***En nueve años se redujo la generación de ingresos propios y aumentó su dependencia a los recursos federales y la contratación de deuda: IMCO
Valle de México, a 17 de julio del 2023.- El Estado de México y otras nueve entidades federativas son cada vez menos autónomos en materia fiscal y más dependientes de los recursos provenientes de la federación y de la contratación de deuda pública, situación que no es posible atribuir a sus acotadas facultades tributarias, sino más bien al bajo provecho de las mismas.
Lo anterior, según una nota del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) denominada “Autonomía fiscal estatal (2015)-2023), en la cual concluyó que “La autonomía fiscal de los estados es limitada: 15.5 por ciento de sus ingresos fue generado por cuenta propia en 2023. En cambio, 81.2 por ciento de sus recursos provino de la Federación y 3.3 por ciento de la contratación de deuda pública”.
En el caso del Estado de México, es conveniente mencionar que figura entre las cinco más endeudadas del país, con más de 57 mil 500 millones de pesos (1T 2024), y no forma parte de la lista de diez entidades que pueden cubrir el pago de su nómina con su recaudación local, como sucede en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro y Sinaloa, según un análisis de Monitor Financiero realizado con datos de la SHCP, INEGI y el propio gobierno de la entidad mexiquense.
De acuerdo con el análisis, “Entre 2015 y 2023 la participación de los ingresos propios de los estados en sus ingresos totales se mantuvo sin cambios, al pasar de 15.4 por ciento a 15.5 por ciento”.
Detalló que en 22 entidades dicha proporción se incrementó, mientras que en 10 disminuyó, entre ellas la del Estado de México, con menos 0.9 por ciento.
“Aunque los recursos obtenidos por los estados a partir de impuestos, derechos y otras contribuciones se incrementaron 8.3 por ciento en términos reales en los últimos nueve años (2015-2023), su participación en los ingresos totales –también conocida como autonomía fiscal– se mantuvo prácticamente sin cambios durante este periodo, al pasar de 15.4 por ciento en 2015 a 15.5 por en 2023”, resaltó la nota.
“En otras palabras, persiste una elevada dependencia de los gobiernos estatales frente a la Federación: 81.2 por ciento de sus ingresos provino de este orden de gobierno en 2023”, aclaró.
Refirió que “En 2023, los gobiernos de las 32 entidades federativas obtuvieron ingresos por un total de 2.97 billones de pesos. De este monto, solo 15.5 por ciento (460.3 mil millones de pesos –mmdp–) fue generado por las propias entidades a través de contribuciones como impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, ventas de bienes y servicios, entre otras. En particular, los impuestos (256.4 mmdp) contribuyeron con la mitad (55.7 por ciento) de los ingresos propios y menos de una décima parte (8.6 por ciento) de los ingresos totales”.
Agregó que, “en contraste, 81.2 por ciento (2.41 billones de pesos) de los recursos estatales corresponde a transferencias del Gobierno Federal, tanto etiquetadas –aportaciones (Ramo 33)– como no etiquetadas –participaciones (Ramo 28)–. Finalmente, 3.3 por ciento (96.8 mmdp) provino de la contratación de deuda pública”.
En la nota ser hizo ver que “Si se excluye del análisis a la Ciudad de México (CDMX), que tiene un régimen jurídico distinto al del resto de las entidades federativas del país al cobrar de manera centralizada impuestos como el predial, la participación de los recursos federales en los ingresos de los 31 estados restantes se incrementa al 83.8 por ciento y la de los ingresos propios se reduce al 12.7 por ciento (el promedio de las 31 entidades es de 12.2 por ciento)”.
Y resaltó las diferencias entre entidades debido a la dinámica de su economía, el aprovechamiento de sus facultades tributarias y, especialmente, su capacidad recaudatoria:
“En cinco entidades, la participación de los ingresos propios en los ingresos totales durante 2023 fue considerablemente mayor al promedio de 12.2 por ciento (excluye a la CDMX): Chihuahua (25.7 por ciento), Quintana Roo (23.7 por ciento), Baja California (19.1 por ciento), Nuevo León (18.8 por ciento) y Querétaro (18.2 por ciento). En cambio, este tipo de ingresos representaron menos del 7.0 por ciento en Guerrero, Oaxaca, Morelos y Tlaxcala.
Más adelante, se estableció que “aunque la participación de los ingresos propios sobre los ingresos totales a nivel agregado se mantuvo prácticamente sin cambios, a nivel entidad se registraron variaciones importantes durante el periodo analizado. En 22 estados, la autonomía fiscal aumentó, mientras que en 10 disminuyó”.
En Baja California Sur, Zacatecas y Chiapas, se observó el mayor aumento de su autonomía fiscal como resultado de un crecimiento de más de 93.6 por ciento de sus ingresos propios. Los cambios en las proporciones de los ingresos propios fueron las siguientes: Baja California Sur (5.2 por ciento a 12.9 por ciento), Zacatecas (5.0 por ciento a 10.8 por ciento) y Chiapas: (6.8 por ciento a 12.3 por ciento).
Por el contrario, Guanajuato, la Ciudad de México y Aguascalientes tuvieron la mayor reducción de su autonomía fiscal al presentar caídas de más de (menos)14.6 por ciento en los ingresos que generaron por cuenta propia: Guanajuato (21.0 por ciento a 14.1 por ciento), Ciudad de México (49.9 por ciento a 43.3 por ciento) y Aguascalientes (14.0 por ciento a 11.2 por ciento).
“La limitada autonomía fiscal y dependencia de los gobiernos estatales hacia los recursos provenientes de la Federación no se puede atribuir exclusivamente a sus acotadas facultades tributarias. Muestra de ello es el hecho de que en 2023, solo 16 entidades cobraron el impuesto estatal sobre tenencia o uso de vehículos, y únicamente 15 el impuesto a la venta final de bebidas con contenido alcohólico”.
Por ello, en la nota se expuso que “ante las necesidades crecientes de una población en aumento, es necesario que los gobiernos estatales aprovechen a cabalidad las facultades con las que cuentan de acuerdo con el arreglo fiscal vigente. De esta forma, podrán ampliar su espacio fiscal al contar con mayores ingresos de libre disposición e incrementar la provisión de bienes y servicios públicos, al tiempo que reducen su vulnerabilidad frente a las transferencias del Gobierno Federal”.