Por Jesús Delgado Guerrero

El gobierno de la autodenominada “Cuarta Transformación” ha tenido que salir al paso con medidas totalmente antipopulares para los autoproclamados “antipopulistas” (de credo neoliberal), y en esa forma procurar contrarrestar los nocivos efectos económicos provocados, primero, por la pandemia Covid-19 como consecuencia del inédito choque oferta-demanda y, segundo, por las implicaciones del conflicto bélico Rusia-Ucrania que han originado el alza  de los precios del petróleos y con ello el de los combustibles.

Una de esa medidas de la 4T ha sido justamente aplicar estímulos fiscales a las gasolinas para, como se dice, no echarle más combustible al fuego (marcadamente, la inflación) y evitar que productores, especuladores y otros dispongan del argumento perfecto para aumentar todavía más los precios de los productos de consumo cotidiano.

Esto ha molestado a los adictos al neoliberalismo y a los adversarios del gobierno federal, que de plano han descalificado, “maquillado” o han intentado ocultar esta acción. En la paranoia, han visto una truculenta maniobra populista de cara a la consulta de revocación de mandato para no perder adeptos (nada más falta que se diga que el Presidente promovió la guerra Rusia-Ucrania para que se elevaran los precios del petróleo y de ahí todo los demás).

Estas posturas son pueriles pero no esconden lo esencial: de lo que se trata es, primero, de hacer profesión de fe neoliberal:

Los únicos subsidios permitidos son para depredadores de la industria eléctrica, petroleros, bancos y los “salvatajes” correspondientes (en efecto, son “rescates salvajes” tipo Fobaproa -hoy IPAB- con cargo al erario público) y otros episodios, entre ellos el permanente subsidio de impuestos (no pagarlos, con el pretexto de invertir, así sea en paraísos fiscales o donde haya tasas tributarias casi ridículas) al club del “1 por ciento”

Y, segundo, repudiar conforme a la teología de Alfred Von Hayek y Ayn Rand cualquier medida que favorezca, en alguna forma, a la vapuleada economía de las familias, más si esta proviene del petróleo, con los excedentes que se van a tener por el aumento en el precio del barril debido a la rijosidad rusa y ucraniana.

Y es que en otros tiempos, muy cercanos, los excedentes petroleros podían despilfarrarse en gasto corriente, esto es, inyectar para pagar nómina de funcionarios, compra de bienes (todo el equipamiento y el material necesario) y aquellos servicios que se consideran supuestamente imprescindibles para realizar las funciones administrativas.

En otras palabras, era para solventar la operatividad de toda una adiposa sinecura oficial, llamada burocracia, o para canalizarlos a gobiernos estatales ladrones u holgazanes en el cobro de impuestos locales, así como a todo el aparato de propaganda, tanto oficial como privado.

Lo cierto es que desde que el pescador Rudesindo Cantarell Jiménez descubrió en Campeche un yacimiento de petróleo en 1971, la “administración de la abundancia” ha sido un lamentable y brutal despilfarro, muy acusado sobre todo durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón.

Nada más recordar que durante el sexenio foxista la dependencia petrolera en las finanzas públicas fue mayúscula: Pemex pagó al fisco una tasa efectiva de impuestos del 76 por ciento de sus ventas totales. Obvio, el 75 por ciento del gasto público se destinó a gasto corriente (salarios, operación del aparato burocrático, etc.), el cual pasó de 10.5 por ciento del PIB (705 mil 485 millones de pesos) a 12.6 por ciento del PIB (Un billón, 338 mil 428 millones de pesos).

Con Felipe Calderón la cosa fue todavía peor en el manejo de los excedentes petroleros: el gasto corriente se disparó de 12.6 por ciento del PIB (Un billón 338 mil 428 millones de pesos) a 14.9 por ciento del PIB (2 billones 360 mil 695 millones de pesos) y, más, dejando a Pemex muy endeudado y convertido en una chatarra, sin tecnología y puro dirigente sindical saqueador y grillo.

En suma, en ese sexenio se allanó el camino con la paraestatal casi lista para ser “vendida” conforme a los cánones neoliberales, lo cual sucedió luego con Enrique Peña Nieto y su sobornada “reforma energética”, hoy a punto de ser revertida justo por esa entrega no tan desinteresada como venal.

Para decirlo pronto, del año 2000 al 20212 se tiraron a la basura  2.5 billones de pesos por excedentes petroleros (y la burocracia aumentó de 24 mil a 48 mil empleados en Pemex, de acuerdo con un reportaje de Proceso -30-Sep-2018-).

Entonces todo era felicidad y el futuro era más que prometedor porque los recursos petroleros se estaban aplicando donde más se necesitaban, según los gobiernos y sus órganos de fonación. Ya se vio que no.

Ahora se está anunciando que una parte de los excedentes por los altos precios del petróleo se van a destinar a subsidiar el precio de las gasolinas (que por cierto se tienen que importar debido al desmantelamiento neoliberal de Pemex para subastarlo a precio de tianguis). 

Y sí, por ley una parte de esos fondos debe distribuirse entre gobiernos estatales y municipales, pero también se pueden canalizar a otros rubros, como es el caso de las gasolinas.

Este es el encabritamiento, incluidas condenas por supuestas posturas socialistas y hasta comunistas que los adversarios de la 4T no han dudado en expresar.

Lo destacable aquí es que no hay poses. Y a falta de ideas o, más bien, ante la notable intoxicación ideológica por una teología económica depredadora, se recurre a paranoias, a descalificaciones, a minimizar  o tratar de ocultar lo obvio (una simple medida contra la inflación), haciendo ostentación de panfletarios estribillos (!no, a populismos!, !el comunismo y otros diablos nos amenazan!, etc.,) sin procurar, primero, una necesaria desintoxicación y luego una critica y propuesta alternativa serias, viables. 

Quizás por esto los otros hasta se permiten el lujo de fabricarse sus propios adversarios, comediantes incluidos.