***Elevada dependencia de recursos federales

Valle de México, a 20 de febrero 2022.- En tanto el gobierno del Estado de México debe aclarar la aplicación de 75 millones 200 mil pesos provenientes del gas federalizado, siete municipios y universidades  mexiquenses tendrán que hacerlo por un monto de 181 millones de pesos y 53 millones 600 mil pesos, respectivamente.

Lo anterior, de acuerdo con el Informe General de la Cuenta Pública correspondiente al año 2020, difundido hoy por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), donde dio a conocer los montos totales observados y por aclarar en relación con los principales componentes del gasto federalizado, es decir, los recursos transferidos a estados y municipios vía Aportaciones (gasto programable) y Participaciones (gasto no programable o de libre ejercicio).

Por un lado, la ASF informó que en 2020, año marcado por la pandemia estos recursos ascendieron a Un billón 955 mil 684 millones de pesos y representaron el 32.6 por ciento del gasto neto total federal (6 billones 007 mil 719 millones 300 mil pesos, “por lo que una proporción significativa del gasto de la Federación es ejercido por esos gobiernos locales”. 

Según el reporte, en el periodo 2000-2020 el gasto federalizado representó, en promedio, el 33.6  por ciento del gasto neto total, con un máximo del 35.5  por ciento en 2017 y un mínimo de 29.8  por ciento en 2009. 

Agregó que en la revisión de la Cuenta Pública 2020 a los recursos del gasto federalizado programable, el monto observado fue de 21 mil 190 millones 300 mil pesos, del cual 1,753 millones 200 mil pesos, es decir, el 8.3 por ciento, corresponden a recuperaciones operadas y 19 mil 437 millones 100 mil pesos, es decir, el 91.7  por ciento, integran el monto por aclarar.

Reducida captación de ingresos propios

En el informe, la ASF hizo ver que “la elevada dependencia de los ingresos de las entidades federativas y los municipios, respecto de las transferencias federales se debe, en el primer caso, a la insuficiente disponibilidad de fuentes de ingreso propias, así como al inadecuado aprovechamiento de las existentes”. 

“En el caso de los municipios, se debe, en parte importante, al insuficiente aprovechamiento de sus fuentes de ingreso propias, principalmente el impuesto predial, cuya recaudación es muy reducida, respecto de su potencial recaudatorio”, agregó. 

Destacó que “En México, el impuesto predial significa alrededor del 0.3  por ciento del PIB, mientras que el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es del 1.9  por ciento y del 0.8  por ciento en América Latina. En un gran número de municipios la pobreza de sus habitantes limita las posibilidades del cobro de ese impuesto”.

“Cabe mencionar que, en los municipios de usos y costumbres, la población aporta de manera importante trabajo comunitario, en obras y acciones de beneficio para toda la comunidad, lo cual constituye en cierto sentido un impuesto social que, aunque no esté cuantificado, debe considerársele en las valoraciones respecto de los ingresos propios de los municipios que presentan ese proceso participativo”, resaltó el documento. 

“En 2020, el 94.2 porciento del gasto federalizado programable correspondió a gasto social; asimismo, esos recursos representaron el 28.9  por ciento del gasto social de la Federación”. 

Estado de México y Municipios

En el caso específico del Estado de México, las autoridades estatales deben aclarar70 millones 200 mil pesos correspondientes al gasto programable; siete municipios lo tiene que hacer respecto de 24 millones 600 mil pesos y las universidades por 53 millones 600 mil pesos

En el caso del segundo componente del gasto federalizado (Participaciones(, el gobierno del Estado de México debe aclarar 5 millones 800 mil pesos, mientras que cinco municipios deben hacer lo correspondiente con 156 millones 700 mil pesos.

Los casos más elevados en Participaciones son Ecatepec (97 millones 100 mil pesos), Chimalhuacán (43 millones 900 mil pesos); Cuautitlán Izcalli ( 7 millones 600 mil pesos); Valle de Chalco: (7 millones de pesos); Coacalco (600 mil pesos); Jiquipilco (300 mil pesos) y Chalco (200 mil pesos)

De acuerdo con el informe, en la revisión de los montos a comprobar por entidades federativas, municipios y universidades, se detectó: incumplimiento en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios ; falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales; falta de comprobación de los recursos para los fines que fueron establecidos en la normativa; incumplimientos en materia de servicios personales; inadecuada integración, control y resguardo de  expedientes; incumplimientos en materia de obra pública y servicios; deficiencias en el procedimiento de adquisición o adjudicaciones fuera de norma y falta o inadecuada aplicación de penas y sanciones por incumplimientos.