***La golpearon en estado de embarazo

A casi un año del desalojo de 11 mujeres, 2 hombres y 7 niños de la visitaduría general con sede en Ecatepec de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) Erika Flores Gutiérrez, una de las afectadas presentó una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y solicitó el apoyo de la oficina del Alto Comisionado de la ONU, inconforme con la respuesta que ha recibido hasta ahora por parte de las instancias federal y estatales involucradas en este caso.

Flores Gutiérrez, representante de la Fundación Iris A.C., afirmó en entrevista que durante el desalojo ocurrido el 11 de septiembre del año pasado, ella estaba embarazada y los golpes que recibió por parte de policías ministeriales de la Fiscalía mexiquense le provocaron que su parto se adelantara, y que ahora su hija Nicte, de 11 meses de edad, presente serios problemas de salud.

Aseveró que la recomendación emitida por el primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Paolo Guiseppe, a la Codhem, no tomó en cuenta la tortura de que fueron víctimas en las instalaciones de la FGJEM con sede en Atizapán de Zaragoza, ni el exceso de fuerza con el que las desalojaron, ni tampoco el resguardo al que tenían derecho los 7 menores de edad, ni mucho menos la figura de maternidad de infancias, por estar ella en cinta.

Denunció que por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM) su titular Carolina Alanís Moreno, se ha negado a reconocer como víctimas a los siete menores que se encontraban en el inmueble el día del desalojo, además de que ella perdió desde el mes de diciembre pasado las medidas del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.

Explicó que tuvo que buscar refugio en otro lugar, debido a que en el lugar donde residía en el Estado de México llegó un grupo de hombres armados que ejecutaron a los vigilantes de la unidad porque no los dejaron entrar, “me dio mucho miedo porque preguntaron por mi, y preferí irme de ahí, por mi seguridad y la de mis hijos”.

Sobre las secuelas que hoy presenta su hija menor Nicte, como consecuencia de los golpes que recibió ella la madrugada del 11 de septiembre, sostuvo que los médicos que la atienden le dijeron que puede presentarse en la niña una discapacidad a lo largo de su vida, pues los daños por ahora son incuantificables, por lo que periódicamente deberá ser valorada cada mes por un pediatra, por un oftalmólogo (por el quiste de agua que se formó atrás de uno de sus ojos) por un neurólogo, y cada cuatro meses por un neurocirujano.

Lamentó que a los servidores públicos que han sido empáticos y que le han demostrado su solidaridad, como la maestra Dora Ramírez, ex titular de Províctima de la CNDH, el gobierno federal y el del Estado de México los han despedido o removido de sus cargos, y exigió justicia para su hija Nicte, y para los menores víctimas que tiene en custodia.