***El legislador Faustino de la Cruz pidió a esa dependencia dar seguimiento a las denuncias e investigaciones, así como al actual de ministerios públicos y jueces; afectado denuncia vicios e irregularidades y exige que haya mayor atención

Tultitlán, Méx., a 19 de agosto de 2024.- El diputado Faustino de la Cruz Pérez reiteró su llamado a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México a revisar los casos de despojos e invasiones que prevalecen en la entidad, dar seguimiento a las denuncias, investigaciones y al actuar de Ministerios Públicos y Jueces, para detener el perjuicio en contra de innumerables afectados.

Ejemplo de ello, el caso de Jorge González Martínez quien, a casi 4 años de un proceso viciado, plagado de irregularidades por la dispuesta de un inmueble ubicado en Eje 3 #78, esquina Matamoros, colonia San Pablo de las Salinas que rentó, exige a las autoridades que se dé seguimiento a su caso y que pongan mayor atención a los agentes del ministerio público, e incluso a jueces, a la vez que pidió la intervención de la propia gobernadora Delfina Gómez Álvarez porque este tipo de problemas ya están escalando.

El afectado denunció que, ante la desesperación, por la falta de apoyo de las autoridades y luego de ganar el juicio, sentencia, amparo, revisión de amparo, por una compra-venta falsa y un inquilino que dejó de pagar, esperar nuevamente posesión de su inmueble, el día de ayer su esposa Berenice Ramírez Gómez, se introdujo al inmueble ya vacío, pero regresó la parte acusada, y fueron llevados al ministerio público de Cuautitlán Izcalli.

Ante esta situación el legislador de Moren, expresó que, de acuerdo con la versión del afectado, los demandados presentan documentos apócrifos y pese a que es un delito no hay respuesta, las autoridades parece que están inmovilizadas.

Aunado a ello, subrayó el representante popular, persisten muchos casos de despojos, deben intervenir las autoridades, porque estos casos ya están escalando, y reiteró que la FGJEM debe poner especial atención ante los casos que se encuentran sin resolver, hay mucha gente afectada por un grupo de vivales.

Ante estos hechos, Jorge González evidenció que en las instalaciones del ministerio público, con cinismo y sin discreción alguna, se notó que hubo dinero de por medio, las autoridades defendieron a los acusados; su esposa aun siendo la afectada la dejaron en las galeras desde ayer por la noche.

Considera demandar al ministerio público y al juez de Control, aunque es mucho su desaliento piensa acudir a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, porque observó, tras el traslado de su esposa a las galeras, que hubo compra de voluntades y esta situación la ha enfrentado a lo largo de casi 4 años. Y no descarta hacerlo también ante Derechos Humanos por abusos.

Acusó que, pese a que ya está judicializada la compra-venta, se sigue retrasando el caso porque a las audiencias nunca llega el acusado, lo que ya es conocimiento del ministerio público e incluso del juez.

Al ser escuchado por integrantes de la bancada de Morena, el ofendido explicó que esta disputa, aparece en medio del proceso de demanda de acción reivindicatoria una supuesta compra-venta con documentos falsos y de acuerdo a la sentencia definitiva del expediente 673/2020, el 9 de mayo de 2023, hace un año y tres meses, el Distrito Judicial de Cuautitlán México, determinó el pleno dominio en el juicio que promovió en contra de María Alejandra González Valeriano, Esteban García Hernández y Javier Varela Corona, la entrega del inmueble y la desocupación en un plazo de ocho días.

También, el legislador enfatizó que las autoridades municipales y la Fiscalía mexiquense deben realizar las investigaciones necesarias ante la compra-venta de la propiedad de manera fraudulenta y se deben investigar los señalamientos contra servidores públicos, por posibles prácticas de corrupción e incurrir en diversas irregularidades.

Jorge González narró que, ante la orden de lanzamiento, Pedro Vicente Reyes Durán interpuso un juicio de amparo 944/2023-VII, que la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de México, Luz María Ortega Tlapa, resolvió improcedente la acción constitucional. Pero interpuso un recurso de revisión en marzo de 2024, en el tercer tribunal en Toluca que confirmó dicha resolución y sobreseimiento del juicio de amparo.