***Se estima que hay poco más de 12 millones de migrantes mexicanos en Estados Unidos, de los cuales  4.1 millones son no documentados. De este grupo, 430 mil tienen la protección para residir y trabajar en Estados Unidos gracias a la Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA)

Valle de México, a 22 de enero del 2025.- El gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump “seguramente ejercerá una presión hostil contra los migrantes y repercutirá en su calidad de vida, pero habrá poco efecto en el volumen total de migrantes no autorizados en Estados Unidos ya que un programa de deportaciones masivas en una economía que se encuentra en una situación de pleno empleo tendría efectos recesivos e inflacionarios significativos”. 

Lo anterior fue difundido por la firma BBVA, en una nota firmada por Juan José Li Ng y Carlos Serrano, en la cual se consideró como de baja probabilidad una deportación masiva durante los próximos cuatro años, además de descartar afectaciones  importantes en el flujo de remesas a México.

La nota, titulada “Trump 2.0 Deportación masiva: un evento de baja probabilidad”, refirió que en el primer día de la nueva administración estadounidense, Donald Trump emitió al menos siete órdenes ejecutivas o proclamaciones respectó de asuntos migratorios, evidenciando la importancia del tema para ese gobierno.

Esas proclamaciones son: desplazamiento del Ejército y la Guardia Nacional en la frontera sur, uso de drones y colocación de barreas físicas, restringir fondos federales a “santuarios” que no cooperen con autoridades migratorias, crear centros de detención, negar ciudadanía a hijos e hijas de madres migrantes, reforzar y construir muro; reinstalar programa Quédate en México y concluir programa de amnistía humanitaria a igranters de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

El documento remarcó el discurso anti-inmigrante de Trump, quien ha afirmado reiteradamente que los migrantes “no documentados son responsables de muchos problemas  que hay en Estados Unidos (uso indebido de programas públicos, inflación, violencia, drogas, etc.), y muchos de  sus simpatizantes así lo creen, si bien múltiples estudios muestran que los migrantes cometen menos crímenes  que la población nacida en Estados Unidos (Abramitzky et al., 2023). Su solución: una deportación masiva de  migrantes no documentados”.

Al respecto, en el texto se mencionó que “este escenario tiene una probabilidad de ocurrencia muy  baja”, debido a varias razones:

“Hay 12 millones de migrantes mexicanos en Estados Unidos, pero solo 4.1  millones son no documentados. Se estima que 51.5 millones de migrantes residen en Estados Unidos, lo que representa el 15.6 por ciento del total de la  población de ese país en 2023. Gran parte de esta población ya cuenta con la ciudadanía estadounidense, la residencia permanente u otro estatus migratorio documentado. Se estima que de estos 51.5 millones de  migrantes, 11.0 millones (21.4 por ciento) se encuentran en una situación migratoria irregular o son no documentados, y que de estos entre 8.5 millones y 10 millones están en la fuerza laboral. 

En cuanto a la población migrante mexicana en Estados Unidos, se estima que hay poco más de 12 millones, de  los cuales 4 millones tienen la ciudadanía estadounidense, otros 3.9 millones tienen Green Card u otro estatus  documentado y 4.1 millones son no documentados. De este último grupo, 430 mil tienen la protección para residir y trabajar en Estados Unidos gracias a la Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA). 

Además, “Trump deportó a menos migrantes del interior por año que Obama. En lo que respecta a las remociones del interior del país (con orden judicial), las cuales separan familias y  expulsan a migrantes con muchos años de arraigo, el principal deportador fue el presidente Obama con un  promedio de 400 mil eventos anuales en su primera administración y 375 mil en la segunda”.

“Pese a la agresiva  retórica del presidente Trump contra la población inmigrante no documentada, durante su primera administración  (2017-2020) se removieron 300 mil migrantes al año, cifra menor a la observada en las administraciones del  presidente Obama”, resaltó la nota. 

Considero que “La labor de contención del flujo migratorio en la frontera suroeste de Estados Unidos podría ser más sencilla para  el presidente Trump durante el inicio de su segundo mandato. Debido a la necesidad de ganar votos durante la campaña presidencial de 2024, el ex-presidente Biden emitió una orden ejecutiva para limitar las solicitudes de asilo, además de hacer gestiones para que diversos países de tránsito detuvieran parte del flujo migratorio hacia  Estados Unidos. Así, se puede observar que desde julio de 2024, las aprehensiones de personas migrantes en la  frontera sur de ese país se ubicaron en sus menores niveles desde hace más de 4 años. En diciembre de 2023 se  registró en un solo mes casi 250 mil eventos de aprehensión de migrantes, mientras que en el pasado mes de diciembre de 2024 se registraron solo 47,300 aprehensiones; es decir, una quinta parte de los eventos del año  previo”.

Enseguida, se expuso que sin duda el gobierno de Trump será muy hostil contra la población migrante “y repercutirá en su calidad de vida, pero habrá poco efecto en el volumen total de migrantes no autorizados en Estados Unidos ya que un  programa de deportaciones masivas en una economía que se encuentra en una situación de pleno empleo tendría  efectos recesivos e inflacionarios significativos”.

En particular, los sectores agropecuario y de construcción  entrarían en contracción, más ahora que habrá una fuerte demanda de construcción de vivienda debido a los  incendios en la ciudad de Los Ángeles”, se mencionó.

“Si bien el tema migratorio fue fundamental para la elección de Trump,  también lo fue el crecimiento en la tasa de inflación durante la presidencia de Biden. En este sentido, es difícil  pensar que se implementará una política de deportaciones masivas que resultaría en un aumento permanente en la tasa de inflación al resultar en presiones significativas en los salarios”, resaltó el análisis.

Migración dispersa: cacería difícil

En el documento se hizo ver que los migrantes no documentados están dispersos en muchos hogares, y que para deportalos deportarlos tendrían que ir casa por casa en Estados Unidos.

“Se podría pensar que los migrantes no documentados en Estados Unidos comparten un techo cercano a una fuente de trabajo agropecuario o rural, y que a través de redadas se podría atrapar a gran parte de esta población. Nada más lejos de la realidad. Existen muchos de estos casos pero son una parte ínfima en el total de migrantes  no documentados. Cerca del 70% de la población migrante no documentada reside en hogares con una composición migratoria mixta: ciudadanos estadounidenses por nacimiento, ciudadanos por naturalización, residentes permanentes, personas con algún alivio migratorio, personas con visa, entre otros”. 

“Es casi imposible deportar a un gran volumen de migrantes no documentados dado que están ampliamente dispersos en muchos hogares y a lo largo y ancho de los 50 estados de la Unión Americana. De acuerdo con el  Pew Research Center, los cerca de 11 millones de migrantes no documentados que residen en Estados Unidos  habitan en 6.3 millones de hogares; es decir, 1 de cada 20 hogares en ese país tiene al menos un migrante no  documentado (Passel & Krogstad, 2024). Así, si la autoridad migratoria logra identificar alguna vivienda con  migrantes no documentados, es casi seguro que solo haya una o dos personas no documentadas en el hogar, por lo que rastrear a todos sería una actividad titánica que implicaría una revisión casa por casa que tendría altos costos  fiscales”.

Aunado a lo anterior, “Muchos migrantes no documentados residen en “jurisdicciones santuario”, que cooperan menos o muy poco con las autoridades migratorias. Aunque las leyes de inmigración son de carácter federal, gran parte de las detenciones de migrantes no  documentados en el interior de Estados Unidos se inician por acciones o notificaciones de autoridades locales. Se  estima que 6.1 de los 11.0 millones de migrantes no documentados, 56 por ciento del total, residen en un estado con un  gobernador del partido demócrata. Aunque no es una regla, estos estados tienden a cooperar menos o muy poco  con las autoridades migratorias federales. 

En el estudio, se afirmó que Oregon e Illinois son los estados con las leyes que más protegen a los migrantes, independientemente de su  estatus migratorio, y le siguen en importancia California, Nueva Jersey y Washington, que también tienen leyes de  jurisdicción santuario bastante amplias. Otros estados como Colorado, Connecticut, Maryland, Vermont, Nueva  York y Rhode Island tienen algunas leyes que limitan la cooperación con las autoridades migratorias (ILRC, 2024). 

Si la administración del presidente Trump, y de los estados predominantemente anti-inmigrantes, endurecen las  medidas migratorias, es posible que se observe un desplazamiento de la población migrante no documentada  hacia estados “santuarios”; aunque consideramos que este movimiento interestatal no va a ser de una magnitud grande, y mucho menos consideramos que opten por retornar a sus países de origen”.

Por otro lado, en el estudio se observó que pese a que en la campaña presidencial del primer término el presidente Trump amenazó con limitar o imponer un impuesto a las remesas, los datos indican que durante sus primeros cuatro años de gobierno las remesas a México se incrementaron en más del 50% en dólares, pasaron de 27,600 millones de dólares (md) al cierre de  2016 a 41,700 md al cierre de 2020.

“El principal factor que mueve la migración y las remesas es la economía de Estados Unidos. Por eso, en un contexto de una economía que crece a tasas por encima de su potencial y en que  la tasa de desempleo está en su nivel natural, consideramos que las políticas anti-inmigrantes de la administración Trump tendrán pocos efectos en las familias receptoras de remesas y en la economía en México”, si bien su crecimiento ha mostrado signos de desaceleración, no como consecuencia de algún “efecto Trump”.

Por último se hizo mención de la reinstalación del programa Quédate en México, el cual representa un reto para la administración de la presidenta  Sheinbaum y para muchas ciudades fronterizas en México, que deben buscar la manera para brindar servicios básicos e integrar personal y laboralmente a los migrantes que se van a quedar del lado mexicano de la frontera mientras dura su juicio de asilo”.