***Trabajo coordinado, clave para reducir incidencia delictiva en el país: Rosa Icela Rodríguez, titular de la SSPC

Valle de México, a 1 de marzo del 2023.- El Estado de México encabeza la lista en la distribución de recursos del Fondo de Aportaciones para las Seguridad Pública (FASP), que para este año tiene presupuestados 8 mil 786 millones 900 mil pesos para las entidades federativas.

Esto representa un 10 por ciento de aumento respecto del 2022, cuando se estableció un monto de 7 mil 988 millones de pesos, es decir, habrá 798 millones 900 mil pesos más para los estados.

Así lo dio a conocer Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, durante la firma de convenios de coordinación del FASP-2023 con entidades federativas celebrada en Puebla, la cual contó con las presencia de los mandatarios y del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

En su mensaje, la servidora pública comentó que el trabajo coordinado es clave para disminuir la incidencia delictiva “y esto se hace diariamente a través de las 32 Mesas de Construcción de Paz y Seguridad estatales y las 266 regionales; así como la reunión que se lleva a cabo diariamente por parte del Gabinete de Seguridad Federal”. 

“Ahí se realizan labores de planeación, de organización, en conjunto para atender el tema de seguridad, muy especialmente el tema de violencia en contra de las mujeres, a fin de lograr una correcta judicialización y evitar la impunidad”, destacó.

Expresó que si se quiere lograr la pacificación del país, “debemos trabajar juntos y juntas sin distinción de posiciones partidistas o políticas.  A nosotros, en el Gobierno Federal, en el gobierno del presidente López Obrador, nos mueve el interés genuino de lograr el bienestar para todas y todos los mexicanos”.

Recordó que los recursos se distribuyen con base en el buen desempeño que llevan a los gobiernos estatales, y llamó a los titulares del Ejecutivo de los estados a continuar trabajando de la mano, y en esa forma enfrentar “los retos comunes que tenemos en materia de seguridad”.

Dijo que  la prioridad del gobierno federal es “cero corrupción y cero complicidad”, de ahí la necesidad de equipos honestos, “que tengan bien clara la división entre la actividad que les corresponde realizar como autoridad y la que llevan a cabo los grupos delictivos”. 

“No debemos cruzar esa línea. Para eso, los estados y los municipios cuentan con nosotros. Siempre estaremos del lado de lo honesto y lo justo, porque solo así podemos construir la paz que la población demanda”, expresó Rosa Icela Rodríguez, quien se dijo convencida de que “en México no estamos condenados a la guerra, estamos destinados a la paz”.

Distribución de recursos

De acuerdo con lo expuesto por la titular de la SSPC, para el caso de los estados de la zona centro, la distribución del FASP se dará de la siguiente manera: 227.5 millones para Aguascalientes; 233.2 millones para Colima; 542. 1 millones para la Ciudad de México y 604.5 millones para el Estado de México;.

Además, 250.6 millones serán para Guerrero; 232 millones para Hidalgo; 241.4 millones para Morelos; 287.1 millones para Puebla; 227 millones para Querétaro; 228.7 millones para San Luis Potosí; 186.4 millones para Tlaxcala. 

En el caso específico del Estado de México, en el 2022 se proyectaron 549 millones 600 mil pesos, pero ahora recibirá 604 millones 500 mil pesos, es decir, tendrá un aumento de 4.8 por ciento (55 millones de pesos más).

Es pertinente mencionar que los recursos del Fondo de Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) deben destinarse a reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública; percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público, peritos, policías judiciales o equivalentes y equipamiento de las policías judiciales o sus equivalentes.

Asimismo, deben utilizarse en la red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y el servicio telefónico nacional de emergencia; construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los centros de readaptación social y de menores infractores; y,  seguimiento y evaluación de los programas de seguridad pública, esto según las normas oficiales.