A la memoria de Sarita Hernández, mi sobrina, con un fuerte abrazo a mis hermanas y hermanos.

Por Jesús Delgado Guerrero

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó su informe de resultados de la Cuenta Pública correspondiente al año 2020, en el cual se refirió a la deuda subnacional, esto es, a los pasivos acumulados por gobiernos estatales y municipales, y sus entes (organismos presuntamente autónomos).

En ese año la deuda alcanzó la cifra de 637 mil 274 millones 600 mil pesos y en el top ten de los de mayores pasivos figuraron la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Chihuahua, Veracruz y Coahuila que, en conjunto y según el ente fiscalizador, concentraron 62.2 por ciento del total.

En el caso de la entidad mexiquense y en términos de manejo “sostenible de deuda”, como gustan decir en la teología neoliberal, desde que Alfredo del Mazo Maza asumió como gobernador a lo único que se han dedicado es a “patear el bote”, eso que en la jerga financiera se conoce técnicamente como “refinanciamiento” (y a seguir pidiendo prestado, con los avales legislativos opositores). 

De eso se trata: de estirar la liga para alargar los plazos de pago, mediando los respectivos intereses pues es sabido que en esto de las “altas finanzas” (y también bajas o de cualquier otro tipo”), no hay almuerzos gratis, menos salarios rosas que no lleven implícito un “interés de retorno” (electoral, principalmente, según los adversarios).

Pero a la ASF le pareció que todos los créditos fueron canalizados a “inversión productiva, aunque colocó al Estado de Mexico en riesgo de afectar la “sostenibilidad de sus finanzas” en el largo plazo (al modo keynesiano: a largo plazo, todos estaremos muertos y que paguen los que vengan) por lo elevado de los pasivos.

Y en el caso de los municipios, resultó que Naucalpan incrementó su deuda en más de 700 millones de pesos debido a créditos de largo plazo (47.5 de crecimiento real en ese año).

Con independencia de los datos de deuda, que por supuesto impactan el gasto en obras y acciones de seguridad, sociales y otras, (lo cual se omite en todos los informes), destacó el hecho de que la ASF detectó, como previamente lo hizo el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México(OSFEM), que los gobiernos estatales y municipales no reportan al Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda los créditos contratados a corto plazo.

Diestro en eso de pedir prestado, el gobierno estatal sí lo hizo: contrató un crédito por más de Un mil 66 millones de pesos el año pasado y lo inscribió en los primeros días del año (para inversión pública productiva, según el registro en el sistema), pero a estas alturas es un secreto a voces que varios gobiernos municipales ya solicitaron créditos bancarios para salir al paso de la situación (nómina, deudas con proveedores, etc.,), esto en tanto reciben los recursos del gasto federalizado.

No deja de ser curioso que mientras están denunciando adeudos heredados de las “administraciones pasadas”, ellos mismos acuden a más deudas en forma casi clandestina (para que el discurso de los pasivos recibidos no se ahogue al estirar la mano en la sucursal bancaria), pero el hecho preocupante es que se están saltando la Ley de Disciplina Fiscal y, peor, apoyados por las fuerzas políticas de oposición respectivas.

Por lo demás, el reporte de la ASF sobre deuda subnacional echa más luz a un problema harto conocido pero simuladamente tratado, y que el ente fiscalizador enumeró: (1) dependencia presupuestaria de las entidades federativas con respecto a las transferencias federales y una limitada recaudación fiscal local; (2) transparencia insuficiente en la revelación de la información financiera ya que no se registran los pasivos  derivados de las obligaciones laborales; 3) discrecionalidad en la ejecución de los recursos públicos obtenidos mediante créditos a corto y largo plazos. 4) deficiencias en la información revelada en la Cuenta Pública local relativa a los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, y 5) déficits presupuestarios y de recursos disponibles”.

De esa manera, es notable que tan pronto se crea una nueva ley (la de Disciplina Fiscal, en 2016) rápido se encuentran los trucos para evadirla, en este caso por parte de la propia autoridad. Algo más tendrán que hacer aquí los entes fiscalizadores ( no sólo “observar”), y los legisladores, síndicos y regidores (no sólo aprobar créditos).

Ello por las acciones escurridizas frente a la norma, pero sobre todo porque esos préstamos generan intereses o, lo que es lo mismo, provocan más mermas a los ya menguados presupuestos, en un círculo vicioso al que no se le ve fin ni buen destino.