***Es inconstitucional y deja fuera a industrias de jurisdicción federal, afirman

Valle de México, a 1 de mayo del 2022.- La Unión Industrial del Estado de México (UNIDEM) alertó de una posible escalada de amparos por parte de empresarios contra el impuesto ecológico en el Estado de México, que significará un gasto de al menos un millón de pesos anuales por las reglas de operación emitidas por el Gobierno del Estado, esto debido a la complejidad para el cálculo de impuestos y por ser inconstitucional pues deja fuera a las industrias de jurisdicción federal.

David García Antonio, presidente de la Comisión Jurídica de la agrupación industrial, explicó que la metodología para el cálculo mensual del impuesto por la emisión de gases contaminantes es compleja y las empresas no tendrán capacidad para ello, por eso se verán obligados a buscar asesoría especializada.

Por ello, llamó a la Secretaría de Finanzas a establecer sistemas claros para el pago y a implementar canales de atención a las empresas para el cumplimiento de esta obligación que entró en vigor en abril.

Adicionalmente, el presidente de la comisión Jurídica de la UNIDEM, que concentra las industrias más importantes de la entidad, advirtió que hay vicios de inconstitucionalidad en el impuesto ecológico porque excluyen a las empresas de jurisdicción federal.

Sostuvo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha determinado que, en materia de este tipo de impuestos, las entidades federativas pueden gravar a las fuentes emisoras municipales, estatales y federales, pero el gobierno estatal sólo grava las que no son de jurisdicción federal.

 “Si la razón del Gobierno del Estado es implementar mitigantes para mejorar el medio ambiente, no se justifica en esa medida exentar a las fuentes federales porque también inciden negativamente en el medio ambiente del territorio mexiquense”, expresó el representante de UNIDEM.

Comentó que, si ya de origen el impuesto ecológico generó reticencia en el sector empresarial, el hecho de que la Secretaría de Finanzas emita una metodología compleja para la fórmula del cálculo y pago, generará un gasto adicional y representará un reto administrativo, técnico y financiero.

David García Antonio advirtió que habrá muchos empresarios que se inconformarán con esta determinación porque si la finalidad es cuidar el medio ambiente de los mexiquenses, consideran que hay otras fuentes de contaminación en donde se podrían obtener esos beneficios inmediatos, sin incidir en la bolsa de las empresas que no viven un momento favorable por la contracción del mercado y los efectos de la pandemia.

Destacó que al menos unos 100 juicios de amparos podrían interponerse de manera particular por diversas empresas del giro de cartón, papel, fabricación de cerámica y del sector ante el Poder Judicial de la Federación en el Estado de México, inconformándose en contra del impuesto que entró en vigor el primero de abril, pero que tendrá los primeros actos de aplicación en las dos semanas siguientes.

“Desde el aspecto jurídico el tema es anticonstitucional, presenta complejidades técnicas y cargas financieras y técnicas, pero además creemos que hay otras medidas que pueden ayudar a contrarrestar los efectos negativos que tenemos en el ambiente”, remarcó.

La UNIDEM, como agrupación empresarial, apoyará a las empresas que decidan inconformarse e interponer amparos, pero también a las que decidan pagar el impuesto.

Prueba de ello, son las reuniones que han tenido con funcionarios estatales de las secretarías del Medio Ambiente y de Finanzas, así como los cursos para el llenado de la COI (Cédula de Operación Integral) que servirá de base para la cuantificación de las emisiones contaminantes.