Por Vidal Ibarra Puig*

En este sexenio hemos visto varias contrarreformas que afectan directamente de manera negativa la competitividad y a la productividad del país.

En la búsqueda de un estado corporativo que controle todo, no solo a los sindicatos sino también la estructura productiva (y cuya expresión más radical y perniciosa humanamente fueron el nazismo y el fascismo de Benito Mussolini, que es tan recordado por algunos líderes de la 4t), el gobierno echó para atrás en primera instancia la Reforma Educativa. Ya se había logrado que los maestros fueran evaluados y, a resultas de esa evaluación, capacitados en sus diversas áreas de oportunidad de mejora, nunca amenazados con correrlos; y se había logrado que se tuviera acceso a las plazas docentes mediante la vía del concurso.

En contra de esto, el actual gobierno eliminó esa reforma de manera tal que ahora no hay evaluaciones a los profesores y se les ha dado el control de las plazas a secciones de la CNTE en varios estados del país. Todo para tener el apoyo de esa organización para los planes gubernamentales, lo cual ha sido un fracaso, pues dichas personas se envalentonaron y continúan ocupando vías férreas y tomando casetas.

Creo que en este contexto poco se ha dimensionado además el peso que representa para las finanzas gubernamentales, las modificaciones que hizo el actual gobierno al trasladar el pasivo laboral de Pemex y CFE, al asumir el gobierno federal una parte proporcional de los pasivos laborales de estas empresas, y que ascienden a 1.7 billones de pesos, de los cuales alrededor de 700 mil millones de pesos se convertirían en deuda pública. O sea que usted y yo pagaremos esas jubilaciones sin haber trabajado nunca nosotros ahí.

En el caso de la CFE,  concretamente en lo que se refiere a su pasivo labral, se había logrado en el sexenio anterior, que el régimen de jubilación se modificara de manera tal que los hombres se jubilaran con 30 años de servicio y 65 años de edad, o 40 años de servicio sin mínimo de edad. En el caso de las mujeres, se había negociado que fuera 25 años de servicio y 55 de edad, o 30 años de servicio sin mínimo de edad.

Pero en la actual administración, se corrigió esto para que los hombres se jubilen a los 25 años de servicio y 55 años de edad; o 30 años de servicio; y para las mujeres, ahora se piden solamente 25 años de servicio sin mínimo de edad.

¿Se da cuenta usted del fuertísimo impacto que tendrán estas modificaciones sobre ñas finanzas de la empresa y del gobierno? ¿o sea sobre los impuestos que pagamos usted y yo?

En esta situación la propuesta de reforma energética eléctrica está muy mal elaborada.

Si bien desde un principio de cuestionó la constitucionalidad de las reformas energéticas llevadas a cabo el sexenio anterior (puede por ejemplo consultarse al respecto el volumen “Presente y perspectivas de la reforma energética de México, Roberto Gutiérrez H. coordinador, ed, UAM Iztapalapa), la actual propuesta lleva serios riesgos para el presente y el futuro financiero y económico del país. Veamos.

La iniciativa propone la modificación de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución y nueve artículos transitorios.

El primer gran cambio es que la CFE dejaría de ser una empresa y se convertiría en un organismo del Estado. La CFE sería el único abastecedor de electricidad, desplazando al sector privado, y quedaría como responsable de la transición energética. Desaparecen los organismos autónomos tales como la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), pues ahora la CFE sería un monopolio de facto.

Adicionalmente, se eliminan los Certificados de Energías Limpias, los cuales son un instrumento diseñado durante el sexenio pasado para incentivar la construcción de nueva infraestructura de generación energética mediante fuentes renovables. Y no se otorgarán más concesiones para la explotación del litio, aunque aseguran las autoridades de que mantendrá aquellas ya dadas previamente, como la de la mina Bacanora, asignada a una empresa china, y que es una de las reservas de litio más grandes a nivel mundial; han dicho que incluso no se expropiará.

La propuesta ha recibido críticas pues, creemos que, según han señalado algunos organismos, los cambios legales que pretende el gobierno federal atentan contra los compromisos adquiridos bajo tratados internacionales, tanto en acuerdos comerciales como en protección de inversiones y del medio ambiente, como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 impulsada por la ONU y el Acuerdo de París.

En este contexto, es menester señalar que, de no tener cuidado con la instrumentación de esta reforma, se corre el riesgo de enfrentar demandas multimillonarias en dólares de parte de las empresas extranjeras que ya han invertido en el sector, y cuya liquidación no sería solo en función de lo invertido, sino que se consideraría el flujo de ganancias esperado.

Adicionalmente, amenazar y prohibir inversiones extranjeras en sectores no negociados, pone en riesgo la vigencia del TMEC, pues empresas de Canadá en el sector minero y energético, y de los EEUU en el lector energético, tienen muchos intereses. En otras palabras, se está abriendo la puerta para que el TMEC se vuelva tal vez el TEC (Tratado de Estados Unidos y Canadá) ¿lo resistiría la economía mexicana?

Por otra parte, México es signatario del Acuerdo climático de París, llamado simplemente “Acuerdo de París”. El Acuerdo de París es un tratado internacional sobre el cambio climático jurídicamente vinculante, es decir, se vuelve obligatorio para todos los firmantes y establece penalidades a quien no cumpla con lo pactado en dicho documento. Fue adoptado por 196 países en la COP21 en París, el 12 de diciembre de 2015 y entró en vigor el 4 de noviembre de 2016. Su objetivo es limitar el calentamiento mundial a muy por debajo de 2, preferiblemente a 1,5 grados centígrados, en comparación con los niveles preindustriales. Esto se lograría mediante la utilización de técnicas de generación de energía limpias, no contaminantes.

Pero el problema es que México le está apostando al petróleo, al carbón y al combustóleo, los cuales son altamente contaminantes; y no olvidemos que el hasta hace poco líder de la Comisión de Energía en el Senado, de filiación morenista es un prominente empresario carbonífero.

En resumen: riesgo de demandas multimillonarias; riesgo de que Canadá y Estados Unidos abandonen el TMEC; riesgo de sanciones internacionales por no acatar un acuerdo que cuida el planeta y que ya ha sido firmado.

Ojalá que a México no le salga más caro el caldo que las albóndigas

*Doctor en economía por SciencesPo París; profesor en el Departamento de Economía de la UAM Azcapotzalco, viip@azc.uam.mx