***Corrupción, tercer principal delito en el Estado de México, Puebla y Tamaulipas

***La mexiquense es una de las entidades donde el sector privado es más vulnerable “tanto de ser víctima como de serlos varias veces”

***El resultado de ambos fenómenos: pérdidas económicas por la comisión del delitos y el costo en el que incurren las empresas para protegerse de la delincuencia

Valle de México, a 8 de marzo de 2022.- El Estado de México y Aguascalientes se ubicaron como las principales entidades donde las empresas son más vulnerables a sufrir algún delito, y la entidad mexiquense y la de Puebla se colocaron al frente de la relación en la que los empresarios son más propensos a ser víctimas de corrupción.

Por un lado y según “Estadísticas de victimización delictiva y corrupción en las emrpesas 2022”, documento de análisis y estadísticas (INEGI en Números), en el año 2019 tres de cada diez empresas del país fueron víctimas de la delincuencia.

Y “pese a que desde 2015 ha disminuido la prevalencia delictiva en el sector privado, seis de cada diez empresas manifestaron en 2020 que es el principal problema que enfrentan para su operación”.

“Si se compara con el nivel de victimización en la población, las empresas

del país han enfrentado un mayor riesgo de ser víctimas de algún delito a lo largo de la última década”, estableció el análisis, refiriendo también que “si bien las personas tienen mayor riesgo de ser víctima de corrupción en algún trámite público, en 2019 se estimó que 4 por ciento de las empresas fueron víctimas de soborno al hacer un trámite o servicio, o derivado de alguna inspección por parte de alguna oficina gubernamental”.

“En estos tiempos, la violencia y la corrupción atentan de manera directa contra el bienestar de la población y se convierten en dos de los principales problemas que merman el crecimiento y las posibilidades de desarrollo del sector productivo del país. Desde el 2012, año en que INEGI empezó a tener registro, la delincuencia ha sido el principal problema para la operación de las empresas, afectando para 2020 a 60.4 por ciento de los 5 millones de empresas activas en el país. Ese año, los costos directos que impuso la inseguridad y la corrupción al sector privado ascendieron a 225 mil 929 millones de pesos, equivalente a 0.9 por ciento del Producto Interno Bruto”, afirmó el estudio.

Recordó que la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2020 (ENVE) del INEGI indagó sobre los tres temas que más afectan al establecimiento, y que los demás temas que se indicaron con mayor frecuencia por las empresas fueron el bajo poder adquisitivo de la población (37.8 por ciento), falta de apoyos del gobierno (36.1 por ciento), impuestos (26 por ciento), falta de castigo a delincuentes (20.4 por ciento) y trámites con el gobierno (17.9 por ciento).

Limitantes de generación de riqueza

Sin embargo, remarcó que el crimen y la corrupción limitan la capacidad de creación de riqueza del país pues “constituyen un freno al funcionamiento del sistema productivo nacional al generar mayores costos de producción que se reflejan en aumentos de precios de los productos, en una disminución de los márgenes de ganancia y en menores incentivos para innovar o atraer nuevas inversiones”.

En particular, 43.2 por ciento de las unidades económicas que fueron víctimas de algún delito en 2019 hicieron cambios que afectaron su operación.

“Alrededor de 20 por ciento de estas cancelaron planes de inversión, o redujeron los horarios de atención al público, de producción o de comercialización de sus bienes o servicios. Asimismo, se observa una mayor proporción de empresas que redujeron el uso de efectivo y sus horarios de operación en comparación con 2013”, indicó.

“En 2019, la inseguridad pública fue el problema que más afectó la permanencia en el mercado de las empresas empresas”, destacó el análisis, resaltando la relevancia que alcanzaron “las extorsiones o cobro de piso (que) han cobrado mayor relevancia en los últimos años, llegando a representar 23.3 por ciento de los delitos ocurridos en 2019”.

Además, “de los 3 millones 908 mil 908 delitos ocurridos en 2019, en 7.6 por ciento (298 mil 051) de ellos, los dueños o empleados se percataron de que los delincuentes llevaban armas y en 2.6 por ciento de los casos (101  mil 498 delitos) el personal recibió algún tipo de agresión física o violencia. También, en 2019 la mayoría de los robos de vehículo, secuestro y robo de mercancía en tránsito hubo portación de arma.

“Del mismo modo, los actos de corrupción también han ganado relevancia colocándose entre los 3 delitos más frecuentes en el mismo año”, aseguró el estudio.

Consecuencias de la inseguridad y corrupción

Derivado de todo ello, en el estudio se mencionó que en 2019 la mitad de las empresas del país reportó haber incurrido en algún costo económico producto de la inseguridad y la corrupción, el cual se estimó en 225 mil 929 millones de pesos, de los cuales 3 mil 424 millones (1.5 por ciento) fueron por sobornos en algún trámite o servicio público. 

El costo total equivale a 0.9 por ciento del Producto Interno Bruto del país en ese año, 24.7 por ciento de la inversión total realizada en 2018 y 10.6 por ciento de las remuneraciones pagadas por las empresas en ese último año.

En el análisis se aseguró que “el gasto que hicieron las empresas en medidas preventivas en 2019 representó 58.7 por ciento (132 mil 727 millones de pesos) del costo total que dejó la inseguridad y la corrupción al sector privado en dicho año”.

“A diferencia de las pérdidas económicas por la comisión de delitos, que desde 2011 se ha mantenido alrededor de 86 mil millones de pesos, el gasto preventivo aumentó significativamente (79 por ciento) respecto del año 2017, pese a que el número de empresas que incurrieron en estos gastos se ha mantenido en torno a 43 por ciento”, remarcó.

Y agregó que entre estas medidas, “la más frecuente fue el cambiar o colocar cerraduras o candados, a la que recurrieron tres de cada diez empresas del país en 2019”.

“Con un costo económico de 119 mil 993 millones de pesos, las empresas del sector servicios concentraron 53 por ciento del costo total que dejó la inseguridad y la corrupción al sector privado del país”, resaltó.

En otras palabras, por cada 10 pesos del costo total, 5 fueron cubiertos por el sector servicios, 4 por comercio y 1 peso por la industria.

Expuso que las medidas de protección implementadas implicaron un costo promedio de 58 mil 202 pesos por empresa, siendo las empresas del sector servicios las que más gastaron en este rubro, con más de 4 veces lo gastado en promedio por las empresas del sector comercio que, por el contrario, tuvieron la pérdida promedio a consecuencia del delito más alta del sector privado. 

“Si se considera el costo que la delincuencia impone a las personas y a las empresas, estas últimas cubrieron alrededor de 4 pesos de cada 10 pesos del costo total del delito en México, con un desembolso promedio por empresa de 85 mil 329 pesos en 2019, lo que fue 12 veces más que el

costo promedio por persona en ese año”, estimó el estudio.

Casos estatales (el Estado de México)

Por otras parte, el texto mencionó que el riesgo de victimización de las empresas varía, según la región.

“En 2019, las empresas de Aguascalientes tuvieron casi tres veces más riesgo de sufrir algún delito que las empresas que operaban en Chiapas; mientras que el riesgo en el Estado de México fue el doble que el que enfrentaron las empresas de Coahuila o Yucatán”, ejemplificó.

“En el caso de la corrupción, la proporción de empresas víctimas llegó a más de 7 por ciento en el Estado de México y Puebla, mientras que en Chihuahua, Chiapas, Yucatán y Querétaro fue de 2 por ciento o menos”, agregó.

La corrupción fue reportada como el tercer principal delito en el estado de México, Puebla y Tamaulipas. (véase infografía detallada de la situación en el Edomex, igual los mapas de municipios).

En la misma forma, el documento detalló que “Si bien la corrupción afecta menos a las empresas que la inseguridad pública, se ubicaron municipios específicos donde la corrupción parece ser un problema que no está presente en el resto de los municipios del estado; por ejemplo, Acapulco en el caso de Guerreo; Cuautla y Cuernavaca en Morelos; Coyoacán, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza en Ciudad de México; Pachuca de Soto en Hidalgo; Coacalco, Nezahualcóyotl, Tultitlan, Cuautitlán Izcalli y Valle de Chalco en Estado de México; Oaxaca de Juárez en Oaxaca; Puebla y San Martín Texmelucan en Puebla; Benito Juárez y Solidaridad en Quintana Roo; Reynosa en Tamaulipas; y Poza Rica de Hidalgo en Veracruz de Ignacio de la Llave”

“En general, a nivel municipal se constata la asociación positiva que hay entre la inseguridad y la corrupción como dos problemas que afectan la operación de las empresas; en aquellos municipios donde más empresas padecieron el problema de inseguridad también enfrentaron, en mayor medida, el problema de la corrupción”

“Los municipios donde las empresas resienten más la inseguridad y la corrupción son también los municipios más poblados del país. Esto es congruente con la literatura que señala que los problemas de inseguridad se concentran en zonas urbanas.31

Asimismo, los municipios con mayores niveles de producción son también donde las empresas resienten más el flagelo de la inseguridad y la corrupción, lo que es consistente con los estudios que muestran que en América Latina el crimen se asocia positivamente con las zonas más prósperas”.

“En los municipios donde más empresas padecieron problemas de inseguridad también enfrentaron, en mayor medida, corrupción”, resumió el documento.

“A los conglomerados de municipios con altos porcentajes de empresas se les conoce como zonas calientes y a los conglomerados de municipios con bajos porcentajes de empresas con problemas como zonas frías. De acuerdo con esta clasificación, aproximadamente 20 por ciento de los municipios del país forman parte de algún tipo de zona caliente y en ellos operan 51.7 por ciento de las empresas del país”, aclaró.

“Geográficamente, la mayor parte de las zonas calientes forman parte de las entidades de Guanajuato, estado de México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nuevo León, Puebla, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Zacatecas, Ciudad de México y Tabasco, donde se localizan alrededor de 80 por ciento de los municipios que integran las distintas zonas calientes, dinámica que también se observa en cada uno de los sectores económicos”, subrayó. 

Expuso que a pesar de que en los últimos años ha disminuido el riesgo de que las unidades económicas sean víctimas de la delincuencia y la corrupción, continúan entre los principales problemas que afectan su operación, observándose riesgos diferenciados entre sectores y regiones. “Mientras que el sector servicios padece con mayor frecuencia la extorsión o cobro de piso, las empresas del sector comercio están más expuestas al robo hormiga o al asalto de bienes o dinero en sus instalaciones, y el sector industrial al robo total parcial de vehículos. También inquietan los incrementos constantes de la victimización delictiva de empresas en algunos estados y del número de delitos que una empresa puede sufrir en el año. En algunos estados del país esta razón de victimización múltiple se multiplicó por dos entre 2013 y 2019”, pormenorizó.

“Adicionalmente, el análisis apunta a que estos dos fenómenos se exacerban en municipios específicos del país, caracterizados por ser los más poblados y con mayor dinamismo económico”, destacó entre sus conclusiones.