***El gobierno del Estado de México dejó de invertir para abrir espacios a la Educación Pública en su nivel de licenciatura, propiciando que la educación en instituciones privadas creciera: Ariel Juárez Rodríguez
***La iniciativa propone que no se podrá retrasar o condicionar la entrega o expedición de certificados, constancias, diplomas, títulos o grados académicos que se sujeten a la permanencia de los educandos en la institución Educativa
***Se busca que los cobros por concepto de expedición de certificados, constancias, diplomas, títulos o grados académicos no excedan los derechos establecidos en el Código Financiero del Estado de México
Valle de México, a 12 de septiembre de 2023.- A fin de garantizar a todo aquel estudiante que culmine sus estudios profesionales que los costos por la expedición de títulos académicos no sean excesivos y se disminuya su tiempo de entrega, el diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez presentó una iniciativa, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, para reformar diversos artículos de la Ley de Educación del Estado de México.
El legislador afirmó que “la Educación Superior en el Estado de México se ha visto mermada y a los pies de los intereses de particulares, es decir, el gobierno del estado dejó de invertir para abrir espacios a la Educación Pública en su nivel de licenciatura propiciando que la educación en instituciones privadas creciera bajo el argumento que era para brindar opciones educativas y de ingreso a los mexiquenses”.
Comentó que esto ocasionó que dichas instituciones “tuvieran una población cautiva y sujeta a caprichos e intereses netamente monetarios, con trámites lentos en la expedición de títulos académicos induciéndolos a tomar una especialidad o maestría para poderse titular”.
Así, una de las estrategias por las que han optado algunas Universidades Privadas de Educación Superior es obstaculizar la entrega o expedición de certificados, constancias, diplomas, títulos o grados académicos (contrario al egreso oportuno), para que el alumno curse de manera obligatoria una maestría o especialidad (doble titulación), cuyo supuesto beneficio sea que los egresados incrementen las oportunidades de acceso y competitividad ante el desarrollo laboral.
Particularmente, los estudiantes que atraviesan por esta situación se ven afectados en sus intereses personales, profesionales y económicos, ya que el hecho que se les retenga su título profesional con la determinante de cursar una modalidad de doble titulación repercute en que el estudiante pierda oportunidades o permanencia laboral a falta de su título profesional, además de que esto conlleva a la deserción educativa por la falta de recursos económicos que permitan solventar el gasto educativo que conlleva.
El legislador morenista refirió que los costos sólo para la expedición del título profesional van de los 15 mil pesos hasta poco más de 40 mil pesos, cuando en función de lo que establece el artículo 3ro. Constitucional no llega ni siquiera a un cobro de más de 500 pesos.
Puso como ejemplo que esos casos se registran en Universidades como la Universidad de Cuautitlán Izcalli (UCI); la Universidad Interamericana (UI); la Universidad Insurgentes (UIN); Universidad de Estudios Tecnológicos y Avanzados para la Comunidad (ETAC); la Universidad Tecnológica Latinoamericana (UTEL), entre otras.
Por ello, destacó que el objetivo de la presente reforma busca garantizar que los jóvenes recién egresados, una vez que concluyeron sus estudios, puedan titularse de manera inmediata “sin pagar un solo peso por la titulación”.
Así, la iniciativa propone que no se podrá retrasar o condicionar la entrega o expedición de certificados, constancias, diplomas, títulos o grados académicos que se sujeten a la permanencia de los educandos en la institución Educativa para obtener un beneficio propio, que afecte sus intereses y necesidades. La entrega de los documentos mencionados en el párrafo anterior, en ningún caso excederá de un plazo de tres meses.
Y que el cobro por concepto de expedición de certificados, constancias, diplomas, títulos o grados académicos que se efectúen en las instituciones privadas de educación superior en ningún caso excederá de los derechos establecidos en el Código Financiero del Estado de México, principalmente.
La iniciativa del Grupo Parlamentario de Morena fue turnada a comisiones para su estudio y análisis.
