***Un juez determinó la no vinculación a proceso a ex funcionarios y ex directivos vinculados con el caso OHL-Aleatica; dijo que es necesario solicitar a la Fiscalía que pida que se reponga el proceso

Ecatepec, a 18 de marzo del 2024.- El fallo de un juez de exonerar a exfuncionarios por el caso OHL y su sucesora Aleatica, acusados por la probable explotación ilegal de un bien de la nación, por el caso del Viaducto Bicentenario, confirma que el Poder Judicial sirve a la corrupción, aseguró el diputado local Faustino de la Cruz Pérez.

Es importante recordar que la Fiscalía presentó una acusación contra OHL-Aleatica, por considerar que la concesión del Viaducto Bicentenario, vialidad de 22 kilómetros, fue ilegal, tras lo cual en días pasados el juez Daniel Ramírez Peña, adscrito al Centro de Justicia del Penal Federal del Altiplano, determinó la no vinculación a proceso de cuatro ex funcionarios mexiquenses, entre los que se encontraba Ernesto Nemer Álvarez y tres ex directivos y miembros del consejo de administración de la empresa Aleatica antes OHL.

Por ello, el legislador mexiquense, quien durante años exigió investigar la concesión del Viaducto Bicentenario por el ex gobernador Enrique Peña Nieto a la empresa OHL, afirmó que “es lamentable que se violente el derecho constitucional de los mexiquenses, en el sentido de que el Poder Judicial esté al servicio de los poderes fácticos, de las empresas corruptas y la no transparencia, y ello obliga a que la ciudadanía tome cartas en el asunto”.

Manifestó que “es deleznable, no corresponde con lo que debe de ser y eximir a los ex funcionarios que tienen responsabilidad, ofende a un pueblo mexiquense que ha sido violentado, que ha sido defraudado, porque se ha cometido un robo de esta empresa extranjera”.

Faustino de la Cruz expuso que dicha concesión ha lastimado la economía de los miles de mexiquenses que usan esa vía y es urgente que sea recuperada.

Consideró que por el hecho de haber sido reconocida esta vialidad como un bien nacional, debe devolverse a la nación y la empresa debe de dejar de explotarla, sin ningún resarcimiento indemnizatorio.

El representante del pueblo detalló que es necesario solicitar a la Fiscalía que pida que se reponga el proceso, “que se revise, que lo impugne, porque no es justo que sabiendo los funcionarios que esta situación de violentar la norma (que) hayan permitido con afanes de corrupción y acuerdos políticos con Peña Nieto y Arturo Montiel, (que) se hayan saqueado recursos de la nación”.

Comentó que usar la vía ha significado costos onerosos, que afectan la economía de los mexiquenses “y sobre todo pagando un servicio que se hizo de manera ilícita”.

Sobre el juez que dictó la sentencia, demandó que sea llamado a aclarar su posición, por lo que dijo que el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía tiene que solicitarlo en conjunto con algún particular. “Nosotros vamos a revisar hasta donde se puede intervenir”, finalizó.