Por Jesús Delgado Guerrero

Durante su campaña, Delfina Gómez Álvarez, próxima gobernadora del Estado de México refirió, cuantas veces pudo, que no había que desaprovechar la oportunidad para dejar atrás casi un siglo de corrupción y oscuridad. “Vamos a liberar al Estado de Mexico de 100 años de abandono y corrupción”, repitió, repitió y repitió (repetidamente) la abanderada de la autodenominada Cuarta Transformación (cualquier cosa que esto signifique).

Mordor a la vista, sólo hacía falta destruir el “malvado anillo” mediante el voto ciudadano. Y este cumplió.

Por supuesto, tanto tiempo en el poder, con el dominio de más de medio siglo de un clan familiar que con José Isidro Fabela Alfaro normalizó e hizo dogma el nepotismo (primero con el sobrino Alfredo del Mazo Velez, y de ahí pa´l real, hasta que se intensificó en las últimas dos décadas con tres de cuatro gobernadores emparentados), seguramente no habrá quien presente ninguna iniciativa para conformar una “Comisión de la Verdad” (algo así como llevar al paredón de la historia a sus personajes) pues muchos de los protagonistas ya están muertos y no hay peor pantalla política que esos insulsos juicios pos-mortem.

Más pa´trás, abarcando casi la centuria: ¿a quien le interesaría, por ejemplo, recrear en los tribunales las andanzas, por Toluca y Zumpango (década de los años 20 del Siglo XX) del cacique potosino Gonzalo N. Santos, “El Alazán Tostado”, y sus huestes asesino-político-electorales, que hicieron sonar las “tartamudas” Thompson para apoyar al Bloque Socialista al que pertenecían el gobernador mexiquense Abundio Gómez,  Filiberto Gómez y otros, respaldando así la campaña al gobierno estatal de Carlos Riva Palacio contra sus opositores?

Según cuenta El Alazán en sus “Memorias”, esas eran campañas electorales “a balazo limpio, pistola, rifle, ametralladoras, puñales”, todas sangrientas, a las que después de “levantar muertos, heridos, golpeados, etc.”, seguían “suculentos banquetes”, afirmó N. Santos.

Vaya, el asesinato del gobernador Alfredo Zárate Albarrán (marzo 1942) por un supuesto pleito al calor de bebidas espirituosas no serviría para otra cosa que para un torneillo entre historiadores, no obstante que fue clave en la vida pública estatal pues ese crimen facilitó el encumbramiento del clan Atlacomulco con la posterior designación de Isidro Fabela como gobernador.

Tal vez el monumento a la corrupción que recibe a los visitantes a la entrada de Toluca -o los despide, según sea el caso-, en el Paseo Tollocan (sí, el de Carlos Hank González, el de las auto-concesiones de obras públicas cuando fue regente de la CDMX, como documentó la investigadora Alicia Ziccardi (UNAM) en “Las obras públicas de la Ciudad de México: política urbana e industria de la construcción 1976-1982”, y muchas otras travesuras al amparo del poder público) resulte con algo de atractivo para una iniciativa que inhiba apologías corruptas; sería simbólico, sí, pues como suele decirse, “lo caído, caído” y esto resiste cualquier Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

Pero hay otros casos, recientes, que tendrían que ocupar los esfuerzos del próximo gobierno para que la bandera principal de campaña, y también de la Cuarta Transformación, no quede en un mero estribillo político-electoral, cantaleta de propaganda.

No se trataría de iniciar una cacería contra nadie en específico, sino más bien de atender hechos que, aunque sometidos a la autocensura o la complicidad, han prevalecido como estampas de una vida pública poco limpia, nada edificante.

Entonces, a la luz de episodios que se han estado cocinando durante años pero que no pierden su frescura, cabría preguntar qué va a hacer el próximo gobierno en los casos del Viaducto Bicentenario, el Circuito Exterior Mexiquense y la firma Aleatica -antes OHL-, donde de las evidencias emana un penetrante olor a azufre. Varios representantes de Morena, incluidos ciudadanos como el abogado Paulo Díez Gargari (a riesgo de pleitos judiciales, su libertad y hasta de su calavera), han denunciado y documentado la situación. (Incluso está ya en circulación un libro del periodista Hernán Gómez que, además de exhibir a traidores al Presidente y a la 4T, también señala irregularidades, específicamente en el caso del Viaducto Bicentenario -en Monitor Financiero se hace referencia en la nota correspondiente-).

También, cómo va a actuar en el asunto del Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México (Cusaem), otro pestilente capítulo que ha permanecido intocado o entre tibias denuncias con tufo a chantaje; igual cabe con las devastadas y saqueadas finanzas del ISSEMyM y las insultantes pensiones de más de 500 mil pesos a un grupo de “privilegiados”.

En la misma forma, qué se tiene para no dejar impunes a los involucrados en la “Estafa Maestra”, y también para la sangría que representan los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) en favor de privados (la deuda es de casi 10 mil millones de pesos).

Hay sin duda muchos más asuntos (“broncas”) donde apenas se levanta la alfombra y sale mucho polvo y hasta lodo, pero los referidos se han convertido en emblemas de la corrupción e impunidad mexiquense, con la evidente mezcla de actores del poder público y del poder económico.

En fin, ya se verá de qué está hecho el próximo gobierno en el Estado de México, o si de plano habrá material para otro texto con traiciones similares en palacio de gobierno (en otro distinto, claro, del que refiere en su libro Gómez Bruera).