***El legislador Ariel Juárez Rodríguez reiteró el reto al secretario de Seguridad estatal para visitar cualquier penal y escuchar denuncias de familiares de PPL afectados 

 ***Deben garantizar la seguridad de PPL y responder sobre recientes muertes de internos de Barrientos, Chiconautla y Chalco.

***Demanda que se transparente si autoridades penitenciarias aplican y aprueban exámenes de Control de Confianza

Valle de México, a4 de abril de 2022. El presidente de la Comisión Especial del Sistema Penitenciario de la 61 Legislatura, Ariel Juárez Rodríguez, aseguró que a la corrupción, extorsiones y malos manejos en los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social del Estado de México, se suman las violaciones a los derechos humanos de los internos y las visitas, reflejo de múltiples denuncias de familiares, asociaciones y organismos de derechos humanos, por lo que urgió a la depuración de autoridades penitenciarias y, sobre todo, a que respondan sobre las recientes muertes de internos en los penales de Barrientos, Chiconautla y Chalco.

El diputado local de Morena, reiteró que pese a las denuncias públicas, “el Secretario de Seguridad del Estado de México sigue sin responder a todos los cuestionamientos de la ciudadanía ni al reto de visitar cualquier penal el día de visita que él quiera, con el fin de que conozca de viva voz las denuncias de los familiares sobre las extorsiones y de los cobros que padecen al ingresar a visitar a los internos”.

Situación, dijo, a la que ahora se suman las quejas de las muertes de las Personas Privadas de su Libertad (PPL) por negligencia, abuso de autoridad y omisión en penales de los municipios mencionados.

Expresó que “todos saben perfectamente que en las cárceles mexiquenses impera la corrupción, por lo que llegó el momento de que los representantes populares hagan algo en concreto para acabar con las cuotas que se exigen en dichos inmuebles e impulsar acciones que impidan abusos, irregularidades y conductas delictivas cometidas por parte del personal carcelario y de algunos internos”. 

El legislador de Morena, en días pasados alzó la voz y denunció de negligencia a las autoridades penitenciarias, luego que el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), revelara que la muerte de la interna Noemí, sucedió por la negativa de las autoridades del Penal de Barrientos a trasladarla a un nosocomio para su atención médica.

Otras organizaciones han denunciado que a las Personas Privadas de la Libertad no se les garantiza la salud como un derecho humano, muestra de ello es la muerte del interno Gerardo, quien falleció este 31 de marzo en el Hospital La Perla en Nezahualcóyotl, por negligencia médica, y tenía derecho a ser tratado por su problema de insuficiencia renal, enfermedad crónica degenerativo, por lo que acusó al director del penal de Chalco, Dalmacio Becerril Tapia, quien deja morir en agonía silenciosa, prolongada, inhumana e indolencia. 

También, esas agrupaciones han exigido que se dé a conocer si las autoridades penitenciarias presentan y acreditan los exámenes de Control de Confianza. 

Ante la negativa del Secretario de Seguridad estatal, Rodrigo Martínez Celis, del cobro a familiares al interior de los penales, de la corrupción y violencia que impera en los centros, representantes de esas agrupaciones evidenciaron el caso del asesinato del interno Ricardo, en el Centro Penitenciario de Ecatepec, y responsabilizaron a las autoridades penitenciarias, porque ya había compurgado en su totalidad su pena en 2020, pero no había sido liberado a falta de una base de datos oficial.

También, denunciaron que dentro de los penales, principalmente el de Chiconautla, Neza-Bordo, Barrientos y Chalco, hay personas que se encargan de someter a los internos, golpear y cobrar. 

Por último, refirieron que con Jaime Echartea Mojica, Director General de Prevención y Reinserción Social estatal, desde el 2018 hasta la fecha, se han registrado más de 200 homicidios en el interior de los penales que no se han querido investigar, que se han querido hacer pasar por casos relacionadas con el Covid-19 o supuestas riñas y presentarán la denuncia correspondiente ante Amnistía Internacional.