrique Peña Nieto cerró con 157,158 homicidios y el de Felipe Calderón con 121,613 víctimas mortales…” [4]. Claramente estas cifras de muertes violentas no son todas debido a la violencia de las OTD, pero los reportes de masacres en país y las muertes de inocentes como fallecimientos colaterales son una constante en el diario acontecer nacional.

No discutiremos aquí si la estrategia de “abrazos, no balazos”, es o no efectiva; nos estamos concentrando en los efectos económicos del accionar de las OTD. Por ejemplo, se calcula que el narco es el quinto empleador de México, con entre 160.000 y 185.000 personas… Los grupos criminales alistan a 350 personas a sus filas cada semana. Estas son las conclusiones de un estudio del Complexity Science Hub de Viena…” [5]. Es de notar que en nuestro país, el 57 por ciento de la PEA se encuentra en el sector informal, es decir sin protección social y con salarios muchas veces muy bajos, y sin una pensión futura. Esta falta de empleos formales, bien remunerados y con protección social, hace muy vulnerable a esta población ante las tentaciones del dinero fácil.

Por su parte, estas OTD tratan de adaptarse a los cambios económicos y sociales del entorno: el uso de tecnologías cada vez más sofisticadas, la elaboración de armas más mortíferas, incluso fabricándolas de manera independiente del mercado [6], y según testimonios, el secuestro (y a veces posterior desaparición) de personas para la manipulación y fabricación de estas armas, así como el secuestro de personal médico para que realice curaciones a sus gentes cuando estas son heridas, etcétera, son un flagelo económico y social para nuestro país.

Y las OTD enfrentan, como toda empresa, la aparición de nuevos productos: de la mariguana a la cocaína y la heroína; de estos productos a las drogas sintéticas como las metanfetaminas y el fentanilo. Según reportes, tan solo el mercado de drogas ilícitas en Estados Unidos tiene un valor de 150,000 millones de dólares, mientras que a nivel global alcanza hasta los 652,000 millones de dólares. Y por ejemplo, se señala que actualmente en Houston, Texas, se puede comprar un kilogramo de fentanilo por un precio promedio de 25,000 a 30,000 dólares. Este mismo kilogramo de fentanilo en Culiacán (México) se podría comprar a un precio promedio de 13,500 dólares. Actualmente, el precio de una pastilla de fentanilo en Houston oscila entre 6 y 65 dólares. Por lo tanto, una inversión ilícita de 30,000 dólares o menos podría resultar en un retorno de 6 a 32.5 millones de dólares [7].

Y el meter estos flujos de dinero al sistema legal no es fácil. En el caso de México, hay alguna evidencia de que parte de las remesas ha sido utilizada con este fin [8]. Hasta donde sabemos, ni el Banco de México ni la Secretaría de Hacienda, como cabeza de sector, han hecho algún estudio al respecto. Y la omisión es un pecado.

No hay que olvidar lo que escribe la señora Ayda Levy: “La fría enumeración de las infinitas aflicciones que torturan a diario mi viejo y cansado corazón no tiene otra finalidad que alertar a las nuevas generaciones sobre los peligros que trae consigo el dinero fácil proveniente del tráfico de drogas. Es un precio demasiado caro a pagar. Tarde o temprano te pasa la factura, cobrándose con la libertad o la vida de tus seres queridos o, como sucede por lo general, se cobra con la tuya”.

A México de decidir.

[1] Autor Jorge López Ardila (26 de julio de 2021), disponible en https://www.colombiainforma.info/el-narcotrafico-sostiene-la-economia-en-colombia/.

[2] En un artículo publicado en 1990, Jaime Puyana señalaba que en Perú, en 1987, la narcoeconomía representaba el 21.3 por ciento del PIB; en el caso de Colombia, en 1986, era el 23 por ciento de su PIB; y en Estados Unidos 5.3 por ciento del PNB (Puyana J. “La economía del narcotráfico en Colombia”, disponible en Dialnet-LaEconomiaDelNarcotraficoEnColombia-5786044-1.pdf).

[3] “Las consecuencias económicas de la violencia del narcotráfico en México”, Documento de trabajo del BID # IDB-WP-426, noviembre.

[4] https://www.eleconomista.com.mx/politica/Suman-171,085-homicidios-en-el-sexenio-de-AMLO-20240117-0008.html.

[5] https://elpais.com/mexico/2023-09-22/el-narco-es-el-quinto-empleador-de-mexico.html.

[6] “Desmantelan la fábrica de armas más grande de México. En Michoacán, integrantes del crimen organizado fabricaban granadas, lanzagranadas y material explosivo improvisado”, https://wradio.com.mx/2024/02/12/desmantelan-la-fabrica-de-armas-mas-grande-de-mexico/.

[7] “Fentanilo: esto ganan los traficantes con el opioide que Biden pide a México frenar”,

[8] https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Los-narcos-usan-las-remesas-para-traer-su-dinero-a-Mexico-20230822-0005.html.

*[1] Profesor en el Departamento de Economía, UAM Azcapotzalco.