Por Eduardo Ibarra Aguirre

La adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa implica una reforma constitucional que está contemplada en el paquete de las 20 iniciativas de ley que envió el presidente Andrés Manuel al Congreso de la Unión el 5 de febrero pasado, lo que se conoce como Plan C, mismo que recibió un espléndido respaldo ciudadano en las urnas el 2 de junio al otorgarle a los legisladores de la Cuarta Transformación la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, los colocó a dos escaños de obtenerla en el Senado y la virtual presidenta electa, Claudia Sehinbaum, con una votación sin precedente en la historia de la nación.

Justo Sheinbaum Pardo desde la semana pasada, durante la segunda gira que realiza con López Obrador, formuló definiciones que, dice, no son nuevas pero sí desconocidas sobre la presunta militarización de México, y que aportan al debate que no acaba de comenzar o bien estuvo influido por la obsesión del neoconservadurismo y de Movimiento Ciudadano de bloquear con una “huelga legislativa” cualquier empeño reformador de la ley de leyes. Para no hablar del despropósito de travestirse en críticos intransigentes de la militarización cuando aplaudieron como focas –con todo respeto a estos bellos animales– o guardaron cómplice silencio desde la dictadura mediática aceitada con pautas publicitarias, ante la selectiva “guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón, merced a los pactos de Genaro García Luna con Joaquín Guzmán Loera.

Para la científica que gobernará México –por lo visto al parlanchín de Jorge Álvarez Máynez le urge que ya lo haga sin reparar en estipulaciones constitucionales–, la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional “no es militarización”, pues esa dependencia “no dictará la política de seguridad, la cual seguirá a cargo de la Presidencia de la República”.

Otro argumento digno de ponderar es que la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que encabeza Rosa Icela Rodríguez y quien será sustituida por el estigmatizado Omar García Harfuch, mantendrá la coordinación de la estrategia nacional en esta materia y su gobierno buscará que la Fiscalía General de la República se integre al gabinete de seguridad, tal y como lo hizo en la Ciudad de México, mas será indispensable que no se omita la naturaleza autónoma del órgano que encabeza Alejandro Gertz Manero.

Adelantó la doctora Claudia que la política de seguridad de su gobierno consistirá en la atención a las causas –igual que AMLO–, “tener más y mejor Guardia Nacional, inteligencia e investigación y coordinación entre las instituciones”.

Para explicar con claridad subrayó: “Nosotros construimos paz, no hacemos la guerra, esa es la gran diferencia (Felipe) Calderón decidió hacer guerra con una irresponsabilidad enorme. ¿Quién declara la guerra en su propio país? Guerra quiere decir permiso para matar; son condiciones de excepción. Nosotros estamos totalmente en contra del autoritarismo; construimos paz y seguridad a partir de la justicia en el más amplio sentido de la palabra; justicia social y sistema de justicia que nos permita disminuir la impunidad”. Interrogante y permiso que colocan el tema en su justa dimensión.

También dejó en claro la pregunta de si una mujer podría ocupar la titularidad de la Sedena y la Secretaría de Marina y los impedimentos son muy simples, de escalafón y de reglamento, las designaciones recaen en personas con grado de almirante y general de división, los que todavía no tiene ninguna mujer.

Acuse de recibo

Testimonio de Elba Pérez Villalba. “10 de junio de 1971, hace 53 años, tuvo que ver con la lucha estudiantil de la Universidad Autónoma de Nuevo León contra la imposición de la Ley Orgánica, aprobada por el Congreso del estado, en donde las organizaciones patronales adquirían facultades para gobernarla. Además de que el rector propuesto era un coronel del Ejército, Arnulfo Treviño Garza y comenzó la movilización de solidaridad. Varias huelgas estudiantiles, en diferentes universidades fueron por impulsar la reforma universitaria, modificar los contenidos de la enseñanza, la forma de participación de los estudiantes, la organización estudiantil, la legislación, en fin, estuvieron en el ámbito de la vida estudiantil, político-académica. Los Comités de Lucha que se formaron en las instituciones de educación media y superior en el 68, se transformaron ya con menos fuerza. Fue así como se conformó el Comité Coordinador, en 1969. El Co Co organizó la manifestación del 10 de junio, misma que no permitieron seguir el curso que habíamos acordado; fue desviada por un lado de la Normal, ‘encajonada’, y así fue más fácil reprimirla. Recuerdo a algunos de los camaradas de la JCM y PCM que marcharon en los contingentes, ya fallecidos en años posteriores: Paulo Sheinvart Akzelrad, Juan Andrés Mora Vargas, Sergio Carrera Bolaños, Miguel Ángel Mora Vargas, los hermanos Sandoval Ramírez-Cuauhtémoc y Pablo. ¡Gloria a ellos!”

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Nota: con este texto damos la más cordial bienvenida en Monitor Financiero al periodista y escritor Eduardo Ibarra Aguirre, a quien agradecemos su generosidad para difundir sus columnas en este espacio