***Es una obligación legal, aseguró la legisladora; no tiene que ver con una posición política, ideológica o religiosa, sostuvo

Valle de México, a 28 de septiembre de 2023. La presidenta de la Mesa Directiva de la Legislatura local, Azucena Cisneros Coss consideró que aprobar la despenalización del aborto en el Estado de México es ya una obligación, que no tiene que ver con posiciones ideológicas ni religiosas, esto tras la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordena no criminalizarlo.

El 6 de septiembre la Suprema Corte resolvió por unanimidad que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, y se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales.

En una sentencia emitida por la Primera Sala de la SCJN, los ministros resolvieron que es inconstitucional el sistema jurídico que penaliza el aborto en el Código Penal Federal, porque la criminalización viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

En contexto con el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto, la legisladora de Ecatepec, Azucena Cisneros, aseveró que la iniciativa sobre la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) es ya una obligación, que no tiene que ver con una posición política, ideológica o religiosa.

“Tiene que ver con una disposición legal de un órgano o de una institución suprema en términos legales, hay un mandato de la máxima autoridad federal que es la Suprema Corte de Justicia, debemos ser responsables de acatar una disposición tan importante porque además las mujeres pueden ampararse y eso ya es un derecho para todas las mujeres”, expresó.

Por ello, dijo que el Grupo Parlamentario de Morena buscará que se retomen las iniciativas que ya se han presentado sobre el tema y que se apruebe en el actual año legislativo, porque independientemente de la posición de otras bancadas, y cuyos integrantes pueden manifestar su postura, ya no son decisiones personales, si no disposiciones judiciales, ya es una obligación legal ordenada por el máximo tribunal del país.

“Podemos decir muchas de las argumentaciones por las cuales tiene que aprobarse, sin embargo la más importante es que hay una arbitrariedad legal aparte que es un tema de salud pública que pone en riesgo permanente porque tampoco se va a dejar de hacer, y además es una autodeterminación de los cuerpos de las mujeres y que solo les compete a ellas”, comentó.