***Gobiernos reportan menos recaudación local, tienen menos ingresos, más deudas y presiones de pago de salarios y pensiones: CIEP

***El gasto por habitante pasó de 11 mil 906 pesos en 2018 a 8 mil 633 en 2022

Valle de México, a 23 de junio del 2022.- Durante los últimos cinco años el espacio fiscal de los gobiernos de los estados, es decir, los recursos para atender las necesidades de la población en el corto plazo (educación, salud,  infraestructura y eventos de coyuntura) disminuyó 27.5 por ciento, y para este año sólo disponen de 8 mil 633 pesos de gasto por habitante (per cápita), cuando en el 2018 destinaron en promedio 11 mil 11 mil 906 pesos.

Es situación es consecuencia de una reducción en los ingresos (vía recaudación propia o del gasto federalizado) y los gastos ineludibles (pago de pensiones y jubilaciones, de deuda pública e intereses y salarios), de acuerdo con el estudio “Finanzas públicas locales, hacia una nueva coordinación fiscal”, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Hay que decir que el espacio fiscal son los recursos que destinan los gobiernos estatales en políticas públicas, una vez descontados los pagos de deuda e intereses, pensiones y salarios.

“El espacio fiscal per cápita promedio de las entidades federativas en 2021, respecto de los niveles previos a la pandemia (2019), se contrajo en 12.7 por ciento. Se prevé que para 2022 la reducción del espacio fiscal per cápita promedio sea de 21.8 por ciento respecto del 2019”, se resaltó en el documento.

Desigualdad en estados; el caso Edomex

No obstante, hay que mencionar que la investigación destaca las desigualdades de espacio fiscal que hay entre las entidades, que llegan a ser de hasta 11 mil 993 pesos, como sucede cuando se compara el gasto per cápita de Colima, el más alto del país, con 13 mil 876.3 pesos, con el de Chiapas, el más bajo de la República, con 1,883.6 pesos.

En ese sentido, los estados de Colima, Sonora y Aguascalientes son los estados que cuentan con un mayor espacio fiscal por habitante: 13 mil 876.3 pesos, 13 mil 875.2 y 13 mil 690.2 pesos, respectivamente.

Por contra, los estados de Chiapas, Veracruz y Baja California Sur son las entidades que disponen de menos recursos: 1,883.6 pesos, 3 mil 666.9 pesos y 5 mil 371.1 pesos.

En el caso específico del Estado de México, cuyo espacio fiscal per cápita para este año será de 10 mil 179.9 pesos (está por debajo de Hidalgo, Chihuahua, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Quintana Roo, Baja California, la Ciudad de México y San Luis Potosí), ha mostrado una gradual reducción en los últimos cinco años: en el 2018 fue de 13 mil 664 que, comparado con las cifras actuales, significa una reducción de 25.5 por ciento.

Sin embargo, su deuda pública pasó de 45 mil 283 millones 200 mil pesos a inicios del 2018 a 59 mil 130 millones de pesos en el primer trimestre del 2022, según los registros de la Secretaría de Hacienda y crédito Público (SHCp), difundidos recientemente por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), del Congreso Federal .

Lo anterior quiere decir que los pasivos aumentaron 35.58 por ciento en cinco años, presionando el espacio fiscal y, por consiguiente, el gasto por habitante.

La entidad mexiquense figura entre los cinco estados con las deudas absolutas más altas del país.

Empero, el espacio fiscal de los estados representa, en promedio, alrededor de 3.4 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB, generación de riqueza) y los gobiernos estatales le dan prioridad, por lo general, a cinco rubros: educación, seguridad, salud, infraestructura y pensiones.

De acuerdo con el CIEP, para este año los gobiernos estatales “destinarán más recursos per cápita en educación (6 mil 137 pesos), seguido de seguridad (2 mil 017 pesos), salud (2 mil 009 pesos), infraestructura (760 pesos) y pensiones (171 pesos)”.

Vías para ampliar el espacio fiscal

Por otra parte, el la investigación se mencionaron cuatro vías para poder ampliar el espacio fiscal:

1.-  Incrementar sus ingresos propios, impulsando la tributación local o un mayor cobro por derechos y aprovechamientos.

2.- Repriorizar el gasto público. Dar prioridad al financiamiento de las demandas esenciales de la población y cubrir las brechas presupuestarias de aquellos servicios que abonan al desarrollo, como la salud y la educación, pudieran ser detonantes para mejorar la vida se sus habitantes.

3.- Reestructurar deuda. A pesar de que este mecanismo se encuentra regulado por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la mayoría de las entidades han recurrido al refinanciamiento de su deuda de corto plazo para ampliar su espacio fiscal. Aunque lo anterior permite hacer frente a las obligaciones de corto plazo, el costo que tendrán que pagar las futuras generaciones puede ser aún mayor, y

4.- Financiamiento por otras fuentes. El financiamiento podría encontrarse limitado a proyectos específicos, por lo que mientras sea dirigido a proyectos de alto rendimiento económico, podrá ser una manera limitada de ampliar el espacio fiscal.

Algunos ejemplos son el financiamiento a través de asociaciones público-privadas o bien por iniciativa de particulares nacionales.

Dependencia de recursos federales

Por otro lado, en el documento se mostró la dependencia que los estados tienen hacia los recursos federalizados, pues constituyen más del 80 por ciento de sus ingresos, y esto no sólo determina los niveles de deuda y financiamiento, sino que también presenta una limitante para las políticas públicas locales”. 

“Contar con baja recaudación local impide disponer de incentivos fiscales que promuevan algún objetivo específico. A pesar de que los estados cuentan con facultades para generar recursos propios, solo aquellos con mayor recaudación propia cuentan con la posibilidad de aplicar mecanismos innovadores para generar ingresos locales sin arriesgar la sostenibilidad de sus finanzas públicas”.

Fortalecer Haciendas locales

En otro parte del documento, se resaltó que con un espacio fiscal limitado, “ingresos que dependen del gasto federalizado, candados para el uso de la deuda y necesidades crecientes de gasto, empezado por las brechas de recursos que se requieren para proveer de servicios educativos y de salud a las poblaciones objetivo de los estados, resulta imperante fortalecer las haciendas locales, junto con la coordinación fiscal, para lograr el objetivo de ser más proactivas en cuanto la atención de los problemas que les aquejan”.

“Si bien existen propuestas de cambios a las leyes que coordina el actuar de la Federación y las entidades federativas, así como cambios en los porcentajes y fórmulas de las aportaciones y participaciones, esta lógica sigue por el camino de la dependencia a los recursos federales”, se remarcó.

Además, “el gasto federalizado debe existir por los principios compensatorio y resarcitorio establecidos en la LCF, pero se debe revisar el uso de estos recursos porque, aunque algunos de ellos estén etiquetados, la realidad es que no se alcanzan los objetivos para lo que son dirigidos”.

Para los investigadores del CIEP, “una nueva coordinación fiscal debe ser un fundamento para transitar hacia un nuevo sistema fiscal, a través de una reforma integral que incluya las circunstancias de las entidades federativas y los municipios de nuestro país”.

Cero transparencia y rendición de cuentas

Por último, el CIEP reportó que uno de sus hallazgos importantes fue “la falta de rendición de cuentas y transparencia, no solo hacia el gobierno federal, si no hacia los ciudadanos en general”. 

“Por el análisis comparado de la información que proviene de las Cuentas Públicas y Presupuestos de Egresos de los Estados, contra datos de solicitudes de información, queda en evidencia que los estados no incluyen la información completa como lo estipulan la Ley de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera”, se aseguro en el estudio, de modo que “acciones de seguimiento y mejor implementación deben ser incorporadas en una nueva coordinación fiscal”.

Nota: las tablas y gráficas corresponden al documento del CIEP.