***La impartición de justicia en el Estado de México es una es una asignatura pendiente: Ariel Juárez Rodríguez (diputado Morena)
***El objetivo es garantizar una defensa efectiva de los derechos de las personas que se encuentran en un proceso penal, o que ya tienen una sentencia
Valle de México, a 13 de septiembre de 2022. El diputado local de Morena, Ariel Juárez Rodríguez, afirmó que la impartición de justicia en el estado de México es una es una asignatura pendiente, toda vez que el actuar de autoridades policiales, con acciones de abusos y violaciones a los derechos humanos, ha generado ante la ciudadanía una percepción de mayor inseguridad; por ello, aseguró, le corresponde a Poder Legislativo armonizar el marco legal que permita a la Defensoría Pública formar parte del Poder Judicial del Estado de México.
Refirió que la iniciativa del Magistrado Ricardo Sodi sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, que fue ya aprobada, queda a tono con su propuesta de que la Defensoría Pública “hoy forma parte de la estructura del Poder Ejecutivo y si recordamos quiénes son los que se encargan de procesar a los presuntos inculpados, pues es precisamente esta área, por lo que no pueden ser juez y parte”.
La iniciativa con proyecto de Decreto, reforma el artículo 38 Ter, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; adiciona un cuarto párrafo al artículo 53, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, se deroga la fracción IX del artículo 2, se modifican los artículos 3, 12, fracciones III, IX, X, XIII y XXIII del artículo 14, se agrega un párrafo segundo al artículo 13, de la Ley de Defensoría Pública del Estado de México, para establecer que el Instituto de la Defensoría Pública forme parte del Consejo de la Judicatura.
El diputado Ariel Juárez apuntó que derivado del intercambio de opiniones con el magistrado Ricardo Sodi Cuéllar se logró incluir en la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobada en el pleno, que la consulta que se realice a los pueblos originarios se incorpore también el tema de la Defensoría Pública, misma que brindará elementos para la dictaminación de la presente iniciativa y generar un dictamen conjunto.
Aclaró que la reforma propuesta no sólo modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, también incorpora las adecuaciones correspondientes a la Ley Orgánica de la Administración Pública y a la Ley de la Defensoría Pública con el objetivo de abarcar el espectro completo y marco de actuación de la Defensoría Pública.
“Debemos contar con una Defensoría Pública más capacitada, mejor pagada y más profesional, pero sobre todo con los beneficios que por el servicio que prestan a la sociedad en los ámbitos de su competencia, sean también bien retribuidos y reconocidos, y que con el apoyo del Poder Judicial se creen los mecanismos que permitan un servicio civil de carrera”, dijo.
En tribuna, el diputado expresó: “hemos sido conocedores de casos en los cuales los ministerios públicos han creado carpetas falsas para de esta forma la autoridad policial o investigadora justifique sus actividades de una política policial y de seguridad fallida, culpando en muchas ocasiones a personas inocentes”.
La situación se hace más grave, refirió, cuando personas que han cometido ilícito alguno son ingresadas a los centros de prevención y readaptación social a cumplir una condena o en su defecto les imponen una prisión preventiva oficiosa, la cual en las estadísticas nos indican el abuso de esta figura jurídica, toda vez que pueden pasar años y nunca obtener una sentencia a falta de un defensor público o abogado que dé seguimiento a sus casos.
El también presidente de la Comisión Especial del Sistema Penitenciario, destacó que la iniciativa busca regresar el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, al Poder Judicial, con el objetivo de garantizar una defensa efectiva de los derechos de las personas que se encuentran en un proceso penal, o que ya tienen una sentencia, como legisladores debemos responder y atender las demandas de los mexiquenses.
En su exposición de motivos, el diputado de Morena señaló que, la información obtenida por el Sistema de Acceso a la Información Mexiquense, al mes de julio de 2022, existen 11 mil 743 personas privadas de la libertad con menos de 2 años y sin sentencia y 693 con más de 2 años en prisión preventiva sin sentencia, la situación se complica, porque al parecer las autoridades son tan efectivas que han detenido a 11 mil 510 personas que han cometido delitos de alto impacto y por lo cual les han dictado prisión preventiva oficiosa esto está muy alejado de la realidad.
El incremento en los índices delictivos va en aumento la presente iniciativa busca garantizar una defensa justa para aquellas personas que no cuentan con los recursos económicos para contratar un abogado aunque algunos pensarán que sí existe la Defensoría Pública, existe pero forma parte de la estructura del poder ejecutivo, secretaría de Justicia y Derechos Humanos el mismo que hace labores de investigación y detención de aquellas personas que han cometido algún delito, ministerios públicos, entre otros.
Por lo tanto, dijo, no se puede garantizar una defensa adecuada si todos forman parte del mismo sistema o estructura gubernamental, se puede trabajar y buscar garantizar una defensa adecuada mediante la profesionalización de la Defensoría Pública buscando mecanismos que permitan una capacitación constante y creando una carrera institucional así como con los beneficios que esto conlleva por la prestación de sus servicios como defensores púb