***El PRI reconoció la reducción de ilícitos de alto impacto y llamó a formar un frente histórico en favor de las víctimas del delito

Toluca, Méx., a 14 de octubre.- La corrupción en los ministerios públicos, la impunidad en la investigación de los delitos y la inseguridad, así como los feminicidios, secuestros, extorsión, trata de personas, violación y violencia de género son algunos de los principales puntos en los que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha quedado a deber a  los mexiquenses.

En todo lo anterior coincidieron las bancadas de Morena, PAN, PRD, PT, PVEM, MC y NA, mientras que el PRI resaltó los mecanismos existentes para reducir la incidencia de delitos.

Así lo expresaron al fiscal general Alejandro Jaime Gómez Sánchez durante su comparecencia como parte del análisis del Cuarto Informe del gobernador Alfredo del Mazo Maza, en el que el legislador Gerardo Ulloa Pérez (Morena) invitó al fiscal a ponerse en el lugar de quienes reclaman justicia, a revindicar su gestión para ofrecer buenos resultados y a compartir cuál es su compromiso para acabar con la corrupción; además solicitó que no se obstruya el acceso a carpetas de investigación. 

La diputada María del Carmen de la Rosa Mendoza (Morena) lamentó la inseguridad en la entidad para las mujeres, con primeros lugares en feminicidios y transfeminicidios, por lo que preguntó sobre el número de carpetas judicializadas, la corrupción y atención en los ministerios públicos. También recordó las recomendaciones a la institución por Amnistía Internacional en materia de derechos humanos, el incremento en desapariciones de menores de edad y agresiones a periodistas.

Del PRI, el diputado Mario Santana Carbajal y la legisladora Evelyn Osornio Jiménez preguntaron por los mecanismos que permitieron disminuir los delitos de alto impacto, por los medios alternativos de denuncia implementados durante la contingencia sanitaria, así como por la manera en la que se ha garantizado la capacitación al personal de la institución.

Los legisladores llamaron a hacer un frente histórico en favor de las víctimas del delito. 

Por su lado, los legisladores Francisco Brian Rojas Cano y Alonso Adrián Juárez Jiménez, del PAN, coincidieron en que 60 por ciento de los delitos no se denuncia por falta de confianza en la procuración de justicia y 96% de los delitos denunciados no son castigados con sentencias condenatorias. Lamentaron la doble victimización de quienes denuncian en los ministerios públicos y puntualizaron que los delitos, en especial los feminicidios, no disminuyen; además recordaron las observaciones de Amnistía Internacional sobre este delito y solicitaron cifras concretas de sentencias condenatorias. 

La coordinadora parlamentaria del PVEM, la diputada María Luisa Mendoza Mondragón, lamentó los señalamientos de Amnistía Internacional, cuestionó los resultados de la institución y el número de feminicidas detenidos, y solicitó ampliar la atención en Agencias Especializadas en Violencia Familiar, Sexual y de Género; en tanto que su compañera de bancada, la legisladora Claudia Morales Robledo, reprochó la efectividad del 78 por ciento del cumplimiento de las órdenes de aprehensión. 

En respuesta a los cuestionamientos, el fiscal general Alejandro Jaime Gómez refirió que por las dimensiones y cantidad de población la entidad tiene el mayor número de feminicidios en el país, pero que se han empezado a contener, comparados con el año anterior (dos casos menos), que disminuyeron en 21 por ciento los homicidios dolosos contra mujeres y que se iniciaron 110 carpetas de investigación por feminicidio (69 carpetas judicializadas), además de condenas para 49 personas.