***En la entidad mexiquense es considerado un “delito neutro”a pesar de que las agresiones son un tipo de violencia de género: estudio IBD

Valle de México, a 14 de abre del 2024.- El Estado de México, Puebla y la Ciudad de México son las entidades con los mayores registro de ataques con ácido u otras sustancias corrosivas en contra de mujeres, con el añadido de que en la entidad mexiquense este ilícito está considerado como un “delito neutro”, no obstante que existen evidencias de que se trata de un tipo de violencia de género que afecta mayormente a mujeres y las niñas.

Lo anterior, de acuerdo con el estudio “Violencia de género con ácido: una de las manifestaciones más crueles del machismo en México”, de Irma del R. Kánter Coronel, investigadora del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República (IBD), en el cual se menciono que en los últimos años “ha emergido un tipo de violencia de género que había permanecido oculta en la sociedad mexicana, la violencia con ácido u otras sustancias químicas o corrosivas”. 

“Esta forma de violencia es una manifestación extrema, trágica y cruel del machismo en México, dejando huellas imborrables en la cara, cuerpo y la vida de las mujeres y niñas que han sido atacadas. Todo indica que este tipo de violencia lejos de disminuir se ha extendido a distintos estados del país y que cada vez son más las mujeres afectadas a mano de sus parejas o exparejas sentimentales con ácido y otras sustancias químicas y corrosivas”, destacó el documento.

“Los ataques con ácido, históricamente, conocido como “vitriolo”, se ha incrementado silenciosamente en la sociedad mexicana sin que existan datos oficiales que permitan conocer su magnitud y características.  Se trata de un tipo de violencia de género por demás cruel que causa daños irreversibles tanto físicos como psicológicos y reduce a las sobrevivientes a un aislamiento social e incluso a un gran detrimento económico”, remarcó. 

En la investigación se observó que “En México no existen cifras oficiales del número de ataques hacia mujeres, pero desde la Fundación Carmen Sánchez llevamos un registro de 28 víctimas en las últimas dos décadas. Las entidades federativas que más reportan estos crímenes son la CDMX, Puebla y el Estado de México”

Conforme al estudio, “de las 28 víctimas mujeres sólo 22 han logrado sobrevivir. En la mayoría de los casos, las víctimas tenían entre 20 y 30 años de edad. En el 85 por ciento de los casos el autor intelectual fue un hombre: cinco de ellos eran parejas y 11 de ellos ex parejas sentimentales. En el 90 por ciento de los casos, el ataque ha ido dirigido al rostro”.

De acuerdo con el estudio, la mayoría de los crímenes se cometieron en calle, pero cuatro de ellos en la casa o la puerta de entrada. Además, más del 30 por ciento de los ataques se cometieron por dos o más personas: ya sea como actores materiales o como intelectuales . También, en el 96 por ciento de los casos no ha habido sentencia, pero cuatro agresores ya fueron vinculados a proceso: tres por feminicidio en grado de tentativa y uno por violencia familiar.

Según el estudio, lo que se busca es “Visibilizar los casos de ataques con ácido hacia mujeres mexicanas en la agenda pública del país” ya que “A la fecha, el número de mujeres y niñas que han sido agredidas con ácido u otras sustancias químicas o corrosivas se desconoce puesto que no hay registros y cifras oficiales lo que limita el conocimiento de su naturaleza, magnitud, gravedad y frecuencia que tiene la violencia con ácido en la sociedad mexicana (ONU Mujeres, 2011). Esta falta u omisión de datos estadísticos contraviene la Recomendación General no. 35 de la CEDAW que propone a los Estados Parte: 

Establecer un sistema para recabar, analizar y publicar periódicamente datos estadísticos sobre el número de denuncias de todas las formas de violencia por razón de género contra la mujer, incluida la violencia ejercida mediante las tecnologías, el número y tipo de órdenes de protección dictadas, las tasas de desestimación y retirada de denuncias, el enjuiciamiento y la condena y la cantidad de tiempo necesario para la resolución de las causas. El sistema debería incluir información sobre las condenas impuestas a los autores y las reparaciones, en particular las indemnizaciones, concedidas a las víctimas y supervivientes (CEDAW, 2017, p.20)”. 

En el trabajo refirió que “Algunos datos sobre el número de mujeres que han sido agredidas con ácido y otras sustancias químicas o corrosivas se conocen gracias al trabajo llevado a cabo por las propias sobrevivientes, especialmente a través de organizaciones como la Fundación Carmen Sánchez. Esta asociación civil que lleva el nombre de una mujer que sobrevivió a un ataque con ácido en 2014 por parte de su expareja, ha  señalado que al menos 28 mujeres han sido agredidas con algún ácido en México, de las cuales 22 han logrado sobrevivir y cuatro fallecieron al momento del ataque: una por complicaciones por las lesiones generadas por el ácido y otra debido al COVID-19 (Reyes, et al., 2023)”. 

“En 85% de los casos de violencia con ácido registrados por la Fundación Carmen Sánchez, el agresor intelectual fue la pareja o expareja sentimental, interviniendo en 30% de las agresiones cometidas dos o más personas. A la mayoría de las mujeres les fue arrojado el ácido directamente al rostro con el propósito de causar el máximo daño posible, ya que es “…una de las zonas del cuerpo por demás visible que otorga individualidad, identidad y permite reconocer a las personas” (Reyes, et al., 2023, p.9). Las lesiones en el cuerpo son también evidentes, al igual que en el cuello, tronco y extremidades, abarcando la superficie corporal quemada o lesionada entre 30 y 85 por ciento, con un rango máximo de cirugías de 250. 

La Ciudad de México, Puebla y el Estado de México representan las tres entidades del país con el mayor número de mujeres violentadas con ácido u otra sustancia química o corrosiva. Se trata en su mayoría de mujeres jóvenes que al momento de ser agredidas tenían entre 20 y 30 años (Ibid, 2023)”. 

De acuerdo con Fabiola Alamís Sámano, extitular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujer (Conavim), en 2022 el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim) recibió 222 denuncias de mujeres amenazadas con ser atacadas con ácido u otra sustancia química o corrosiva (INMUJERES, 2023)”.

Además, cifras publicadas en un artículo de la periodista Azucena Rangel (2023) que se derivan de una solicitud de transparencia hecha por el diario Milenio, señala que en 12 años en hospitales federales del sector salud fueron atendidas, al menos, 3 mil 354 mujeres agredidas con alguna sustancia corrosiva, esto representa un promedio de 270 casos anuales, incluidas menores de edad y niñas recién nacidas.

Se trata de un delito perpetrado en la mayor parte de los casos por hombres y pese al significativo número de víctimas, es posible, como reconoce la autora, que los datos subestimen la realidad al no considerar a los hospitales estatales y privados, a las mujeres que decidieron no ser atendidas y aquellas que fallecieron a causa de esta atroz agresión. Las víctimas son en su mayoría mujeres jóvenes que, al momento de la agresión, algunas de ellas, no habían cumplido la mayoría de edad. 

En cuanto a la legislación sobre estas agresiones en el país, “la situación que prevalece en México a nivel federal y local es diversa. En años recientes, algunos congresos estatales modificaron el marco jurídico para definir este tipo de lesiones como violencia ácida y tipificarlas como un nuevo delito en sus respectivas legislaciones penales. Sin embargo, en muchos casos aún se considera como lesiones simples que se castiga con muy pocos años de prisión”.

Así, “en 13 estados del país, incluidos, Campeche, Chiapas, Coahuila, Durango, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, las legislaciones no visibilizan ni penalizan el delito de agresiones inferidas con ácidos u otras sustancias químicas o corrosivas, lo que lo que impide el acceso de las mujeres sobrevivientes a la justicia, que los agresores sean sancionados y la reparación del daño ocasionado”. 

Mientras, la normatividad penal en siete estados, entre ellos, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Querétaro y Quintana Roo, penalizan las agresiones con ácidos y otras sustancias corrosivas, químicas o inflamables como lesiones calificadas o agravantes, considerándolo como un “delito neutro”, aun cuando las evidencias tanto de México como de los demás países del mundo muestran que se trata de un tipo de violencia de género que afecta mayormente a las mujeres y las niñas. 

En los estados de Chihuahua y Colima las agresiones con ácido u otras sustancias químicas o corrosivas se tipifican como lesiones calificadas. Se consideran como agravante cuando se comentan en contra de niñas, niños o adolescentes, o de una mujer por razón de género (Chihuahua) y de orientación sexual o de identidad de género (Colima). 

El artículo 212 Bis del Código Penal de Jalisco tipifica como delito autónomo las lesiones con ácido, sustancias químicas corrosivas o cáusticas. Las penas van de 2 a 15 años de prisión, considerando como agravantes cuando el ataque se comente por razones de género y cuando entre el activo y la víctima, exista o haya existido una relación de parentesco por consanguinidad, afinidad, civil, concubinato, noviazgo o cualquier tipo de relación sea de convivencia, laboral o docente, incrementando la pena hasta en un tercio en ambos casos. 

En los estados de Baja California Sur, Guerrero, San Luis Potosí, Tlaxcala y Yucatán, las agresiones con ácido, sustancias químicas o corrosivas se consideran como agravante del delito autónomo de “lesiones cometidas contra una mujer en razón de su género”. 

Cuatro entidades que incluye a Oaxaca, Puebla, Baja California y Ciudad de México, se tipifican las agresiones con ácido u otra sustancia química o corrosiva como delito autónomo, bajo la figura de “violencia ácida” (Ley Malena).

En la parte final del documento, por su utilidad se retomaron “algunas de las recomendaciones que sobre violencia con ácido formuló ONU Mujeres (2011), hace ya varios años, pero que siguen estando vigentes. En materia legislativa considerada, entre otras, las siguientes:

• La legislación debe exigir que los vendedores de ácidos estén autorizados para ello; 
• La legislación debe tipificar como delito la venta de ácidos sin autorización; 
• La legislación debe exigir a los vendedores de ácidos la creación y el mantenimiento de un registro de cada venta y de la identidad del comprador; 
• La legislación debe imponer a los prestadores de servicios médicos la obligación de informar a los responsables de hacer cumplir la ley de todos los casos de lesiones corporales causadas por ácido; 
• La legislación debe ordenar que los agentes de policía investiguen todos los casos de lesiones corporales causadas por ácido comunicados por prestadores de servicios médicos; 
• La legislación debe establecer y financiar campañas de sensibilización de la opinión pública y formación para todos los sectores sobre esta práctica nociva y sus consecuencias; 
• Deben modificarse o derogarse las leyes y otras prácticas, como los crímenes cometidos en nombre del “honor”, que perpetúan la violencia con ácido. 
• La legislación debe permitir que las víctimas puedan solicitar un recurso civil contra sus agresores. La indemnización por daños y perjuicios debe incluir el coste de la cirugía reconstructiva. 
• La legislación debe establecer que se ofrezcan restitución o reparaciones independientes de la causa penal, así como mecanismos de cobro que la víctima pueda utilizar con facilidad para que el perpetrador satisfaga la cantidad establecida en la orden de restitución; 
• La legislación debe establecer servicios médicos, jurídicos y otros tipos de rehabilitación para las víctimas.