Por Vidal Ibarra Puig[1]
La inflación se ha convertido en un problema para el gobierno mexicano. Este elemento, que no es más que la expresión de una ley básica del mercado, la ley de la oferta y la demanda, puede ser también el resultado de un mal manejo de la política económica, y se comenzó a desarrollar en México desde mediados del año pasado, mucho tiempo antes del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.
Como decíamos, el alza de precios no es más que la expresión de una ley muy sencilla: la ley de la oferta y la demanda. Si hay mucha oferta y poca demanda, bajan los precios a fin de que se puedan vender las mercancías. Por el contrario, si hay mucha demanda y poca oferta, los precios tienden a subir dado que no existen artículos suficientes y las personas quieren tener esos productos, al precio que sea.
Esto último es lo que parece estar pasando en México. El cierre de empresas y el retiro de apoyos al sector agropecuario de los dos últimos años, llevaron a que la oferta de muchos productos disminuyera o tuvieran que aumentar sus precios, pues ante la falta de apoyos los empresarios debieron de ajustar sus precios a los niveles de mercado, pero tratando de recuperar lo invertido.
A lo anterior se suma otro efecto: los aumentos salariales tan altos, dados de golpe, sumados a los apoyos otorgados sin respaldo productivo (becas, apoyos de programas sociales), significan un aumento de dinero en manos del público (aumento del circulante dirían los economistas), que hace que aumente la demanda. Todos estos elementos se conjugan entonces para que haya un aumento en la demanda sin el correspondiente aumento de la oferta.
Consecuencia: los precios suben ante un aumento de la demanda pero poca oferta.
Y debe añadirse que también existe un componente importado de la inflación, pues los aumentos de los precios en EEUU, desde mediados del año pasado, se trasladan a los productos mexicanos, haciendo que los precios aumenten aún más. Esto se ha visto más fuerte a partir del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania: el petróleo, el gas natural (importamos el 90 por ciento del gas que se consume en el país) y otros han aumentado sus precios y eso presiona al alza a los productos mexicanos.
En este contexto, hemos oído que el gobierno pretende instrumentar un control de precios.
Pero esta medida tiene sus riesgos. Veamos.
En primer lugar, como ya anotamos, no es un problema de voracidad de los empresarios: es un problema, desde nuestro punto de vista, de falta de oferta, es decir, de poca producción, y el control de precios, en lugar de estimular la producción, va a desestimular la fabricación o elaboración de ciertos productos.
Si lo que se pretende es controlar los precios de los productos agrícolas o agropecuarios en general, debe reconocerse en primer lugar que importamos grandes cantidades de maíz, en sus dos variedades, blanco y amarillo, así como de frijol, y gran parte de la soya que se consume en el país. Y los precios de estos productos no los controla el gobierno mexicano: son precios internacionales.
El control de precios generaría otros problemas como, los que ya han vivido Nicaragua y Venezuela: el mercado negro. Los mismos consumidores estarían dispuestos a pagar a los productores o distribuidores una cantidad adicional por encima del precio controlado de un producto, con tal de tenerlo, ya se trate de jabón, alimentos, o lo que sea.
Se generaría además una inflación reprimida, no reconocida por el mercado, pero que llevaría muy probablemente a la creación de dos mercados y a dos precios: el oficial y el del mercado libre.
En resumen, en las condiciones actuales, un control de precios corre el riego de desestimular la producción, el surgimiento de diversos tipos de mercado negro, inflación reprimida y descontento social al disminuir aún más la producción ate la falta de estímulos para producir.
Se deben estudiar muy bien las causas de la enfermedad llamada inflación antes de dar la medicina. No vaya a resultar peor el remedio que la enfermedad.
Por favor, cuiden su salud y cuiden su dinero. Usen cubrebocas por favor
[1] Profesor en el Departamento de Economía de la UAM Azcapotzalco.