***Es evidente que la actual normatividad no responde a las condiciones existentes y no es suficiente: Jezabel Delgado

***Nuevo ordenamiento, para salvaguardar intereses de las personas migrantes, sin discriminación y respeto a sus derechos humanos

Valle de México, a 1 de marzo de 2022.- La actual Ley de Apoyo a Migrantes del Estado de México no responde ya a las condiciones prevalecientes y no es suficiente, consideró la legisladora Lourdes Jezabel Delgado Flores, de Morena, ante lo cual se hace necesario crear un nuevo ordenamiento para salvaguardar los intereses de las personas que son parte del fenómeno migratorio, sin discriminación, ni criminalización y con pleno respeto a sus derecho humanos.

La representante popular presentó una iniciativa con proyecto de decreto, a nombre del grupo parlamentario de Morena, para abrogar la Ley de Apoyo a Migrantes del Estado de México y sustituirla por la Ley de Apoyo y Atención a las Personas Migrantes para el Estado de México, afirmando que es válido que en el ámbito local se reconozca que se debe generar un marco especial de actuación frente a estas personas, sin que ello implique incidir en su estatus migratorio o interferir con las actividades de las autoridades federales que establece la Ley de Migración.

Mencionó que esta población se enfrenta a la problemática de las detenciones migratorias y las flagrantes violaciones a sus garantías en las estaciones de migración, aunado a las afectaciones en el ejercicio de sus derechos humanos, desapariciones, en el acceso a servicios públicos y sus prerrogativas laborales, porque México se caracteriza por ser un país de origen, tránsito, destino y cada vez en mayor medida de retorno de migrantes y en años recientes, las “caravanas migrantes” integradas por personas forzadas a alejarse de las condiciones de violencia, inseguridad, crisis ambiental y pobreza.

La diputada afirmó que es claro que la Legislatura está constitucionalmente autorizada para expedir una ley para apoyar y atender a los migrantes, por lo que documentó la viabilidad de la nueva normatividad, y en síntesis, la propuesta de ley consta de cinco capítulos: en primer lugar, establece las disposiciones generales que determinen la obligatoriedad del ordenamiento, el ámbito espacial y personal de aplicación de las normas que lo componen, y los objetivos específicos que tiene la legislación, que guiarán la aplicación, interpretación y desenvolvimiento de este instrumento en beneficio de las personas migrantes. 

Detalló que en el segundo capítulo se establece el reconocimiento de los derechos humanos de las personas migrantes y las correspondientes obligaciones de las autoridades del Estado de México para promover, respetar, proteger y garantizar sus prerrogativas fundamentales de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y multiculturalidad, con énfasis en la obligación que tenemos todas las personas de no discriminarles por ningún motivo; se incluye un catálogo de derechos de las personas migrantes.

Explicó que el tercer capítulo regula la distribución de competencias de las autoridades en el estado y pormenoriza las atribuciones específicas que tiene el Ejecutivo local y los ayuntamientos, así como otras autoridades que tienen incidencia relevante en la vida cotidiana de las personas migrantes, tales como la Fiscalía General de Justicia y la Comisión de Derechos Humanos.

En el pleno, expresó que en los capítulos cuarto y quinto se establecen las medidas de apoyo a las personas migrantes internas e internacionales, respectivamente, en los cuales se diseñan los programas, políticas e instrumentos que deberán generar e implementar las autoridades, en los ámbitos de su competencia, en beneficio de este sector poblacional, en razón de los rubros más importantes que inciden en el ejercicio de sus derechos dentro del territorio mexiquense.

Comentó que se propone incluir un sexto capítulo en el que se prevé un régimen de sanciones para las autoridades que incumplan con las obligaciones que establece la legislación, el cual realiza una remisión a la ley en materia de responsabilidades administrativas del Estado, en aras de conservar el régimen existente en nuestro orden jurídico en esa materia y no generar incertidumbre jurídica para los operadores jurídicos de la ley.

Previamente, la legisladora sostuvo que México ha sido de los países que cuentan con mayores incidencias relacionadas con el fenómeno migratorio; fue el segundo con el número más alto de migrantes residentes en el extranjero, con 11.8 millones de personas ,y también ocupó el tercer lugar en cantidad de países receptores de remesas durante el 2018, que sumaron alrededor de 35 mil 700 millones de dólares provenientes de los Estados Unidos.

Hay que mencionar que nuestro sigue ocupando el tercer lugar en envío de dólares por parte de mexicanos residentes en el exterior, detrás de a India y de China, y el año pasado superó los 51 mil millones de dólares.

En tanto, el Estado de México está entre las cinco entidades con mayor recepción de remesas familiares, y el año pasado rebasó los 3 mil 145 millones de dólares, muy por encima de los 2 mil 415 millones de dólares captados durante el 2020, año marcado por la pandemia.