Por Jesús Delgado Guerrero

A propósito del “decretazo” del presidente Andrés Manuel López Obrador, mediante el cual se declaró la realización de proyectos y obras de su gobierno como asuntos de interés público y de seguridad nacional, apresurando de paso las dependencias a entregar sin más las autorizaciones correspondientes, el gobierno del Estado de México, encabezado por Alfredo del Mazo, envió al Congreso local su propuesta de Ley de Ingresos y Egreso para el ejercicio fiscal del año próximo.

Una serie de “toritos” y otros ganchos acompañan la iniciativa, entre ellas contratar más deuda para la entidad por unos 9 mil 500 millones de pesos y, adicionalmente, una solicitud para que los municipios, que están incluso tratando de vender hasta las escobas para enfrentar a proveedores, puedan endeudarse por 5 mil 500 millones (una cantidad similar a la que adeudan actualmente y que vienen arrastrando de hace varios años).

De paso, el gobierno estatal quieren clavar el diente hacendario en otros frentes (el 5 por ciento de impuesto a profesionistas independientes, por ejemplo) para ver si logra hacerse de más recursos porque lo que recauda simplemente no le permite siquiera pagar la nómina, como se ha Dao cuenta en Monitor Financiero. 

Según las intenciones, de los 9 mil 500 millones de pesos cerca de 6 mil 500 millones de pesos se destinarán a las obras de conectividad que de manera conjunta realizan el Estado de México y el gobierno federal para el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en Tecámac que, como se sabe, es una de las obras prioritarias para el Presidente, junto con el Tren Maya y la refinería Olmeca, en Tabasco, y cuya inauguración está prevista para marzo del próximo año. 

Una de esas obras de conectividad ya se entregó a la firma Aleática (antes OHL, una de las favoritas de los gobiernos mexiquenses involucrada en varios escándalos), la cual opera la autopista Circuito Exterior Mexiquense, cercana al aeropuerto. La ampliación de la concesión de esa vía se traducirá en la explotación por espacios de 60 años (casi de por vida ya que comenzó en el año 2003 y el título se renovó hasta el año 2063)

El Paquete Fiscal de la entidad mexiquense, que será de 326 mil 497 millones de pesos, contempla como parte de deuda obras de transporte masivo de Chalco a Santa Martha, en el oriente del estado, según lo previsto.

Hay que mencionar que en lo que va de la administración de Alfredo del Mazo, de septiembre del 2017 a la fecha, la deuda de largo plazo ha aumentado alrededor de 41.8 por ciento, pasando de 38 mil 277 millones de pesos en septiembre del 2917 a 54 mil 300 millones de pesos en agosto del 2021, esto por la contratación de pasivos por 16 mil millones de pesos y “refinanciamientos de la deuda”, que en la jerga financiera quiere decir alargar el plazo de pago (en este caso hasta el año 2040) pero que en el habla común significa simplemente “darle otra patada al bote” pues es la tercera vez que la deuda pública se “refinancia”.

No sobra decir que parte de esa deuda, unos 6 mil 500 millones de pesos, fue aprobada por la pasada Legislatura, que estuvo dominada por la oposición, específicamente por Morena, partido al que pertenece el Presidente; y aunque con la pasada elección perdió la mayoría absoluta, sus votos son mayoritarios en el actual Congreso local, por lo cual se ve poco probable que frente al decretazo presidencial se opongan a la contratación de créditos por los 9 mil 500 millones de pesos mencionados.

En tales condiciones, la deuda de largo plazo del Estado de México pasará de 38 mil 277 millones a 63 mil 844 millones de pesos, es decir, en cuatro años de administración de Alfredo del Mazo habrá aumentado 66.7 por ciento.

Se trata de una cantidad considerable que sin duda tendrá mayores impactos en el gasto público, como ya lo ha venido teniendo porque, sumada a esa deuda, el gobierno del estado enfrenta otras obligaciones financieras que debe atender (como los más de 1,267 millones de pesos al ISSEMyM), los pasivos de los tenebrosos proyectos de Asociaciones Público Privadas (APP´S) y que, conjuntamente con organismos supuestamente autónomos, suman alrededor de 10 mil 229 millones, según datos de la Secretaría de Hacienda.

Por eso en la Ley de Egreso está presupuestando más de 12 mil millones de pesos para pagar parte de esa y otras deudas.

Sólo como dato del impacto que va a tener el pago de pasivos del gobierno estatal en el gasto, hay que decir, por ejemplo, que la suma para solventar la deuda es superior al gasto proyectado en 2022 en desarrollo social, donde se estima poco más de 11 mil 679 millones de pesos; es dos veces el presupuestado para los poderes Legislativo y Judicial, que en conjunto suman 7 mil millones de pesos; o es cuatro veces más lo que se pretende para el sector de desarrollo agropecuario, con poco más de 3 mil millones de pesos.

Además, el pago de la deuda y las obligaciones financieras significan el 60.08 por ciento del presupuesto en inversión pública (obras locales) previsto en 20 mil 247 millones 297 mil 196 pesos, y hay más comparativos que permitirían dimensionar la situación, pero no se trata de fastidiar a nadie.

Sin embargo, el gobierno mexiquense ha presumido la sostenibilidad de las finanzas públicas mediante notas de agencias calificadoras (que lo que menos comparan son impactos al gasto, sólo ven que el “cliente” pueda recibir los recursos suficientes de la federación para poder pagar), y también por parte del Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda, donde el Estado de México figura entre las cinco entidades con más deudas del país (junto con la Ciudad de México, Nuevo León, Chihuahua y Veracruz, concentran más del 50 por ciento de la deuda Subnacional, estimada en más de 622 mil millones de pesos, según los últimos datos de Hacienda).

Más allá de las notas alcahuetas de las agencias calificadoras y de la propia SHCP, el decretazo presidencial por las obras prioritarias será suficiente para que el Congreso local avale la contratación de más deuda, aunque habrá que ver los detalles porque es ahí donde suele esconderse el diablo (como la concesión a Aleática, por ejemplo).

Será la segunda ocasión en que a los legisladores de Morena les harán “manita de puerco” desde Presidencia para autorizar más deuda al gobierno estatal, y de ello por supuesto están felices priistas, panistas y lo que queda del PRD, amén de los demás partidos.

Queda por por ver lo qué pasará con la petición del gobierno del estado para contratar créditos por 5 mil 500 millones de pesos para los gobiernos municipales, (una especie de “torito político financiero” para tranquilizar conciencias de la mayoría opositora).

La propuesta en sí no es otra cosa que permitir que los ayuntamientos continúen aplicando la clásica y muy sobada “estrategia financiera” mexiquense de “patear el bote” hasta con las uñas, pero ahora entre muchos, no sólo entre pocos.

Se busca con ello dar cierto respiro a gobiernos, especialmente a los más asfixiados financieramente y que, nada más por pura casualidad, serán encabezados por panistas y priistas que, en una especie de “karma”, recibirán las deudas de largo plazo que fueron contratadas por muchos de sus compañeros o ex compañeros de partido (como en Naucalpan, Atizapán y Tlalnepantla, igual Cuautitlán izcalli).

Faltará ver también que harán los legisladores con la solicitud del gobernador para aplicar otros impuestos en la entidad pues “alguien” va a tener que cargar electoralmente con este fardo que, por cierto e igual que en el caso de la deuda, va en contra de los lineamientos de la Cuarta Transformación (aunque desde arriba se incumplan abiertamente, por cierto).