Por Jesús Delgado Guerrero

Durante el pasado proceso electoral para la gubernatura del Estado de México, los infaltables “operadores quedabien” se dieron vuelo acercando a la campaña de la entonces candidata morenista y hoy gobernadora, Delfina Gómez Álvarez, a cualquier clase de individuos: desde aquellos con los cuales se puede estar o no de acuerdo pero que difícilmente habría cola que pisarles, hasta aquellos que son incluso objeto de monitoreos judiciales debido a su  presunto concurso en actividades criminales.

El hecho, preocupante, es que casi cual versículo bíblico, toda clase de calaña que ha llegado a Morena se ha “purificado” y expiados sus pecadillos, ya políticos o criminales, “vidas liberadas del hoyo de la corrupción”, diría el profeta Isaías.

Por ejemplo, quienes votaron por la sobornada reforma energética, impulsada y aprobada durante el muy corrupto y entreguista sexenio de Enrique Peña Nieto, hoy forman parte del gabinete de la maestra Delfina Gómez (así sea en segunda fila, pero ahí están).

Además, ex alcaldes perredistas ligados a grupos delictivos como La Familia Michoacana (sí, en el sur de la entidad mexiquense), dirigentes sindicales acusados de secuestro, extorsión, lavado de dinero y huachicoleo (tanto de combustible como de agua, en Ecatepec, principalmente) y empresarios denunciados por devastar el medio ambiente mediante la explotación de minas de la región Nor-Oriente de la entidad para la edificación del fallido aeropuerto en el ex lago de Texcoco, entre otros, formaron parte de la fauna que los “operadores quedabien” acercaron a los eventos de la hoy gobernadora.

Los actos de campaña a la gubernatura, sobre todo las adhesiones “espontáneas” de espíritus conversos de última hora (que ya nunca faltan en un proceso electoral), reflejaron que esos “operadores” estuvieron muy activos.

Sin embargo, salvo quienes se sintieron “purificados” tras votar a favor de la sobornada reforma energética peñista, todos esos personajes al menos no figuran en cargos en el actual gobierno estatal y no se sabe que estén haciendo negocios con el mismo (por el momento). Seguramente alguien “alertó” de la situación y marcó líneas para no hacer un salpicadero político-criminal.

Pero ya están encima las campañas locales. Y si en economía no hay almuerzos gratis, en política tampoco hay adhesiones y conversiones desinteresadas porque nuevamente esos distinguidos operadores están ya acercando la “base social” que el crimen organizado ha venido creando a lo largo de varios años, y los integrantes de éste querrán cobrarse facturas de favores previos y los que vienen. 

El caso de Morena no es el único. Esto se puede detectar también en los viejos adversarios y hoy aliados, PRI, PAN y PRD, donde no hacen malos quesos en eso de pretender allegarse de los votos de personajes de más que cuestionable reputación, ligados a bandas delictivas incluso, como por ejemplo las dedicadas al asalto de transporte de carga y mercancías, esto mediante el control de mandos de la policía estatal, especialmente en los municipios del Valle de México (Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Huehuetoca, Tultitlán, Coacalco, Ecatepec y Tecámac, entre otros), dando “vía libre” a los ilícitos, con los “halconazos” de rigor.

No es casual que representantes de empresas, por ejemplo los de elaboración de productos lácteos (que son muy “vendibles” en centrales de abasto, tienditas, tianguis y demás comercio) hayan informado al Banco de México “de los costos crecientes asociados con la frecuente incidencia de robos de mercancía en tránsito en las carreteras de la entidad”, incluidas las supuestamente “súper seguras de cuota”, como el Circuito Exterior Mexiquenses, la Lechería-Chamapa y, desde luego, la México-Querétaro y México-Pachuca, además de la federal México-Texcoco.

Los políticos más vulnerables a los asedios del crimen organizado son justamente los locales, esto es, los que van a contender por las alcaldías. Y no es de ahora esa situación. Al menos desde hace 15 años se han venido detectando acercamientos de grupos criminales con políticos para que los primeros puedan gozar de impunidad en su actuar, coptando a éstos o de plano recurriendo a la amenaza abierta o al asesinato de familiares en caso de no ceder (ya sucedió en Coacalco, por ejemplo).

La zona más visible de estos movimientos ha sido el Sur de la entidad (en fechas recientes, Texcaltitlán no hubieran sido posible sin el concurso de las autoridades municipales, como tampoco la masacre de policías estatales y ministeriales en Coatepec Harinas en marzo del 2021, por citar dos casos).

Pero eso sucede en buena parte del Estado de México, como lo ya mencionado en el Valle de México con el robo de transporte de mercancías y de carga y otros ilícitos (“cobro de piso”, extorsión, secuestro, etc.) que incluye la llamada Zona Oriente.

Ante ello, bien harían los representantes de las distintas fuerzas políticas, y sobre todo los candidatos y candidatas, en no dejarse llevar por el “canto de las sirenas” con posibles votos corporativos del crimen organizado, pues con ello no sólo pierden ellos, sus familias, sino las instituciones, la seguridad de miles de familias y la democracia.

Los “operadores quedabien” nunca faltan en los institutos políticos, incluso en los gobiernos. Además de zalameros, a veces se presentan como inocentes ovejas, incapaces de  romper nada, pero han venido creando serios problemas. En Morena los conocen; también en el PT, en el PVEM, en el PRI, en el PAN y en el PRD. Esos son más peligrosos que los delincuentes en sí. 

Para decirlo en la jerga criminal, “ponen” a los candidatos y candidatas, por eso en parte los asesinatos. Se está viendo en el país.

Ojalá el gobierno federal y el estatal no sólo garanticen un proceso pacífico, sino que brinden protección en donde es más que visible la actuación del crimen organizado y donde las y los candidatos son más vulnerables.