Por Jesús Delgado Guerrero

Para el próximo año los gobiernos estatales y municipales dispondrán de menos recursos provenientes del Gasto Federalizado. El Proyecto de Presupuesto de Egreso de la Federación del 2025 propone transferir a los gobiernos subnacionales algo así como 2 billones 633 mil 281 millones 400 mil pesos, lo que significa un decremento de 1.2 por ciento, en términos reales, respecto de los aprobado para el vigente ejercicio fiscal.

La Secretaría de Hacienda no quiso meter calambres a los estados y municipios, ofreciendo un panorama casi terso respecto del Gasto Federalizado, para lo cual contó con el apoyo (¿complicidad?) de casi todos los medios de información, especializados o no.

Pero el hecho es que las Participaciones, que son el componente más amplio y cuyos recursos son de libre disposición, ciertamente crecerán 1.8 por ciento, aunque las Aportaciones, esto es, el gasto etiquetado para fines específicos, se reducirán 4.8 por ciento.

La disminución del Gasto Federalizado obedece a que el gobierno federal absorberá más de 42.5 por ciento del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) para solventar el programa IMSS-Bienestar, lo cual se traduce en casi 60 mil 074 millones de pesos menos para las entidades.

Eso es muy grave, pero peor es el hecho de una mayor centralización pues los gobiernos subnacionales quedan más inmovilizados de lo que ya están. Esto quiere decir que la política de “estirar la mano” se va a fortalecer en vez de atenuar, y que todo dependerá de lo que haga o deje de hacer “papá gobierno”, de que no se caiga la recaudación y de que el SAT siga apretando tuercas donde haga falta, esto mientras no se lleve a cabo una necesaria y profunda reforma fiscal donde los que más tienen, más paguen.

Es sabido que los presupuestos de los gobiernos estatales dependen casi en 89 por ciento de los recursos que les transfiere el gobierno central vía gasto Federalizado (además de Participaciones y Aportaciones, están los fondos por Convenios de Descentralización, muy menores a los primeros pero también de varios miles de millones de pesos, y otro de Salud Pública, casi testimonial en muchos casos), y con esta reducción es posible que los gobiernos se vean obligados a recurrir a un mayor endeudamiento, a sacrificar programas sociales o de infraestructura antes que a cobrar impuestos en forma adecuada y suficiente, por lo menos para pagar su nómina.

La austeridad, republicana o franciscana, cierta o maquillada, también tiene límites. Y ya se está llegando a ellos.

Vienen tiempos de “vacas flacas”, más de lo que ya se ha registrado, y los estados y municipios tendrán que hacer maromas para atender una gran cantidad de demandas de la población, expuestas en un sinfín de documentos (principalmente en las encuestas del INEGI), donde lo mismo se exige atender vialidades primarias, secundarias y calles (totalmente destrozadas), que ofrecer servicios de salud, introducción de infraestructura hidráulica, suministro de agua, energía eléctrica, alumbrado público, entre otros.

Lo anterior, además del tema de seguridad, con el combate al crimen común y al organizado, con asaltos, extorsiones y secuestros a la orden.

¿Qué van a hacer los estados y municipios frente a la disminución de recursos federales? ¿Se van a seguir endeudando o quejando del Pacto Fiscal, o por fin van a comenzar a hacer su chamba, esto es, a cobrar impuestos como se debe, ampliando su base tributaria, dejando atrás su “pereza fiscal” o “clientelismo hacendario”?

Una de las características más perniciosas del Pacto Fiscal es ese “paternalismo” que impide a los gobiernos subnacionales asumir los costos políticos resultantes de cobrar impuestos y derechos. 

Con tal de buscar asegurar su permanencia en el poder, los gobiernos locales de todos los partidos políticos se echan a la hamaca hacendaria  o se endeudan para no incomodar a sus clientes electorales, en vez de impulsar una cultura de pago que, obvio, se tendría que ver correspondida con una mejor prestación de servicios públicos, en muchos casos inexistente.

Por lo menos para el próximo año y conforme a lo previsto en el proyecto de presupuesto federal, no habrá una sacudida al sistema fiscal, tan necesaria. Habrá que esperar a que el agua llegue al cuello para que eso suceda. No falta mucho para eso.