***El régimen laboral de excepción no es homogéneo ni en los órdenes federal, estatal y municipal, ni entre las entidades: estudio IBD

Valle de México, a 18 de junio del 2024. A nivel nacional sólo cuatro gobiernos estatales otorgan las seis prestaciones laborales mínimas a más del 50 por ciento de los elementos policiacos, esto conforme al Modelo Óptimo de la Función Policías, donde el Estado de México se ubicó en el último lugar en ese rubro, con solo una prestación laboral mínima, puesto que compartió con Chiapas, Quintana Roo y Chihuahua.

El Instituto Belisario Domínguez (IBD), del Senado de la República difundió una nota estratégica denominada “Algunos aspectos sobre las prestaciones laborales de los elementos policiales en México”, en la cual se identificó que “el régimen laboral de excepción para los elementos policiales ha generado que la regulación de sus prestaciones laborales se encuentre dispersa en diversos ordenamientos, aspecto que ha limitado su garantía y la falta de homogeneidad de éstas en los tres órdenes de gobierno y entre las entidades federativas”.

Según la nota, de acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal, en 2022 sólo cuatro entidades federativas otorgaron las seis prestaciones laborales mínimas -establecidas por el Modelo Óptimo de la Función Policial- a más del cincuenta por ciento de sus elementos policiales”.

Detalló que “en México, el sistema normativo ha creado un régimen laboral de excepción para los elementos policiales, es decir, su relación laboral con el Estado es una relación administrativa y no una relación laboral ordinaria, como la de otros servidores públicos”.

Por ello, remarcó que la consecuencia es una regulación dispersa en varios ordenamientos y las prestaciones no son homogéneas en los tres niveles de gobierno.

Hay que mencionar que en el Estado de México hay 20 mil 112 personas adscritas a las instituciones de seguridad pública estatal, de las cuales 16 mil desempeñan labores de seguridad, principalmente Prevención (14 mil 338), 1,788 para “Reacción”, 794 de investigación y ninguno de Proximidad Social, según el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2022 (INEGI).

Pero la cantidad de elementos en territorio mexiquense supera los 45 mil si se considera a los más de 23 mil que corresponden a los 125 ayuntamientos, esto con datos del gobierno estatal y del INEGI.

En el documento del IBD se realizó una revisión sobre la regulación normativa de las prestaciones laborales de los elementos policiales, de las prestaciones otorgadas por las instituciones de seguridad pública estatal a sus elementos y las propuestas legislativas en la materia. (Se puede consultar aquí).

Y recordó que el 30 de agosto de 2017, el Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó el Modelo Óptimo de la Función Policial (MOFP) con el objetivo de fortalecer las policías preventivas de las entidades federativas (DOF, 4/10/2017).

“El MOFP establece que los gobiernos estatales deben proporcionar a todos sus elementos policiales preventivos seis prestaciones laborales mínimas para garantizarles estabilidad, seguridad e igualdad de oportunidades en el empleo. Estas prestaciones son (SEGOB, 2018):

Pues bien, sólo los estados de Guerrero, Jalisco, Nuevo León y Yucatán favorecen a sus policías hasta con seis prestaciones laborales mínimas, aunque en el estudio se hizo referencia a las iniciativas aprobadas el año pasado para que se establezca “De forma expresa, que los integrantes de las instituciones de Seguridad Pública deban contar con las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado”.

También, que “Que los integrantes de las instituciones de Seguridad Pública tengan derecho a recibir atención médica en caso de lesión en cumplimiento de su deber, siempre y cuando sea un caso de extrema urgencia o gravedad, en la institución de salud más cercana al lugar donde se produjeron los hechos, y…

“De forma expresa, que todas las entidades federativas cuenten con una ley que instrumente los SCSS”.

“Posteriormente, el 21 de marzo de 2024 se aprobó por unanimidad el Dictamen referido en el pleno del Senado de la República y se remitió a la Cámara de Diputados para que lleve a cabo su función como cámara revisora”.