Por Jesús Delgado Guerrero

Quienes de alguna manera asimilaron desde el principio el golpazo que significaron los casi 36 millones de votos para Claudia Sheinbaum el pasado 2 de junio, fueron los integrantes del “1 por ciento”, esa reducida lista de acaudalados que concentra la riqueza del país y otros especuladores.

En otros frentes hubo y resistencias, donde no faltaron expresiones irracionales de supuestos “intelectuales” para poner un clavo más en su ataúd de desprestigio, resumiendo que todo se trató de un mercadeo de votos, con los pobres como clientes principales, lo que ha derivado en una mofa descomunal pues estudios serios han refutado tal simpleza.

Más allá de estos exabruptos con abierto tufo a intoxicación ideológica y a franca animadversión, están las posiciones encontradas entre el poder público, constitucionalmente electo, y el poder económico concentrado y algunas ramificaciones medianas que crearon su “estado” paralelo durante el “neoliberato”.

Vieja lucha desde antes del Ogro Filantrópico, de Octavio Paz, que comenzó a derrengar y a dar sus últimos estertores al inicio del gobierno de Miguel de la Madrid luego de demostrarse que, en efecto, en asuntos de economía el gobierno no sólo resultó un mal empresario sino también un peor patrón.

Dados a los extremos, del Ogro Filantrópico se dio paso al Ogro Salvaje, ese cuento de hadas de la economía donde la supuesta “meritocracia”, la innovación, el esfuerzo, la visión, la creatividad, la competitividad, la libre competencia y un largo bla, bla, bla, bla, se abrieron camino a golpe de privatizaciones de los bienes nacionales y leyes contra los trabajadores (¿remember la “flexibilización laboral”), crendo entes  públicos para nulificar la actuación del gobierno pero apelando a él a la hora de los timos y fraudes (Fobaproas, rescates carreteros, etc.).

La “meritocracia” ha servido para que hasta los beneficiarios de políticos corruptos, con todo cinismo, se ufanen de ella (¿de dónde 50 millones de dólares para comprar una televisora, por ejemplo? Y para colmo, no pagarlos).

El hecho es que durante buena parte del siglo pasado y principios del actual (seis sexenios, para ser exactos), el poder político fue reducido ni siquiera a simple vigilante trasnochado, sino a un domesticado empleado del poder económico, incluso en sus momentos “estelares” con telebancadas legislativas, fracciones parlamentarias financieras, bancadas mineras, etc., todo a favor de 30 familias (esas que conforman el “1 por ciento”).

Hay muchos ejemplos, pero si Carlos Hank González fue y es emblema del “minotauro” público (mitad político-mitad empresario o de cómo la bestia pude pervertir el poder político para acumular fortunas al amparo de éste -la socióloga Alicia Ziccardi, de la UNAM, da cuenta de ello en “Las obras públicas de la Ciudad de México: política urbana e industria de la construcción 1976-1982”, 1991-), una numerosa recua de figuras resumen la domesticidad del poder público frente al poder económico para dar pie a capítulos del tristemente célebre “sillón giratorio”: hoy son presidentes del país y mañana empleados de multinacionales o locales, curiosamente favorecidas por ese ex mandatario o ex funcionario.

Así, también alegremente, con toda “normalidad” se ha podido pasar de la responsabilidad hacendaria a la dirección ejecutiva de una compañía telefónica, o de la vigilancia de los especuladores de la Bolsa de Valores a la dirección de ésta, y el culto a la personalidad pasó del nombre de calles y avenidas de caciques políticos a “meritocráticos” emprendedores (presas, termoeléctricas, etc).

Para no hacer más largo todo, la realidad es que no ha habido una real separación entre el poder político y el poder económico, y tanto el Ogro Filantrópico como su presunto némesis, el Ogro Salvaje, han moldeado las leyes y las instituciones para favorecer a sus epígonos, ya integrantes de la clase política o de las económica y financiera.

Esta situación, contra lo que se pudiera pensar, prevalece, por eso los brincos del “nerviosismo” de los especuladores y casabolseros, por eso los amagos, por eso los chantajes de financieros para que se deje todo como está.

Algunos capítulos para sacudirse la etiqueta de sometimiento del gobierno al poder económico se dieron en el sexenio que está por terminar (la eliminación de la facultad presidencial para exentar o hacer rebajas fiscales a discreción a los grandes contribuyentes, por ejemplo, o la cancelación del aeropuerto en Texcoco), aunque no se profundizó.

Pero es tiempo ya de que en verdad e cuente con una real separación de un poder constitucional y ese otro poder, fáctico y todo lo se quiera, pero que como parte de un todo también debe estar sujeto a reglas y contrapesos, como el poder público mismo.

No se puede seguir diseñando una historia de simulación. Salta a simple vista pero el fenómeno se ha documentado en diversos estudios: si hay concentración de la riqueza y un “estado paralelo” al constitucional, es por la complicidad entre el poder público y el poder económico. Uno y otro se han retroalimentado, generando episodios grotescos y hasta pintorescos de corrupción y agandalle, con nefandos resultados de desigualdad y de pobreza. 

Eso debe terminar. Son momentos de definiciones y los límites deben clarificarse y establecerse con firmeza, sin atajos, orientándose por la voluntad ciudadana expresada en las urnas. En otras palabras, México no puede seguir siendo un país de “ogros”.