Por Jesús Delgado Guerrero

El gobierno del Estado de México tendrá una participación mínima, casi testimonial, en las obras importantes de conectividad con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Pero el costo que esto significará se traducirá, primero, en beneficios casi a perpetuidad para particulares y, segundo, en el pago de una deuda que, de aprobarse, será también casi a perpetuidad pero en este caso con cargo a los ciudadanos. 

Por un lado, en efecto, la única obra de conectividad que tendrán bajo su esfera de influencia las autoridades mexiquenses está detallada en la octava modificación al título de concesión otorgada por el gobierno del Estado de México a la firma Aleática (ex OHL) donde, a cambio, esa empresa operará el Circuito Exterior Mexiquense (CEM) hasta el año 2063 (60 años no son nada, diría Fidel Velázquez).

El plazo referido, hay que decir, podría prolongarse hasta la eternidad mediante “modificaciones adicionales que, en su caso, resulten necesarias al título de concesión para mantener el necesario equilibrio financiero del proyecto”.

Se trata, pues, del “Enlace con el AIFA”, un “entronque a desnivel que permita el acceso y salida hacia y desde el AIFA, para conectarse principalmente mediante dos viaductos (uno de ellos y de 680 a 750 m el otro) con el Circuito Exterior Mexiquense (CEM), en las direcciones Lago de Guadalupe (proveniente de la autopista Chamapa Lechería) -AIFA, y en sentido contrario del AIFA -Lago de Guadalupe, con un ramal hacia Jorobas (autopista a Querétaro) (el ·”Enlace con el AIFA)”.

Y, además, “obra consistente en la construcción de un viaducto elevado de 2.2 km de longitud y 4 carriles, incluyendo transfer y 2 gasa de entrada y salida para conectar el flujo proveniente de Toluca y salida hacia Tultepec. Obras inducidas como elevación de líneas de transmisión (el “Entronque Viaducto)”.

A reserva de entrar a detalle en el documento en posterior entrega pues esta última obra forma parte de la continuación del Viaducto Bicentenario pero se incluyó en el paquete para casi perpetuar el título de concesión del Circuito Exterior Mexiquense (ambas vialidades operadas por Aleática), lo destacable es que fuera de este proyecto, el gobierno estatal no tiene  mayor participación en otras obras de conectividad con el IAFA, como por ejemplo la ampliación de la autopista México-Pachuca ni del Tren Suburbano, a cargo del gobierno federal.

De hecho, la firma concesionaria informó al público y a eventuales inversionistas (11 de junio 2021, luego de la octava modificación al título de concesión del Circuito Exterior Mexiquense), que “los trabajos de construcción del Enlace con el AIFA representarán una inversión estimada de 3 mil 900 millones de pesos más los impuestos aplicables” que, obvio, saldrán de las ganancias de la empresa o de las carteras de los inversionistas. (Aunque multados ya dos veces por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores -CNBV- por falsear información, los concesionarios difundieron que “llevarán a cabo los trabajos de construcción del Enlace con el AIFA de conformidad con lo establecido en el Título de Concesión”).

Pero el gobernador mexiquense Alfredo del Mazo y sus aliados insisten en solicitar la autorización del Congreso local para contratar deuda por 9 mil 500 y así, dicen, poder sufragar “obras federales” de conectividad al AIFA, entre ellas la extensión de las líneas IV y I del Mexibús que, en conjunto, no van más allá de los 700 millones de pesos.

También, otra obra de supuesta conectividad es el Sistema de Transporte Masivo Chalco-Santa Martha, esta sí de fuerte inversión (más de 5 mil 245 millones de pesos). Pero aquí resulta que el proyecto nada o poco tiene que ver con el AIFA  porque está al otro extremo de la entidad.

(Lógica geográfico-maletera: del mismo modo que es difícil imaginar a futuros viajeros cargando maletas en el Mexibús antes de abordar los aviones -aunque es probable que equipen los vehículos igual que los trenes del Suburbano-, resulta peor el caso Chalco-Santa Martha pues está más cerca del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, en la Ciudad de México, que de Tecámac. De modo que, quizás sólo por motivos de estreno o de espíritu aventurero, algunos turistas de la zona oriente de la entidad cargarán equipajes, harán una escala técnica para recrearse con la vista del Popo y el Izta desde los paraderos del Metro en Pantitlán y luego transbordarán las veces que sean necesarias hasta llegar al AIFA).

Pese al trompeteo propagandístico, con poses exageradas incluso por parte de algunos defensores de contratar más deuda, la participación del gobierno del Estado en el AIFA se reduce a una sola obra de conectividad que, además, fue concesionada y, se supone, será financiada por una empresa, no con recursos públicos.

Tal vez por eso el rechazo para autorizar más deuda que, sobra decir, se ha constituido en un elemento pernicioso para la inversión pública, impactando el gasto en obras y programas de beneficio social. 

De esto sólo hay que remarcar que es un fenómeno que las agencias calificadoras no miden en sus notas y que, inexplicablemente, está fuera de los indicadores del sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda porque, total, para las agencias el gobierno mexiquense es un cliente VIP, puede pagar -con recurso federales, claro-, mientras que para la autoridad hacendaria no es difícil retener fondos a la entidad para que cumpla con sus compromisos crediticios. Así ha sucedido.