***Hoy las amenazas se consuman de manera verbal, escrita y por redes sociales

***Código Penal sólo las considera como agravante de otros delitos

Valle de México, a 7 de marzo de 2023.- Debido a que las amenazas verbales son el quinto delito con mayor incidencia a nivel nacional, diputados del Grupo Parlamentario de Morena presentaron una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de México pues actualmente no contempla en su cuerpo legal al delito de amenazas, sino que únicamente lo considera como una agravante de otros delitos.

La iniciativa que reforma el Capítulo IX del Subtitulo Quinto Delitos Contra la Familia del Código Penal del Estado de México fue presentada por las y los diputados Daniel Sibaja González, Faustino de la Cruz Pérez, Azucena Cisneros Coss, Elba Aldana Duarte, Camilo Murillo Zavala y LuzMa Hernández Bermúdez, de Morena.

“En la actualidad, el delito de amenazas se puede consumar a través de diversos modos: de forma verbal, por escrito y a través de los diversos medios electrónicos como teléfonos móviles, mensajes, redes sociales, entre otros; mismos que facilitan su consumación desde el anonimato”, expuso en tribuna el diputado Daniel Sibaja.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad (ENVIPE) 2022, el 9.2 por ciento de los delitos se identificaron como amenazas verbales, con un total de 2 mil 823 casos, posicionándose así, como el quinto delito con mayor incidencia a nivel nacional, y en las fiscalías estatales, este tipo de denuncias aumentaron en un 14.6 por ciento del 2020 al 2021.

No obstante, el Código Penal del Estado de México no contempla en su cuerpo legal al delito de amenazas, sino que únicamente le considera como una agravante de otros delitos como: resistencia; violencia ejercida a través de las tecnologías de la información y la comunicación; violencia familiar y de género; extorsión; feminicidio, y delitos cometidos por servidores públicos de la procuración y administración de justicia.

“La entidad mexiquense es la única entidad en dicha situación. En consecuencia, no se tienen registros de denuncias de amenazas, pero tampoco existen políticas públicas para su prevención, atención y erradicación”, sostuvo el representante popular.

Por ello, Daniel Sibaja consideró que es necesario legislar de manera urgente en la materia, con la intención de eliminar este rezago y el vacío legal que representa, porque deja en total estado de indefensión a la población que es víctima de este ilícito, y tipificar el delito, así como definir las sanciones correspondientes, homologándolas con las establecidas por el Código Penal Federal.

La propuesta morenista adiciona el artículo 222 al Código, con el propósito de definir las modalidades, las agravantes del delito de amenaza y las sanciones a las que se harán acreedores quienes incurran en su comisión, mismas que irán, en primera instancia, de dos meses a un año de prisión, o de ciento a ciento ochenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

A su vez, se adiciona el artículo 223 se establece que en caso de que por medio de las amenazas se obligue a la víctima a la comisión de un delito, la sanción para el sujeto activo será la que resulte de acumular las penas correspondientes a las amenazas, más las propias del delito cometido bajo su influencia.

El artículo 223bis establece casos en los que se podrá ejercer la caución de no ofender, como aquellos casos en los que se trate de amenazas que podrían ocasionar repercusiones leves o evitables; si se realizan por medio de emblemas o señas, jeroglíficos o frases de doble sentido, o si tienen por condición que el amenazado no ejecute un hecho ilícito.

El legislador de la 4T destacó que se debe considerar que no es necesario que se ejecute el daño que el infractor anuncia a la víctima, sino que basta con afectar el ánimo de ésta, impidiéndole la tranquilidad y libertad de acción necesarias, para que se esté en presencia de este delito.

“En el Grupo Parlamentario de Morena, velamos por contar con un marco legal sólido y robusto que cumpla con la finalidad de garantizar la seguridad de la población mexiquense ante aquellas situaciones que a diario le aquejan, afectando así su libertad y seguridad”, afirmó Sibaja.