Por Vidal Ibarra Puig[1]

El INEGI nos informó hace algunos días que, en febrero de 2022, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una variación de 0.83% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual (febrero 2021 a febrero de 2022) se ubicó en 7.28%. En el mismo mes de 2021, la inflación mensual fue de 0.63% y la anual (febrero de 2020 a febrero de 2021) de 3.76%.

Nos señala el INEGI que el índice de precios subyacente tuvo un aumento de 0.76% mensual y de 6.59% anual (la inflación subyacente se obtiene eliminando del cálculo del INPC los bienes y servicios cuyos precios son más volátiles, o bien que su proceso de determinación no responde a condiciones de mercado; así, los grupos que se excluyen son agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por distintos órdenes de gobierno, las cuales se incluyen en la inflación No subyacente). En el mismo periodo, el índice de precios no subyacente creció 1.04% a tasa mensual y 9.34% a tasa anual.

Como señaló una importante revista de negocios ¿está la inflación fuera de control?

Si revisamos en el comunicado del INEGI los causantes de la inflación, vemos que la incidencia más fuerte viene de los Alimentos, Bebidas y Tabaco, así como de las Frutas y Verduras, en la inflación subyacente la primera, y en la no subyacente la segunda ¿qué quiere decir esto?

A nuestro juicio, hay un doble problema. Por un lado, los aumentos salariales de los tres últimos años dieron un fuerte tirón por el lado de la demanda, lo cual presionó los precios de los bienes más demandados, como son los bienes básicos; y, en segundo lugar, la crisis llevó al cierre de muchas empresas precisamente en este sector, o bien se les quitaron apoyos para dar ese dinero como apoyos sociales (becas y otros), a la población. De esta manera, al darse el tirón de la demanda por los aumentos salariales, la oferta es incapaz de satisfacer esta nueva demanda y ahí está la presión sobre los precios. Ley de la Oferta y la Demanda.

Esto ha llevado a que, de acuerdo con el enfoque del Banco de México para frenar la inflación, haya decidido incrementar su tasa de interés de referencia (la Tasa de Interés Interbancario de Equilibrio a un día, la TIIE) a 6.5 por ciento, medida anunciada no por el banco central, sino por el presidente, quien ha demostrado una vez más que quiere (y está logrando) una mayor concentración del poder en su persona, con todos los riesgos que ello implica, como fueron en su momento las crisis de 1976, 1982 y los ochentas del siglo pasado (por cierto ¿cuánto habrán ganado los banqueros por este anuncio anticipado del movimiento al alza de las tasas de interés?, en otras palabras, por este manejo de información privilegiada).

Creemos que el enfoque del Banxico en este momento para frenar la inflación no es el correcto: no es un problema de exceso de circulante y empresas trabajando al pleno empleo lo que provoca la inflación; sí es un exceso de circulante, pero no hay oferta por el cierre de empresas, no por capacidad ociosa, sino porque no hay quien produzca esos bienes.

Por otro lado, el Banxico está forzado a aumentar su tasa de interés pues la Fed está haciendo lo propio, y si nuestro banco central no aumenta la suya, seguirán saliendo los capitales, como lo han venido haciendo y lo hemos señalado en nuestras notas anteriores.

Es de notar que la actividad económica reporta un ligero aumento según el INEGI, pero las expectativas de confianza del sector empresarial continúan a la baja, y así lo demuestra la baja inversión.

Desde nuestro punto de vista, parte de esta desconfianza empresarial se deriva de la violación reiterada de la ley, en diversos ámbitos, por parte del ejecutivo e incluso por parte del poder legislativo. El ambiente de negocios se enrarece y la competitividad del país se verá afectada por el mal ambiente político que se genera en el país por esta violación de las leyes, por parte precisamente de quien debería ser el primero en respetarlas: el poder ejecutivo.

En este contexto, el reciente posicionamiento del PRI de que no avalará la propuesta de reforma energética que envió el ejecutivo, es un freno a lo que diversos analistas preveían como una violación a las leyes, en este caso las derivadas del cumplimiento del TMEC (antes TLCAN), que hubiera llevado a demandas de empresas extranjeras al gobierno mexicano, y que de perderse estos juicios, no los pagará la actual administración, sino las siguientes.

El ambiente económico está con claras señales de riesgo. Esperemos que el ambiente político deje de polarizarse, que se respete el estado de derecho, y así se pueda evitar una crisis como esas que no quisiéramos volver a vivir en el país.

Cuide su salud, cuide su dinero. Use cubrebocas, por favor.

[1] Doctor en Relaciones Económicas Internacionales por Sciences Po París; profesor en el Departamento de Economía de la UAM Azcapotzalco, viip@azc.uam.mx .