Por Jesús Delgado Guerrero

El Congreso federal aprobó una de esa reformas que, es de esperarse, rinda frutos en algunos años para atenuar uno de los más grandes males que padece el país: el sobrepeso y la obesidad infantil, además de la desnutrición.

Los legisladores modificaron la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con reformas que prohiben la venta de refrescos y alimentos chatarra al interior de las escuelas de educación básica, tanto públicas como privadas, en todo el país.

Los diputados votaron por unanimidad el dictamen; la prohibición incluye la distribución gratuita, venta y suministro de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico a menores de edad.

Y va también para los dueños de las maquinitas automáticas, expendedoras de estos productos al interior de los centros escolares, quienes tendrán que retirar sus aparatos.

Esto casi no se dice, pero muchos de los fallecimientos por Covid-19 están estrechamente ligados a problemas de sobrepeso y obesidad. El bicho sólo ha sido, en muchos casos, el letal empujón de males provocados por esas enfermedades, incluida la diabetes.

Convengamos en que el menú familiar tradicional fue desplazado por productos chatarra que, por comodidad, el intenso bombardeo publicitario u otras causas, fueron favorecidos en muchos hogares.

Desde hace tiempo, dos décadas al menos, estamos pagando un precio muy alto por ello, lamentablemente no sólo en cuanto a número de víctimas mortales (la diabetes es la principal causa de muerte en el país), sino además en cuantiosos recursos por atender a millones de personas con los mencionados padecimientos u otros derivados de malos hábitos alimenticios. 

Bien por los diputados que votaron mayoritariamente el dictamen y ahora habrá que esperar la reacción de siempre de los que en esta ocasión resultarán afectados en sus negocios. Pero ya era tiempo de ocuparse de este problema.

La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI-Edomex), afirmó que de lo que se trata es de prevenir y combatir la obesidad infantil y fomentar en la niñez hábitos alimenticios saludables.

Herrera Anzaldo hizo bien en mencionar que el dictamen es resultado de un gran consenso al que se dio continuidad, traspasó una legislatura y surgió de dos propuestas de Verónica Juárez y Claudia Domínguez.

“Estoy segura que este dictamen será un parteaguas respecto de la venta de alimentos al interior de las escuelas y sus frutos se van a reflejar en las próximas generaciones. Sin embargo, debemos admitir que está muy lejos de ser una solución integral para combatir la desnutrición crónica y aguda”,  dijo la legisladora.

En efecto, falta ver, por ejemplo, la contribución de las familias, que  tendrían que asumir responsablemente el asunto, porque buen parte de que esto funcione está en ellas.

Hasta donde se puede percibir, no se trata de acabar con estos negocios, sino de modificar los hábitos alimenticios y recuperar, hasta donde sea posible, el menú familiar convencional. La alimentación real nada tiene que ver con lo otro y eso ha quedado más que claro durante las últimas décadas.