***Tres secretarios de Alfredo Del Mazo involucrados en anomalías de la corporación de seguridad

***Durante décadas se han hecho pasar como ente público estatal, pero no aportan ni un solo peso a las arcas estatales

***Piden entregar reportes de ingresos y egresos de la corporación 

Valle de México, a 4 de mayo de 2022. Por unanimidad  integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito aprobaron el exhorto del diputado Ariel Juárez Rodríguez, para que el gobierno estatal informe a detalle sobre la operación de los Cuerpos de Seguridad Auxiliar del Estado de México  (CUSAEM), que se encuentra en un limbo legal, pues ofrece servicios de seguridad privada a empresas y dependencias y los 30 mil miembros de la corporación disponen de  seguridad social, pero no pagan aportaciones al ISSEMyM.

Juárez Rodríguez dijo que esa corporación de seguridad ha operado durante las últimas décadas en el limbo, es decir sin que nadie tenga la certeza si es una corporación pública estatal o una empresa privada, por lo que su existencia es absolutamente irregular.

El planteamiento del legislador morenista también propone que a CUSAEM se le debe exigir que informe y compruebe, en un plazo máximo de 10 naturales, el sustento jurídico que le permite operar en el territorio mexiquense, si forma parte de la estructura gubernamental, indicar de quién depende administrativamente y la fecha de creación con el acta constitutiva.

El representante popular de Morena explicó a sus compañeros legisladores que para entender las múltiples irregularidades en las que incurre CUSAEM, se debe dar un salto al pasado reciente de Alfredo Del Mazo y de sexenios anteriores como el de Enrique Peña, Arturo Montiel y César Camacho Quiroz, entre otros.

“Hasta el día de hoy pareciera que nadie ve, nadie oye, nadie escucha, nadie sabe, nadie conoce de un limbo legal en el que esta CUSAEM, expuso el representante popular.

Por ello, el punto de acuerdo requiere al titular de la Secretaría General de Gobierno Ernesto Nemer, al de Seguridad, Rodrigo Sigfrid Martínez-Celis Wogau, y al de Justicia y Derechos Humanos  Rodrigo Espeleta Aladro, para que informen a los diputados la naturaleza jurídica de esa corporación de seguridad que presta servicios a gobiernos y empresas particulares.

Al tomar la palabra, Yesica Yanet Rojas Hernández, diputada de Morena, se pronunció a favor de que los funcionarios del GEM precisen el estatus de CUSAEM, no sólo por la transparencia a la que están obligados a conducirse sino también por los altos niveles de inseguridad que aquejan a la población, por lo que todo aquello que abone a regular y mejorar la seguridad pública será positivo. 

El exhorto pide que los funcionarios estatales referidos esclarezcan de quién depende programática, administrativa y presupuestalmente CUSAEM, y a qué sistema de fiscalización se encuentran sujetos sus más de 30 mil elementos  y que presenten manuales de organización y protocolos.

“En caso de no contar con dichos documentos, ordene al CUSAEM cese de manera inmediata sus actividades hasta en tanto se defina la naturaleza jurídica de su creación, funcionamiento y rendición de cuentas sobre sus ingresos y egresos”, expresó Ariel Juárez.

Refirió que CUSAEM opera con diferentes razones sociales que nada tienen que ver con la que en teoría es su función, pues en algunos contratos a los que ha tenido acceso se puede leer que presta servicios como reparto materiales de construcción para la Secretaría de Turismo estatal, entre otros que no son acorde a su función. 

Citando un texto periodístico de la revista Proceso, Ariel Juárez mencionó que se puede vincular a Alfonso Navarrete Prida, ex Secretario de Gobernación en el sexenio de Enrique Peña Nieto, con CUSAEM.

El diputado precisó que un exsecretario particular y asesor de dicho ex funcionario federal en el anterior gobierno de la República, fue nombrado en 2019 en el cargo directivo más alto de CUSAEM, se trata de José Manuel Álvarez González, quien a la fecha sigue en funciones. 

Recordó que CUSAEM tiene una enorme deuda con ISSEMyM, es decir se les otorga servicio médico a sus elementos sin que éstos sean servidores públicos y de acuerdo con los titulares del mismo Instituto de Seguridad no pagan aportaciones por lo que tienen una deuda (1,800 millones de pesos) millonaria.

Otra irregularidad consiste en que las armas que portan sus elementos pertenecen a la policía estatal  y desde ahí se definen las posiciones de mando al interior de CUSAEM, pese a que no hay claridad si es una institución pública o privada.