Por Jesús Delgado Guerrero

El gobierno del Estado de México perdió un litigio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el INEGI por el censo población del 2020 en el que, según las autoridades estatales, más de un millón de habitantes se “esfumaron”. Pero no hay casi 18 millones de mexiquenses, sino 16 millones 992 mil 418. Con ello el gobierno pierde unos 4 mil 500 millones de pesos pues Hacienda distribuye los fondos utilizando los conteos poblaciones del INEGI.

Más allá de que el instituto haya hecho mal las cuentas pues hay que recordar que el censo se tuvo que interrumpir por las medidas sanitarias para enfrentar la pandemia del Covid-19 desde abril del 2020, viéndose obligado a levantarlo mediante otras vías (por teléfono e Internet), el gobierno estatal, encabezado por Alfredo del Mazo Maza, también tendrá que revisar sus números ya que es incontestable que el Estado de México es de las principales entidades expulsoras de habitantes hacia Estados Unidos (hay más de 1.2 millones), y no en balde recibe remesas que lo ubican entre los cuatro primero estados en este rubro.

También, hay un flujo poblacional hacia otras entidades debido a los altos índices de violencia e inseguridad, mismo que debe ser analizado y puesto a consideración a la hora de las cuentas, esto antes de hacer un nuevo “oso” en la ventanilla de reclamaciones.

Porque lo lamentable del caso es que fue una impericia del gobierno estatal, no el conteo en sí del INEGI (que puede estar o no equivocado), por el cual no se recibirán esos 4 mil 500 millones de pesos ya que, de acuerdo con el fallo de la SCJN), el gobierno estatal no realizó los procedimientos pertinentes.

“En el proyecto de resolución aprobado, elaborado por el ministro Alberto Pérez, se expuso que las cifras de cualquier estudio del INEGI pueden apelarse mediante los recursos previstos en la Ley del Sistema Nacional de Información y Estadística y Geografía, pero esto no lo llevó a cabo el gobierno del Estado de México”, reportó Monitor Financiero y varios medios más conforme a lo expuesto por la SCJN tras rechazar las controversia.

Se trató de un error con costos presupuestarios, en momentos de intenso jaloneo por el Paquete Fiscal 2022 y la solicitud de deuda por 9 mil 500 de pesos por parte del gobernador Alfredo del Mazo Maza, y también político-jurídicos que deja a un gobierno mal parado ya que después de haber calificado como “un absurdo” el trabajo del INEGI, a la hora del desempeño justiciero, procedió de la peor manera. (Puras fallas, pues.)

Hace bien el gobernador en anunciar que va a insistir para tratar de enderezar lo que él y sus números le aconsejan, pero antes de cualquier lance habría que presentar bien los casos, sustentarlos, pues parece que los adversarios del presupuesto están en casa y no en la de enfrente.

Delfina: ¡Al ladrón, al ladrón!

¿Y qué tal la andanada contra la profesora Delfina Gómez Álvarez por la sanción del INE a Morena por omitir ingresos? El tamaño de la campaña resume el tamaño de la distancia que tiene en las preferencias electorales respecto de sus más próximos seguidores rumbo a la gubernatura del Estado de México (2023), y eso es tanto al exterior como al interior de Morena.

Ya se verá cuánto “afectó” esto a Morena y a la profesora Gómez Álvarez, pero lo curioso del asunto es que la denuncia de la supuesta retención de “diezmos” a trabajadores de Texcoco cuando ella fue alcaldesa, la hicieron dirigentes de un partido (el PAN-Edomex) que en ese momento (2017) se habían caracterizado justo por no enterar al IMSS las retenciones de rigor a los empleados del instituto político, tampoco las retenciones de impuestos de la plantilla laboral a la Secretaría de Hacienda; además, arbitrariamente les habían reducido el sueldo entre 30 y 35 por ciento.

Fue un desfalco de casi 15 millones de pesos (o más) que quedó en la total impunidad. En su momento y como parte de una pretendidas investigaciones, el CEN publicó en sus estrados todos los trastupijes de esos dirigentes, pero éstos siguen figurando en puestos partidistas o como candidatos a puestos de elección popular.

La denuncia panista contra la morenista -y esto se omite en los “análisis y “comentarios”- fue algo así como: !al ladrón, al ladrón!, en la versión más torcida del poeta Joaquín Sabina pues hasta los “chavales” olvidaron que los buenos modales “son esenciales para robar”, dicho esto en el peor sentido.

No pasa inadvertida la arrogancia con la cual actuaron los dirigentes de Morena frente a esa situación, la misma que caracterizó a los alcaldes que fueron derrotados en sus aspiraciones de reelegirse en los comicios locales del año pasado, igual que la que han asumido los principales dirigentes morenistas ante ello (sin la menor autocrítica ni la corrección respectiva).